Medio millón de extranjeros pueden votar pero no lo saben
La burocracia se lo impide en la práctica
BarcelonaEn Cataluña hay 508.000 personas que, por ley, tienen exactamente el mismo derecho que cualquier vecino a votar en las municipales, pero que el año que viene no podrán hacerlo. El motivo no es político sino burocrático. Así lo ha expuesto el CIEMEN en un nuevo informe, El derecho de voto de las personas inmigradas en Cataluña, coordinado por Gemma Pinyol-Jiménez con el Centro de Estudios Demográficos y el apoyo de la Dirección General de Migraciones y Refugio, a partir de los datos del Censo Anual de Población de 2025. Son 275.249 personas con nacionalidad europea y 233.163 provenientes de países con acuerdo de reciprocidad con el estado español (la mayoría latinoamericanos, como Colombia y Perú).
El marco legal ya les permite votar: la Constitución reserva el sufragio extranjero a los comunitarios y a los ciudadanos de trece países con acuerdo de reciprocidad, firmados mayoritariamente durante la década del 2000. Pero ejercer este derecho exige inscribirse previamente en el censo electoral de extranjeros, y aquí está el obstáculo real. A diferencia del censo comunitario, que es permanente, el de los países con acuerdo se borra y se debe rehacer en cada convocatoria electoral: no basta con inscribirse una vez.
El calendario tampoco ayuda: hay que inscribirse meses antes de saber qué candidaturas se presentarán y cuándo serán exactamente las elecciones, "en un momento en el que nadie habla" del proceso electoral, ha explicado Gemma Pinyol. Cuando la campaña arranca y la gente empieza a fijarse, el plazo de inscripción ya ha vencido. Además, hay un desconocimiento generalizado: muchas personas con derecho de voto no son conscientes de ello, porque no hay ningún mecanismo que se lo comunique de manera activa cuando se empadronan o hacen otros trámites municipales.
¿Quiénes son y dónde están?
Por volumen absoluto, Barcelona concentra el grueso de potenciales votantes extranjeros: 180.263 personas, un 13,9% de su censo. Le siguen L'Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Tarragona y Badalona. Pero el mapa cambia cuando se mira en porcentaje: el peso es más determinante en municipios pequeños con perfiles económicos muy marcados. En Guissona (31,6%), por la industria agroalimentaria y con peso de la población rumana; en Castelló d'Empúries (28%), de perfil turístico y francés; o en Alcarràs (24,6%), ligada a la agricultura intensiva. Cada municipio, remarca el informe, tiene un perfil migratorio diferente y, por tanto, necesitaría estrategias de intervención diferentes.
Hay también municipios donde buena parte de la población adulta extranjera no tiene ninguna posibilidad legal de votar, sencillamente por venir de países sin acuerdo de reciprocidad. Un ejemplo es Salt, con un 34,7% de la población adulta –sobre todo de origen subsahariano y marroquí–. Para cambiarlo habría que firmar nuevos acuerdos bilaterales –una vía política– o, como ya propuso el CIEMEN en 2024, sustituir el criterio de reciprocidad por el de residencia, lo que exigiría una reforma constitucional.
Las propuestas, sin tocar la ley
Para quienes ya tienen el derecho reconocido, el informe propone medidas aplicables con la legislación actual, sin esperar ninguna reforma: inscripción automática vinculada al padrón municipal, silencio administrativo positivo, información activa en las oficinas de padrón y atención ciudadana, y notificaciones de los ayuntamientos antes de cada proceso electoral. El CIEMEN plantea probarlo primero en municipios piloto de tamaño pequeño o mediano, donde la intervención es más fácil de gestionar, antes de una eventual extensión a todo el territorio.