La misión de eliminar un rastro digital "infame": los docentes señalados por el 1-O buscan justicia

BarcelonaCada septiembre desde hace siete años, los nueve profesores del Instituto El Palacio de San Andrés de la Barca que fueron señalados el 1-O reviven el calvario judicial que sufrieron cuando se les acusó de haber vejado a los hijos de guardias civiles. ¿La razón? Si los nuevos alumnos los buscan en Google, los primeros resultados que aparecen son los de la causa judicial contra ellos, que quedó archivada. También el artículo donde El Mundo publicó su nombre, apellidos y fotografías y que terminó en una portada que la entonces líder de Cs, Albert Rivera, utilizó para señalarlos como "maestros separatistas". En noviembre de 2024 se cerró la última carpeta judicial abierta contra los docentes, que lamentan el "desgaste personal" y "sufrimiento enorme" a lo largo de estos años, donde se han sentido solos y sin el apoyo ni de la Generalitat ni del Ayuntamiento. Ahora quieren que se haga justicia en dos flancos: por un lado, borrando la huella digital "infame" de las acusaciones contra ellos en internet y, por otra, logrando una reparación moral del daño que incluya un plan para proteger a los profesores de persecuciones por lo que expresan en las aulas.

Según ha podido saber el ARA, el colectivo de maestros ha trasladado estas reivindicaciones tanto al departamento de Educación como al Parlament. De hecho, el presidente de la cámara, Josep Rull, les invitó a una audiencia a mediados de febrero para expresar su apoyo a la escuela catalana, cuando se archivó el último caso. En ese encuentro se planteó que la Autoridad Catalana de Protección de Datos (ACPD) les ayudara a ejercer el llamado derecho al olvido: un derecho que permite a los ciudadanos cancelar el tratamiento de sus datos una vez ya no son necesarios para la función que, en su momento, justificó su uso. Rull se puso en contacto con la presidenta de la ACPD, Meritxell Borràs —excompañera suya en el Gobierno del 1-O— para allanarles el camino para ejercer ese derecho y, además, hacer constar en las noticias publicadas sobre ellos que la justicia les declaró inocentes. Es el llamado derecho de actualización.

El derecho al olvido se aplica a bases de datos, pero también a los sistemas que utilizan los buscadores web y las hemerotecas para mostrar ciertos resultados a partir de datos personales como el nombre. Primero, es necesario reclamar ante los titulares de las webs y redes sociales donde se ha producido la publicación; si no atienden razones, se abre procedimiento ante la Agencia Española de Protección de Datos. La Autoritat Catalana sólo es competente cuando las reclamaciones son contra un ente público.

Protección frente a los buscadores

Según fuentes jurídicas consultadas por el ARA, el derecho al olvido puede concretarse en varias acciones: la medida más drástica es la eliminación de la noticia, una petición que casi nunca prospera porque entra en colisión con la libertad de información. También se puede pedir la anonimización (para que los nombres se borren o sean sustituidos por iniciales) o que se impida que Google y herramientas de IA, como ChatGPT, rastreen el nombre para ofrecer resultados relacionados. Así se preserva la información publicada original, pero se protege a ciudadanos anónimos del impacto que tiene para sus derechos que cualquier persona que los busque en internet encuentre noticias que les afectan años después de los hechos que fueron de interés informativo.

Las fuentes jurídicas consultadas por este diario consideran que la petición de los maestros de El Palau puede prosperar. Ahora bien, también alertan de que, en general, es necesario ponderar caso por caso qué medida se aplica para que el ejercicio de este derecho no se convierta en una vía para modificar en la carta las hemerotecas periodísticas. La relevancia de la noticia, el tiempo transcurrido y el grado en que afecta a los derechos al honor, la intimidad o la imagen de una persona son tres criterios que se tienen en cuenta a la hora de tomar una decisión. En última instancia, podrá recurrirse a los tribunales para reclamar el ejercicio de este derecho.

En busca del "desagravio"

El Síndic de Greuges también ha apoyado a los docentes de El Palau en este periplo. De hecho, ésta fue la única institución que en su momento se sentó con ellos y con las familias denunciantes para tratar de encontrar una solución. El Síndic también medió para que se produjera una reunión, en abril, entre los docentes y la secretaria general de la conselleria de Educación, Teresa Sambola. Los profesores lograron el apoyo de los servicios jurídicos del departamento para seguir adelante con el procedimiento por el derecho al olvido, pero continúan a la espera de una respuesta en cuanto a las demandas de reparación del daño (por ejemplo, con una declaración de "desagravio" por parte de la Generalitat y un acto público para manifestarles el apoyo a su labor). También plantearon elevar al Consejo de Educación de Catalunya un plan para revertir "las consecuencias del mal infligido por la persecución sufrida y restaurar la dignidad de la escuela catalana", tal y como consta en un documento entregado a Educació y consultado por el ARA.

Aquí es donde los docentes consideran que hay que dar pasos adelante para evitar que se vuelva a repetir lo que vivieron. No solo se trata de debates sobre la democracia y la convivencia como los que se suscitaron en las aulas tras las cargas del 1-O en Sant Andreu de la Barca, donde se encuentra el cuartel de la Guardia Civil más grande de Catalunya. Según denuncian, hablar en el aula de temas como la masacre en Palestina o los derechos de las mujeres es cada vez más difícil en un entorno en el que muchos docentes acaban sintiendo que la vía más fácil para ahorrarse problemas es la autocensura. Pero los docentes de El Palau reivindican que es necesario que los profesionales de la educación puedan concienciar sobre estos temas. Consideran que formar conciencias críticas entre los alumnos es también parte de la función de los maestros.