La mitad de los abogados del Estado está en el sector privado o en un cargo político

MadridPoca gente sabe que en el imponente edificio que ocupa la sede del Banco de España en la Plaça de Catalunya se encuentran también las oficinas de los abogados del Estado que trabajan en Barcelona. En concreto son 17, la segunda provincia donde hay más destinados, solo por detrás de Madrid, que tiene 23. Ellos son los que se encargan de representar al Estado en los procedimientos judiciales, y para llegar al cargo tienen que pasar por una de las oposiciones más duras, con 465 temas que tienen que memorizar. Estamos hablando de años, entre cuatro y siete, de estudio y reclusión, pero tiene premio. Son la élite de la administración del Estado, funcionarios de categoría A1 con los sueldos más elevados del sector público. La exdiputada de Vox Macarena Olona desveló hace unas semanas cuál era su nómina como abogada del Estado ahora que se había reincorporado al trabajo: 7.850,94 euros mensuales, unos 120.000 euros anuales.

A pesar de esto, de los 663 abogados del Estado que hay según el listado facilitado por el ministerio de Justicia, poco más de la mitad, un 53%, ocupan su plaza. En concreto 354. Del resto, 263 están en situación de excedencia voluntaria, que significa que trabajan en el sector privado, y 46 más están en servicios especiales, que significa que ocupan cargos en la administración o directamente políticos, como por ejemplo la propia Olona cuando era diputada, Edmundo Bal de Cs o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Este listado es uno de los secretos mejor guardados del Estado, y solo se actualiza cada 10 años. La última vez fue en marzo del año pasado.

Perfil cotizado

Pero ¿cómo es posible que la mitad de los abogados del Estado no ejerzan como tal? ¿Dónde están? Pues porque el suyo es un perfil muy cotizado, tanto en la política como en el mundo de la empresa, y siempre pueden, como funcionarios, pedir una excedencia. El doctor en ciencias políticas y de la administración por la UAB y profesor de la UPF Carles Ramió explica al ARA cuál es el circuito que siguen habitualmente estos altos funcionarios: "Normalmente necesitan unos 10 años para hacer todos los contactos en la administración y adquirir los conocimientos necesarios antes de dar el salto al sector privado, donde multiplican por varios dígitos sus sueldos".

Su destino suelen ser los consejos de administración del Ibex-35 o bien los grandes bufetes de abogados o consultoras, lo que podríamos definir como el sistema económico madrileño. Para Ramió, el motivo es que todo el mundo los considera muy bien preparados y aportan prestigio allá donde van. "Son juristas muy polivalentes y muy buenos, que conocen la administración, y son conscientes de que forman parte de una élite que en Madrid está muy bien vista", afirma. Un ejecutivo del Ibex ratifica este diagnóstico: "No conozco a ningún abogado del Estado que no sea brillante", afirma.

El problema es que a veces esta brillantez acaba en ocaso. Uno de los casos del pasado reciente que ejemplifica el ascenso social de los abogados del Estado es el de Mario Conde (Tuy, 1948), que en los 80 se convirtió en uno de los presidentes de banca más jóvenes de España y en un modelo de ejecutivo triunfador. El caso Banesto acabó con su reputación, pero hoy todavía se puede rastrear a muchos abogados del Estado en las principales empresas españolas. Un repaso a los consejos de administración de las corporaciones del Ibex-35 lo demuestra: hay 20 que cuentan con abogados del Estado en sus consejos de administración, la mayoría como secretarios del consejo, pero también hay casos como el de Pedro Guerrero, que es presidente de Bankinter, o el expresidente de Inditex Pablo Isla, que también lo son.

De entre las grandes corporaciones, Caixabank es la que cuenta con más abogados del Estado en su consejo de administración, con tres, mientras que Iberdrola, Inditex y Telefónica tienen dos. Si a los abogados del Estado les sumamos otros altos funcionarios de categoría A1, por ejemplo economistas del Estado o inspectores de hacienda, entonces ya serían 27 de 35 las que los tienen. Hay que tener en cuenta, además, que no todos los abogados del Estado que trabajan en el Ibex-35 ocupa una plaza en el consejo de administración, sino que pueden formar parte de su estructura ejecutiva. Un recuento hecho por eldiario.es en 2016 señalaba que había unos setenta trabajando en estos puestos, es decir, uno de cada 10.

"Abogados del Estado, economistas del Estado e inspectores de hacienda son, junto con los diplomáticos, la crème de la crème, son el poder dentro del poder, y tienen una identidad de grupo muy marcada", explica Ramió. "Estos altos funcionarios tienen capturado al PP, que cuando gobierna, suele nombrar cargos entre sus filas. En cambio el PSOE tiene más apoyo entre los TAC, los técnicos de la administración civil", afirma. El caso más reciente es el de la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, actualmente socia del bufete de abogados Cuatrecasas. Santamaría forma parte de La Gloriosa, la promoción de abogados del Estado del 1996, llamada así porque todos sus miembros han acabado ocupando puestos de altísima responsabilidad, sobre todo en el gobierno de Rajoy.

Orígenes del cuerpo

El cuerpo de abogados del Estado tiene su origen en la dirección del contencioso del ministerio de Hacienda, creado en 1849, en el cuerpo de letrados de Hacienda de 1868. La reunificación de todos los juristas que trabajaban para el Estado, sin embargo, no se produjo hasta 1881. Cinco años más tarde, en 1886, pasaron de ser simples asesores a representar al Estado ante los tribunales. Algunos miembros famosos del cuerpo fueron el intelectual regeneracionista Joaquín Costa o el franquista Ramón Serrano Suñer.

El listado que una vez cada 10 años hace el ministerio de Justicia con los abogados del Estado con plaza permite hacer también una radiografía de este colectivo con una cierta perspectiva histórica. Lo primero que se detecta es que efectivamente entre los que consiguieron la plaza antes del 2010 son minoría los que están en activo, solo un 43%, mientras que entre los más recientes un 90% sí está ocupando su plaza. También ha habido una acelerada feminización del cuerpo en los últimos años, puesto que mientras que el total es de 70-30 a favor de los hombres, entre los nombrados después del 2010 la proporción se ha igualado hasta el 52-48 actual. Y la gran mayoría trabajan en Madrid, puesto que es donde se concentran los ministerios, organismos del Estado y la administración de justicia. "Son una casta que domina el poder administrativo, el político y el económico", afirma Ramió. Y es cierto que en Madrid, mires donde mires, donde hay poder siempre hay un abogado del Estado.