La Moncloa defiende la legalidad del rescate a Plus Ultra señalado en el caso Zapatero
Asegura que se trata de un proceso reglado que no admite "discrecionalidad"
MadridUna de las cuestiones de las que se acusa al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero es de intermediar en el rescate de la aerolínea Plus Ultra en el año 2021, en plena pandemia. Un préstamo de 53 millones de euros que concedió el consejo de ministros y que generó estupefacción en el sector. Ahora bien, la Moncloa defiende su legalidad. Después de la lectura del auto del juez José Luis Calama, fuentes de la Moncloa se han reafirmado este jueves en la concesión de esta ayuda.
Se remiten a una cronología de los hechos: han explicado que el 9 de marzo de 2021 Plus Ultra recibió una ayuda a cargo del Fondo de Soporte a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), y han aseverado que "cumplía los requisitos" y que se hizo siguiendo un proceso administrativo reglado. En este sentido, cita otras empresas que también recibieron ayudas por un total de 890 millones de euros, como Air Europa, Volotea, Air Nostrum, Wamos Air y Evelop Airlines. Una adjudicación, remarcan, en la que no tiene cabida la "discrecionalidad ni la arbitrariedad ni la discriminación", ya que intervienen varias personas: los técnicos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), asesores externos y la misma compañía, además de una "docena" de informes técnicos.
El juez Calama apunta que Plus Ultra podría haber utilizado a Zapatero a cambio de comisiones para obtener este dinero. Un extremo que desde la Moncloa niegan implícitamente cuando afirman que hay un "exhaustivo control" por parte de la administración de estos préstamos. Además, añaden que fue fiscalizado también por el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, por la Fiscalía y diversas acusaciones populares, y que se acabó validando. Al mismo tiempo, también aseguran que fue analizado por la Comisión Europea, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas y también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha validado este régimen de ayudas. Por su parte, Plus Ultra, en un comunicado, se ha mostrado a disposición de la justicia para colaborar y expresa "respeto" por el proceso judicial. Al mismo tiempo asegura que las actividades económicas de la compañía siguen con normalidad.
De esta manera, después del choque inicial, la Moncloa intenta coger las riendas de la crisis y tejer una estrategia de defensa. Hay que tener presente que si se demuestra el tráfico de influencias por parte de Zapatero, arrastraría a todo el ejecutivo de Sánchez, ya que implicaría que consiguió influir a alguien del sector público. En este sentido, la entidad Iustitia Europa ya ha anunciado una querella contra todo el consejo de ministros, mientras la acusación popular de Hazte Oír ha solicitado a la Audiencia Nacional que comparezca la exministra María Jesús Montero, de quien dependía en ese momento la SEPI. Este jueves El Confidencial publica de fuentes cercanas a la investigación que en el sumario de la causa se señala la implicación de "altos cargos" del gobierno.
El PP no se los cree
El PP, por su parte, no se cree lo de Moncloa y ha anunciado una "ofensiva total" en el Senado para tratar de averiguar más detalles de este rescate y la presunta intervención de Zapatero. La portavoz parlamentaria popular en la cámara alta, Alicia García, ha avanzado que llamarán a la comisión de investigación de la SEPI, que ya tienen en marcha, a María Gertrudis Alcázar, que es la secretaria de Zapatero desde hace años, y al exministro de Seguridad Social José Luis Escrivá, entre otros nombres, por haber contribuido a la presunta irregularidad. En el caso de Escrivá, actualmente gobernador del Banco de España, el PP sostiene que habría "desbloqueado por arte de magia", a petición de Zapatero, el rescate con el aplazamiento de una deuda con la Seguridad Social.
Fuentes del actual ministerio de Seguridad Social replican que la concesión de este aplazamiento "se ciñó en aquel momento a la normativa vigente y al procedimiento normal". "Es una herramienta habitual" que se efectúa con "el máximo rigor", sostienen. Los populares, en cambio, insisten en dar veracidad a la hipótesis de las presiones de Zapatero para conseguir lucrarse con el rescate y también apuntan a Pedro Sánchez. "Abrió de par en par las puertas a Zapatero y le dejó barra libre para sus negocios", ha asegurado García en rueda de prensa.
Quien también se ha referido al caso este jueves ha sido el empresario Víctor Aldama. En el marco de su declaración en la Audiencia Nacional por la compra de mascarillas en Baleares y Canarias, ha dicho que Zapatero usaba móviles de un solo uso como los que tenían los supuestamente implicados en el caso Koldo. Según informa Efe, el empresario ha explicado que el exministro José Luis Ábalos, Koldo García –que era su asesor– y Víctor Ábalos –su hijo– usaban este tipo de dispositivos. Se los proporcionaba Rubén Villalba, un comandante de la Guardia Civil también investigado, y para hablar a través de estos terminales utilizaban la expresión "tomar café".