El juez pide información a doce bancos para rastrear los pagos del PSOE vinculados al caso Leire

MadridEl juez mueve ficha para radiografiar los presuntos pagos que hizo el PSOE a Leire Díez en el marco de las supuestas maniobras instigadas para desestabilizar y obstaculizar causas judiciales del entorno de Pedro Sánchez. Santiago Pedraz sospecha que una serie de facturas abonadas por el partido sirvieron para sufragar la actividad de la conocida como "fontanera" del PSOE de manera encubierta y ahora quiere profundizar en ello. El magistrado de la Audiencia Nacional ha aceptado la petición de la Guardia Civil –avalada por la Fiscalía Anticorrupción– y ha requerido información a doce bancos sobre los movimientos y saldos de 82 cuentas que tienen relación con la causa. Seis de ellas son del PSOE. Además, 61 son de Ismael Oliver y de su bufete de abogados, once son de Gaspar Zarrías y su consultora y una es de Jacobo Teijelo.

"No se puede descartar que los cruces entre las diferentes cuentas puedan aportar luz sobre aquellos pagos que se sospechan efectuados, pero que no se han podido acreditar", argumenta el juez, haciéndose suyas las palabras de las dos fiscales. En un primer momento, Santiago Pedraz puso los pies en la Unidad Central Operativa (UCO) y la instó a indicar las cuentas "concretas" en las que Leire Díez habría recibido dinero vinculado con la investigación para rastrearlas específicamente. Ahora bien, la UCO reiteró la petición que había hecho inicialmente para ir más allá justificando que era necesario "evitar que una limitación prematura" de las cuentas pudiera "impedir el conocimiento del recorrido de los fondos o de operaciones relevantes". Ahora el magistrado ha accedido alegando que no hay un "filtro previo" que permita discriminar entre unas cuentas y otras.

En un escrito al que ha tenido acceso el ARA, la Fiscalía Anticorrupción explica cuál es su sospecha: "Para articular estos pagos sin revelar el ordenante, se habrían utilizado sociedades de los investigados con el presumible concierto de la gerente del PSOE", relata. Y cree que la petición de la UCO es adecuada viendo que existía un "imbricado sistema de apoyo económico" y después de que se haya descubierto un "solapamiento y ocultación de determinados pagos". El abogado Ismael Oliver y Ana María Fuentes –la gerente del PSOE– tendrán que declarar como investigados el miércoles 9 de septiembre.

¿Qué pagos fueron?

El juez pone la lupa en las cuentas bancarias de tres personas que, según la Fiscalía, formaban parte del "impulso" y el "soporte intelectual y financiero" de Leire Díez, junto con Santos Cerdán, que en aquel momento era el número tres del PSOE. ¿Qué dice la Fiscalía? En primer lugar, entre mayo y septiembre de 2024, Leire Díez recibía una retribución de 4.000 euros de Zaño Consultora, la empresa de Gaspar Zarrías. El coste total de la contratación eran 7.505 euros, la cantidad exacta que el PSOE pagaba a la empresa. Esto se acabó cuando la presunta trama empezó a aparecer en la prensa. El abogado de Gaspar Zarrías denuncia que está implicado en la causa "únicamente por haber dado trabajo" a Leire Díez.

La Fiscalía relata que, posteriormente, el PSOE activó una nueva operativa para hacer llegar a Leire Díez el dinero: pagar a dos de los abogados que están investigados, que "facturarían al PSOE cantidades que después le harían llegar". Eran Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, que presentaban facturas de consultoría. Primero, Leire Díez recibió 27.225 euros del despacho de abogados de Ismael Oliver para "ocultar el verdadero origen" de los fondos. "Consta perfectamente trazado el flujo del dinero", dice la Fiscalía. Por su parte, Jacobo Teijelo –que forma parte de la defensa de Santos Cerdán– recibió 125.000 euros del PSOE que –según el ministerio público– estaban destinados a pagarle a él y podrían ser el "vehículo" para retribuir a Leire Díez, a pesar de que "no se han llegado a acreditar los pagos" de él a ella. Cuando declaró, explicó que el PSOE le contrató para que estudiara qué podría pasar con las causas del entorno del partido.

Una petición "prospectiva, absurda y sin fundamento"

Hay una primera reacción inmediata a esta petición. En un escrito al que ha tenido acceso el ARA, Gaspar Zarrías reprocha al juez que es una diligencia "prospectiva, absurda y sin fundamento" que va más allá de lo que sería necesario porque extiende el escrutinio a unas cuentas que "no están relacionadas" con los hechos y sobre las cuales no hay ninguna sospecha: "Busca sencillamente mirarlo todo a ver si encuentro alguna cosa", lamenta.