La Moncloa veta el endurecimiento de la regularización de migrantes: dice que revisar antecedentes penales costaría 16 millones de euros
Hace uso de los poderes de la Constitución para frenar la enmienda del PP en el Senado, que se aprobaba el jueves con el aval de Junts
MadridVeto del gobierno español al endurecimiento de la regularización de migrantes que se debía aprobar este jueves en el Congreso. Teniendo en cuenta que, tal como avanzó el ARA, Junts avalaba la enmienda introducida por el PP en el Senado a la ley de multirreincidencia para controlar los antecedentes penales de los solicitantes del permiso de residencia y revisar informes policiales, la Moncloa ha decidido hacer uso de los poderes excepcionales que le otorga la Constitución para frenarlo. Según ha avanzado la SER y confirman fuentes parlamentarias a este diario, el gobierno español ha vetado a través de la mesa del Congreso los cambios escudándose en que suponen un coste extra para las arcas públicas. En concreto, han argumentado que revisar los antecedentes penales o las causas pendientes de los solicitantes de residencia implicaría un gasto de 16 millones de euros.
Amparándose en el artículo 134.6 de la Constitución, aseguran que "la consulta manual en bases de datos de la administración de justicia para obtener información sobre los diferentes supuestos de causas penales correspondientes al 100% de las personas solicitantes de permiso de residencia" o la tramitación de solicitudes internacionales para "obtener información" de otros países implicaría la creación de 400 plazas de funcionarios en la comisión general de extranjería de la Policía Nacional, con un coste de 41.967 euros por plaza de funcionario. En total, supondría "un incremento anual de crédito para la administración general del Estado estimado en 16 millones de euros" —argumenta la Moncloa.
También vetan otra enmienda del PP que proponía crear en dos años más plazas de fiscales. Un hecho que implicaría, argumenta el gobierno español, un coste de 53 millones de euros para las arcas del Estado. De esta manera, barren el paso a la mayoría del Congreso formada por el PP, Junts y Vox que pretendía limitar la regularización de migrantes pactada entre el PSOE y Podemos.
La "competición" con Alianza Catalana
En rueda de prensa en el Congreso, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha enmarcado el apoyo de Junts a la enmienda del PP en el "camino que hace tiempo que recorre [Junts] en la competición con la ultraderecha catalana", en alusión a Aliança Catalana, para "ver quién es más racista". "Es coherente con presentar enmiendas que dificulten y pongan problemas a una regularización que es imprescindible para la gente de nuestro país", ha añadido. Y ha celebrado que el gobierno español haya vetado las modificaciones para "no permitir" que "la asociación entre criminalidad e inmigración" llegue a la cámara baja: "Sabemos que no correlacionan, pero ellos insisten en ello para que cale el racismo".