La cruzada de los jueces contra la amnistía no se detiene
La Audiencia envía la causa del Tsunami al Supremo por terrorismo el día en que la mesa del Congreso avala la tramitación de la ley
BarcelonaEl poder judicial no da tregua al legislativo. El mismo día que la mesa del Congreso daba luz verde a la tramitación de la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE, los jueces mostraban su determinación en mantener las investigaciones contra los dirigentes independentistas que se implicaron en el 1-O y en las protestas postsentencia. En un solo día, dos noticias: la Audiencia Nacional envía al Tribunal Supremo la causa del Tsunami Democrático y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) fija juicio para abril contra Lluís Salvadó, Josep Maria Jové y la consellera Natàlia Garriga.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón sigue viendo indicios de terrorismo en las acciones de Carles Puigdemont, Marta Rovira y diez personas más investigadas por la organización de Tsunami, pero envía la causa al Supremo para que supere las dificultades que podría encontrarse para continuar con el caso. Tanto Puigdemont, como eurodiputado, como el diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg son aforados en virtud de sus cargos, por lo que es necesario que el Supremo –o el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya– se implique en la causa. A ambos investigados, recuerda en el auto García-Castellón, se les ofreció la posibilidad de declarar voluntariamente porque él no tenía potestad para obligarles a hacerlo.
Tanto la Fiscalía como las defensas ya reclamaron que la causa, que niegan que pueda seguir instruyéndose por terrorismo, saliera de la Audiencia Nacional, y ahora deberá ser la sala segunda del Supremo, presidida por Manuel Marchena –el también presidente del tribunal que condenó a los presos políticos–, quien determine si acepta continuar con la investigación por terrorismo. Además de Rovira, Puigdemont y Wagensberg, están siendo investigados por terrorismo Josep Lluís Alay, Oriol Soler, Javier Vendrell, Marta Molina, José Campmajó, Jesús Rodríguez, Jaume Cabaní, Nicola Flavio y Oleguer Serra, que ha recorrido el auto de recusación contra García-Castellón, que el propio juez rechazó.
El miedo a la prisión provisional
Fuentes consultadas por el ARA reconocen el miedo que había ante la citación del juez porque podrían derivarse medidas cautelares –precisamente lo que quiere evitar la ley de amnistía–, entre ellas la cárcel provisional, como ya ocurrió con los miembros de los CDR detenidos en la operación Judas de 2019 ya los que, ya en libertad, la Audiencia Nacional ha enviado recientemente a juicio. En todo caso, si el Supremo acepta continuar con la investigación, debería citarlos a declarar y, por tanto, el riesgo de las cautelares sigue bien vigente mientras la ley de amnistía no esté en vigor (no lo estará hasta marzo o abril del próximo año). Este martes, más allá de las novedades en el caso de Tsunami, el TSJC ha fijado para el 10 de abril del próximo año el juicio contra Jové, Salvadó y Garriga por su implicación en el referéndum. La Fiscalía les pide respectivamente siete años de cárcel y 32 años de inhabilitación; seis años y tres meses de prisión y 27 años y tres meses de inhabilitación; y un año de inhabilitación.
En plena ofensiva judicial, paralelamente, fiscales del Supremo firmaron un texto conjunto dirigido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el que muestran la “decepción” por su “falta de voluntad” de posicionarse contra la futura ley de amnistía, según avanzó ayer la SER. No fue la única seta que recibió ayer el máximo representante de los fiscales. El Supremo dictó una sentencia en la que aprecia “desviación de poder” para promover como fiscal de sala a la exministra de Justicia Dolores Delgado, y ordenó que se haga una nueva propuesta. Mientras, PSOE y Sumar hacían valer a la mayoría progresista en la mesa para tramitar por la vía de urgencia la ley de amnistía y acelerar su llegada al Congreso.
Lo hacían tras recibir el aval de los letrados, que el lunes van dictaminar en un informe no vinculante que no ven elementos "palmarios y evidentes" de inconstitucionalidad. Una interpretación opuesta a la que hicieron en 2021, cuando se opusieron a tramitar la ley de amnistía presentada por el independentismo porque entendían que la intención era encubrir un indulto general, expresamente prohibido en la Constitución.
La tramitación, en cualquier caso, se prevé larga por la oposición de PP y Vox. Este martes la mesa ya ha rechazado la recusación que los populares presentaron contra el nuevo letrado mayor de las Corts, Fernando Galindo, considerando que debería haberse abstenido en el informe jurídico por haber formado parte del gobierno español como subsecretario de Política Territorial hasta dos días antes de asumir el cargo como secretario general del Congreso.
Sea como fuere, los populares ya han abierto un segundo frente en el Senado, donde tienen mayoría absoluta y donde además de rechazar la ley de amnistía en el pleno intentarán ralentizar su tramitación cuando llegue a la mesa de la cámara alta acordando que no es necesario tramitarla por la vía de urgencia como quieren el gobierno español y las fuerzas independentistas. Además, el PP ha apuntado la posibilidad de presentar un recurso en el TC contra la decisión de la mesa. Previsiblemente, los 'populares' acompañarán este recurso de una petición para que el Constitucional adopte medidas cautelares y suspenda la tramitación de la norma.
Vox tampoco se quedará de brazos cruzados. El líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, anunció el lunes que se querellarán de inmediato por el delito de prevaricación contra los letrados del Congreso autores del informe que “persigue legitimar el golpe en el estado de derecho mediante la inconstitucional ley de amnistía”. También lo harán contra los miembros de la mesa que voten a favor de su admisión a trámite. “Todos los que colaboren con el golpe deben saber que tendrán que asumir sus consecuencias”, amenazó.
El calendario de la tramitación
Admitida a trámite y si el TC no lo detiene –algo improbable por la mayoría progresista–, el proyecto abre su tramitación parlamentaria por la vía de urgencia, lo que permite recortar a la mitad los plazos de que dispone la cámara para tramitar cualquier iniciativa. Así, está previsto que se apruebe hacia diciembre, pero que el trámite en el Senado sea más largo, y probablemente hasta primavera no estará en vigor.
