Veinte detenidos por un posible cohecho de más de 50 millones de euros en la compra de mascarillas durante la pandemia
La Guardia Civil arresta la mano derecha de Ábalos en el ministerio de Fomento en una operación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción
BarcelonaLa Guardia Civil ha detenido a una veintena de personas, entre ellas Koldo García, que fue asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, y Víctor de Aldama, empresario y presidente del Zamora Club de Fútbol, por el supuesto cobro de comisiones en adjudicaciones fraudulentas de mascarillas durante la pandemia. Según indicaron a Efe fuentes cercanas de la investigación, fue ayer martes cuando los agentes detuvieron en Alicante al exasesor de Ábalos, en una operación declarada secreta y en la que ha habido una cadena de detenciones en distintas comunidades autónomas. La investigación la abrió la Audiencia Nacional en el juzgado de instrucción número 2 de Madrid y la coordina la Fiscalía Anticorrupción en colaboración con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Se estudia un caso de presunta corrupción en la adquisición de material de protección sanitaria durante la pandemia de cóvido por parte de la administración central y algunas comunidades autónomas. La adquisición de material que se investiga se produjo desde los ministerios de Interior y Fomento y de los gobiernos de Canarias y Baleares durante la pandemia. Estos dos gobiernos, según ha informado Voz Populi, suscribieron contratos por más de 10 millones de euros a la empresa bajo la lupa de la justicia, Soluciones de Gestión, que fue la única que se presentó en el concurso. En total, las administraciones implicadas adquirieron material por valor de 53 millones de euros. En el marco de Fomento están implicados en la compra de este material Adif y Puertos del Estado, mientras que las compras en el ministerio del Interior llevan la firma de la secretaría de estado de Seguridad.
Los delitos que atribuyen los investigadores a los detenidos son cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal. En total fueron detenidas veinte personas en una operación que se bautizó como Delorme. También se han producido 26 registros en las provincias de Madrid, Alicante, Murcia, León, Álava, Vizcaya, Zaragoza y Cáceres. Entre los arrestados se encuentra Koldo García, mano derecha de Ábalos, que ya fue motivo de polémica cuando fue elegido asesor del ministro por su inexperiencia en el departamento de Transportes.
La mujer y el hermano del exasesor, también detenidos
Curiosamente, entre los detenidos se encuentran también la mujer y el hermano del exasesor de Ábalos. Según ha avanzado El Español', Patricia Úriz, que también trabajó en Fomento cuando Ábalos fue ministro como ayudante de secretaria, ha sido arrestada por los mismos hechos. Como Joseba García, hermano de Koldo, que regentaba una pequeña empresa de reformas y que habría ingresado presuntamente pagos de las comisiones en las cuentas de su hermano, según ha revelado ElDiario.es.
El exministro ha mostrado su "estupefacción" por los hechos y ha asegurado que se ha enterado de la noticia a través de los medios de comunicación. El diputado socialista ha dicho que su exasesor propuso empresas para los contratos de máscaras, pero ha defendido que "las contrataciones se hicieron como debían" y que fueron "revisadas por el Tribunal de Cuentas". "Estoy tranquilo", ha añadido antes de insistir en que durante el proceso "se preocupó mucho" para que las cosas se hicieran según la legalidad y los procedimientos, porque "había que tener un cuidado terrible". Sin embargo, también reconoció que hubo partes del proceso que no controló.
Desde Rabat, el presidente español, Pedro Sánchez, ha rechazado que la detención del asesor de Ábalos esté relacionada con su salida del gobierno, porque eso supondría que él conocía previamente las presuntas irregularidades. A su juicio, se trata de "maledicencias" de la oposición, a la que ha recriminado no ser "tan celosos" con el caso del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La dirigente madrileña no tardó en responder y subrayó que todo fue investigado por distintas instancias y "se demostró que no había nada".
El precedente con el hermano de Ayuso
No es el único escándalo político relacionado con la compra de mascarillas. La Fiscalía Anticorrupción archivó hace dos años la investigación sobre los contratos para adquirir mascarillas vinculados al hermano de la presidenta madrileña al considerar que no había suficientes "indicios de la comisión de infracciones penales". Era el contrato de suministro de 250.000 mascarillas FFP2 y FFP3 por un importe total de 1,5 millones de euros que adjudicó el gobierno madrileño y en el que participó el hermano de Ayuso, Tomás Díaz Ayuso.
El caso le llevaron a la Fiscalía Anticorrupción los tres partidos de izquierdas que forman la oposición a la Asamblea de Madrid: Más Madrid, el PSOE y Unidas Podemos, pero ocupó las portadas de todos los medios por la guerra interna que desató en el PP. Y hace un año, la Fiscalía Europea también archivaba la investigación. "No ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado dada la calidad del material ofrecido y entregado ni que hubiera sufrido un incremento indebido derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa", apuntaba la Fiscalía en un comunicado.