La gobernabilidad del Estado

Negociación 'in extremis' con Junts instalado en el 'no'

Los de Puigdemont piden al gobierno español que retire los decretos y presente nuevos con sus aportaciones

Pedro Sánchez y Míriam Nogueras, reunidos en el Congreso
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MadridSi no existe un giro de guión inesperado, Junts votará en contra de los tres primeros decretos del gobierno español este miércoles en el pleno del Congreso y el gobierno español estrenará la legislatura con un revés parlamentario. Sin los votos del PP, que también sigue en el no, ningún aliado de la mayoría plurinacional que invistó Pedro Sánchez puede desmarcarse para que las iniciativas salgan adelante. Y los de Puigdemont, pocas horas antes del inicio del debate, se mantienen en el "no absoluto" y ven "muy complicado" cambiar de opinión. Sin embargo, dejan abierto un 1% de posibilidades porque no pueden descartar "que pase algo extraordinario". Ahora bien, fuentes de los junteros también apuntan como única solución a que el PSOE retire los tres decretos del orden del día del pleno y apruebe nuevos que incorporen las modificaciones que reclama Junts. Fuentes del gobierno español descartan este escenario y siguen proponiendo tramitar los decretos como proyecto de ley para introducir enmiendas a posteriori. "El pressing Juntos –también por parte del Govern– no funcionará", ha advertido Carles Puigdemont.

Ahora bien, Junts asegura que ésta no es una opción. Alegan que los proyectos de ley, una vez tramitados, pueden quedar "en un cajón" y que las modificaciones promesas nunca lleguen a concretarse. Avisan de que su acuerdo con el PSOE no les ata y advierten de que no aceptarán aprobar nada sin "garantías". El PP también rechaza esta vía por el mismo motivo y su líder, Alberto Núñez Feijóo, que sólo se abrió a una abstención en uno de los tres decretos, la anticrisis, planteó este miércoles ante el comité ejecutivo nacional de los populares recuperar algunas de las medidas que decaigan a través de iniciativas parlamentarias del PP. Feijóo reiteró que no hará de "salvavidas" del presidente del gobierno español, lo que deja prácticamente en vía muerta la opción de que sean los populares los que salven los decretos del ejecutivo. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se lo ha reprochado poco después. "Ha cerrado todas las puertas de entendimiento para salir adelante", ha criticado.

Las mismas fuentes de Junts lamentan que los socialistas "se han puesto en un callejón sin salida" y que se habría podido evitar esta situación si no hubieran echado por el derecho. "Lo han hecho mal", resumen. Las conversaciones con Junts, que todavía siguen, han sido "permanentes" y hay puntos en los que se han acercado posiciones. "Vale no hay ni uno", afirman, sin embargo, los junteros. Y advierten que "ahora es tarde" para arreglar los tres decretos. Instan a convocar a un consejo de ministros extraordinario que apruebe nuevos textos que, cuando lleguen a la cámara baja, sí podrían contar con su voto afirmativo. López ha insistido en rueda de prensa este miércoles al mediodía en que continuarían negociando "hasta el último momento" y ha avisado de que quien vuelva las medidas que benefician "el interés general", cometerá una "absoluta irresponsabilidad". "Confiamos en que haya acuerdo", deseó.

Junts responde que el PSOE sabe desde el 18 de diciembre, el día antes de aprobar dos de los tres decretos en el consejo de ministros, que Junts votaría en contra por el hecho de que no se incluyeran de entrada en los textos sus exigencias. "Han complicado mucho una negociación que era sencilla", lamentan. El gobierno español tiene un arrecife más. Podemos también mantiene la amenaza de no apoyar dos de los decretos del gobierno español y su líder, Ione Belarra, ha denunciado en rueda de prensa en el Congreso que el PSOE no se había movido para conseguir hacerles cambiar de opinión . Fuentes de la dirección explicaron que el viernes hicieron llegar por escrito sus enmiendas, pero que todavía no habían recibidofeedback. "El PSOE debe entender que debe sentarse a negociar", afirmaron. Por la noche, fuentes del partido han explicado al ARA que seguían sin avances.

¿Qué quiere introducir Junts?

Las mismas fuentes de Junts alegan que no reclaman nada "descabellado". Del decreto ómnibus cuestionan el punto sobre las cuestiones prejudiciales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que consideran que puede hacer peligrar la aplicación de la ley de amnistía, y también reclaman recoger un incremento de recursos para la justicia catalana. En el decreto anticrisis, Junts quiere que el IVA del aceite pase al 0%, mantener al menos seis meses más el IVA reducido de la luz y del gas y que el Estado asuma la totalidad de la subvención al transporte público urbano e interurbano (actualmente el gobierno español aporta el 30% y las comunidades autónomas el 20%). En cuanto al decreto de Trabajo, Junts quiere que se incluya la patronal catalana en el diálogo social.

Retorno de empresas que se marcharon el 1-O

Otra de las propuestas de Junts que ha centrado el debate del día es la posibilidad de sancionar a las empresas que se marcharon de Catalunya el 1-O y que se resistan a volver. El PSOE se abre a promover medidas para "facilitar" ese regreso, sin hablar de sanciones. El planteamiento de Junts es modificar la ley de sociedades de capital introduciendo que la sede social debe estar en la comunidad autónoma donde tienen la actividad mayoritaria, un planteamiento que los socialistas habrían aceptado.

Ahora bien, Junts también quiere incentivos fiscales para aquellas personas que cumplan esta norma (las que no se marcharon y las que vuelvan) y que se abra la puerta a sancionar a aquellas compañías sujetas a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y al Banco de España que lo incumplan. Todo ello, quieren recogerlo en un decreto aparte que tenga como objetivo específico revertir el decreto del gobierno de Mariano Rajoy que propició los traslados de sede. El gobierno español ha dicho que en todo caso se actuará respetando la "seguridad jurídica" ante el rechazo de la patronal CEOE, que ha tildado la medida de "comunista". La Generalitat también descarta dar incentivos para el retorno de las empresas que se marcharon en 2017.

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