Negociaciones contrarreloj por la ley audiovisual

MadridLa ley audiovisual, que incluye cuotas para el catalán, el gallego y el vasco y que sirvió para que ERC apoyara los últimos presupuestos, se continúa negociando a contrarreloj de cara a la votación de este jueves por la tarde en el Congreso. El motivo es la definición de productor independiente que el PSOE cambió durante la tramitación (y que se aprobó en ponencia con los votos de ERC y Unidas Podemos) y que ha puesto en pie de guerra el sector del cine, que este miércoles ha apelado directamente al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El cambio introducido por los socialistas abría la puerta a que una parte de las subvenciones que Europa marca que tienen que ser para productores independientes pudieran ir a manos de las grandes corporaciones de televisión, como Atresmedia o Mediaset.

Ante la presión de los productores independientes, ERC, Unidas Podemos y Bildu han presentado una enmienda en que devuelven la situación al estadio anterior a la ponencia, cuando era un proyecto de ley. En realidad se trata de cambiar un dicho por un un en la frase siguiente: “Se considera productor independiente la persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable a una estrategia empresarial comuna con uno o varios prestamistas de servicio [...] y a cambio de una contraprestación los pone a disposición de dicho [que ahora volvería a ser «de un»] prestamista del servicio de comunicación audiovisual”. Con el cambio, según los proponentes y el sector, se evitaría que productoras ligadas a Atresmedia o Mediaset pasen por independientes si no trabajan para el mismo grupo.

Desde el PSOE consideran que la ley no peligra y se insiste que se negocia con los grupos y el sector para encontrar una salida. Fuentes conocedoras de las negociaciones explican que se están ofreciendo cosas a los productores independientes, pero fuera de esta ley, y que uno de los problemas es que quien pilota las conversaciones es la secretaría de estado de Telecomunicaciones, dependiente del ministerio de Economía, y que, por lo tanto, el enfoque de la ley es básicamente económico y no tan cultural. De hecho, en un principio el ministerio que comanda Nadia Calviño se negó a aceptar las cuotas a las lenguas cooficiales porque lo veían como una traba para atraer a empresas del sector, puesto que el objetivo de la ley es convertir España en el polo audiovisual del sur de Europa. De entrada, con todo, el PSOE no quiere rectificar un cambio con el cual busca contentar las grandes televisiones estatales.

Cuotas y subtitulación

Con el redactado final de la ley, las plataformas con sede en España tienen la obligación de dedicar un mínimo del 6% de su catálogo a producciones en las lenguas cooficiales, cosa que no afecta corporaciones como Netflix o HBO. Eso sí, se incorpora la obligación de que estas grandes plataformas (las que facturen más de 10 millones) dediquen una parte de sus ingresos a producir productos en estas lenguas. El cálculo es que cada año tendrían que destinar en torno a 15 millones de euros. También se crea un fondo para doblar las producciones al catalán y se obliga a las plataformas a ofrecerlas “siempre que sea técnicamente viable”.