El pacto Estado-Generalitat por la financiación deja en el aire la ordinalidad y la recaudación del IRPF en 2026

BarcelonaEstado y Generalitat se comprometen a sacar adelante el nuevo modelo de financiación pactado entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa. La Comisión Bilateral ha formalizado este lunes el pacto al que llegaron hace un año socialistas y republicanos para que fuera la Hacienda catalana la que recaudara todos los impuestos y pagara una cuota de solidaridad al Estado. Un sistema, eso sí, que será extrapolable al resto de comunidades autónomas que lo soliciten. El modelo deberá pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que el gobierno español prevé convocar después del verano, así como por el Congreso de los Diputados. A continuación, detallamos "los principios" del nuevo modelo, aún sin cifras y en el que el Estado no se compromete a uno de los principios que debían regirle, la ordinalidad, y donde tampoco se garantiza que la hacienda catalana recaude el IRPF en el 2026. ERC ya ha avisado de que, aunque el pacto le "suena bien". "Necesita menos escenificación y mucha más concreción", ha afirmado el portavoz de los republicanos, Isaac Albert, en rueda de prensa. "No habrá más acuerdos si no se cumplen acuerdos", insistió sobre los presupuestos catalanes y españoles. Fuentes republicanas aseguran al ARA que han trasladado el malestar por el acuerdo al PSOE.

Ordinalidad

Una de las cuestiones clave del acuerdo de investidura era el respeto a la ordinalidad. Esto significa que, a la hora de repartir los recursos, Cataluña no baje posiciones en el ranking de autonomías respecto a lo aportado. Por ejemplo, si fuera la segunda que más dinero aportase, debería ser la segunda también que más recibiera. Tanto el PSC como ERC lo han defendido sin matices, pero se han topado con las resistencias del PSOE.

Finalmente, este principio no aparece en los puntos del acuerdo sellado en la Comisión Bilateral, sino que sólo se menciona en el preámbulo del pacto. Se defiende que la nueva financiación debe incluir que Cataluña "contribuya de forma solidaria" en forma de recursos al resto del Estado, y se añade: "Catalunya considera que esta aportación debe ser calculada, de forma transparente, con criterios objetivos y es condición necesaria que su aplicación no desvirtúe el principio de ordinalidad en el resultado final". Es decir, el Estado no asume el compromiso de garantizar la ordinalidad, sino que se ubica como una de las peticiones que hace la Generalitat. Sin embargo, los republicanos avisan de que la ordinalidad es "innegociable".

El "cesto de tributos"

A diferencia del modelo actual, el objetivo es que la Hacienda catalana recaude todos los impuestos y después los transfiera al Estado. ¿Qué cantidad? Esto es lo que definirá el "cesto de tributos", que fijará la aportación de Catalunya a los gastos del Estado, y que se calculará con "criterios objetivos y comprobables", aunque no se especifiquen cuáles serán. Por ejemplo, ahora la Generalitat cuenta con el 50% del IRPF, que le transfiere el Estado a través de anticipos una vez lo ha recaudado la Hacienda española. Con el nuevo modelo sería la Generalitat quien recaudaría todo el IRPF, y después debería determinarse el porcentaje que se queda aquí y lo que va al Estado. Con este cambio de modelo, pues, quedaría eliminado el sistema de anticipos y se pasaría a uno de transferencias actualizado.

Solidaridad

Será una vez hecho este reparto a través de la cesta de tributos que se calculará la cuota de solidaridad que Catalunya deberá aportar al resto de comunidades autónomas. Una cuota que, según ERC y el PSC, debería estar limitada por el principio de ordinalidad. republicanos para la investidura de Salvador Illa, a la espera del PSOE, debería implicar que sea la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) la que gestione los tributos y que, de ahí, salga la financiación de la Generalitat y también una cuota de solidaridad para contribuir a la caja común del Estado.

PSC y ERC acordaron que el nuevo modelo sería "singular". Sin embargo, esto no significa que sea una financiación única para Cataluña, sino que será generalizable en todas las comunidades autónomas. ¿Qué implica, pues, la singularidad? El pacto ocurre para que se tengan en cuenta, a la hora de calcular el reparto de recursos, las competencias que tiene cada comunidad autónoma.

Esto quiere decir que, en el caso de Catalunya, el modelo incluiría una "financiación adicional" que serviría para pagar sus "singularidades" competenciales, como los Mossos d'Esquadra y el sistema penitenciario propio.

La recaudación del IRPF

El otro pilar del modelo es que el ATC recaudará los impuestos. Ahora bien, esto necesita la modificación de al menos tres leyes: la Lofca (ley orgánica de la financiación de las comunidades autónomas), la ley sobre la financiación de régimen común de las comunidades autónomas y la ley de cesión de tributos a Cataluña. Unas normas que necesitarán el aval de los socios parlamentarios de Pedro Sánchez, y algunos de ellos están reticentes, como Compromís. Para intentar avanzar en la redimensión de la ATC –teniendo en cuenta que el pacto sobre el modelo entero puede tardar en llegar–, socialistas y republicanos trabajan en una primera reforma de las tres leyes sólo para habilitar que la ATC pueda recaudar el IRPF y el resto de los impuestos.

Precisamente, esta norma es lo que ha atascado las conversaciones con ERC en los últimos días. Si no hay acuerdo con los socialistas este mes, ERC presentará la suya propia proposición de ley en el Congreso mientras sigue negociando con el PSOE. Los republicanos asumen que debe haber "coordinación" con la Agencia Tributaria estatal, pero no quieren que el ATC tenga una posición de supeditación. En el acuerdo entre ambos ejecutivos, se establece que el ATC asumirá competencias de gestión "dentro de un modelo en red" donde debe estar la participación de la hacienda española, y se comprometen a sacar adelante un grupo de trabajo para implantar esta gestión compartida.

Sin el horizonte del 2026

El acuerdo de investidura establecía que en el 2026 la Hacienda catalana debía recaudar todo el IRPF. Una cuestión a la que, hasta hace pocas semanas, la consellera de Economía, Alícia Romero, todavía se comprometía pero que ahora el propio Govern ya descarta por la falta de efectivos del ATC –actualmente tiene unos 850 trabajadores, y harían falta entre 1.000 y 1.500– y también porque técnicamente todavía no estará preparada. En el acuerdo, de hecho, este compromiso ya queda en el aire porque se establece: "Ambas administraciones se comprometen a analizar la cobertura convencional y, en su caso, legal, necesaria para que, a lo largo del 2026, y previo acuerdo de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales y sin perjuicio de su extensión al resto de las comunidades autónomas las declaraciones del IRPF 2025 ante la Agencia Tributaria de Catalunya".

Contra el dumping fiscal

El nuevo modelo prevé también "ampliar la capacidad normativa en materia fiscal", siempre dentro de los límites de la legislación europea, para introducir "mecanismos adicionales para limitar la competencia fiscal a la baja". Un mensaje dirigido a contrarrestar el dumping fiscal de Madrid, del que el Gobierno siempre se ha quejado.