Así maniobra 'in extremis' la derecha judicial contra la amnistía

BarcelonaAhora que la negociación sobre la ley de amnistía entra a su último estadio, la derecha judicial comienza a maniobrar para intentar boicotear su aplicación. Este miércoles ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han hecho el primer gesto público contrario a la amnistía: forzarán un pleno extraordinario para que el órgano de gobierno de los jueces rechace la ley que el PSOE está ultimando con Junts –los socialistas ya anunciaron un pacto con ERC la noche del martes que incluiría las causas del Tsunami Democràtic y de los CDR, y el presidente Aragonés ha sacado pecho del acuerdo porque afecta a "todos los represaliados"–. El movimiento de este miércoles, que saldrá adelante porque hay mayoría conservadora, no tendrá efectos prácticos pero sí trascendencia política, porque es la muestra de que la derecha judicial ya se mueve para convertirse en el principal obstáculo a la amnistía.

Los ocho vocales nombrados por el PP –Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Diaz Abad y María Ángeles Carmona– son los que han elaborado la declaración institucional que quieren que el pleno del CGPJ se haga suya. La ley establece que puede convocarse un pleno extraordinario si lo pide el presidente o cinco vocales. Fuentes del organismo aseguran que ahora es el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, quien debe valorarlo. Tradicionalmente, en casos similares siempre se ha convocado.

El sector conservador del CGPJ cree que el hecho de que el presidente español en funciones, Pedro Sánchez, avalara abiertamente la semana pasada la amnistía "justifica" que el órgano de gobierno de los jueces haga pública su opinión. En el texto expresan su "intensa preocupación y desolación" por el hecho de que se esté a punto de aprobar una ley que supone el olvido judicial del Proceso. Creen que esto supone una "degradación" y una "abolición" del estado de derecho.

De hecho, en su escrito los conservadores se hacen suyo el relato del PP y denuncian que Pedro Sánchez saque adelante esta norma para seguir siendo presidente y evitando que los populares, de la mano de la extrema derecha, lleguen a gobernar el Estado: "Confundir el interés de España con el interés del presidente del gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es manifiestamente incompatible con la alternancia política". Remarcan que una amnistía "violenta la Constitución" y "la independencia de los tribunales", y pone en riesgo la "seguridad jurídica" porque "unas fuerzas políticas utilizan las leyes en su beneficio para impedir la acción de los tribunales": "Generará una casta jurídicamente irresponsable e impune de sus delitos".

La causa del Tsunami

El movimiento del sector conservador del CGPJ ha sido el más visible hasta ahora pero no pasará del simbolismo. Ahora bien, en la Audiencia Nacional hay actores de la derecha judicial que ya maniobran también para torpedear la amnistía. Hace pocos días, el juez Manuel García Castellón aceptó que Vox y la entidad Dignidad y Justicia se personaran como acusaciones populares en la causa del Tsunami Democràtic. El movimiento complica la situación de los encausados, porque la Fiscalía, que era la única que acusaba hasta mayo porque la causa era secreta, ya se había mostrado predispuesta a rebajar la acusación de terrorismo y dejarla en desórdenes públicos.

Con la extrema derecha como acusación popular, esta rebaja quedaría en papel mojado si Vox pidiera acusar por terrorismo; entonces, el juez debería valorar si lo acepta. Si esto ocurriera, la amnistía que negocia el PSOE con el independentismo debería incluir los delitos por terrorismo para que afectara a los encausados del Tsunami y los CDR.

Los jueces serán, de hecho, los que tendrán la última palabra a la hora de interpretar la ley de amnistía. Dependerá de los magistrados que lleven cada caso –la sala del Tribunal Supremo que preside Manuel Marchena en el caso de los líderes independentistas, por ejemplo– y de si deciden preguntar al Tribunal Constitucional si la norma es constitucional o no.

Asens dice que falta un "5%" para el acuerdo PSOE-Juntos

La presión de la derecha judicial se suma a la cruzada de la derecha política. Este miércoles, el PP ha vuelto a cargar duramente contra la ley y el vicesecretario de organización popular, Miguel Tellado, le ha tildado de "fraude de ley". En paralelo, la FAES ha emitido un comunicado en el que ha acusado al PSOE de "abrazar la estrategia de destrucción del orden constitucional" que, considera, defiende el independentismo.

Pese a la ofensiva, el PSOE continúa ultimando el acuerdo con Junts. Este miércoles, Jaume Asens, uno de los negociadores de Sumar e interlocutor con el partido de Carles Puigdemont, aseguró que falta un "5%" para cerrar el pacto entre ambas formaciones. "Los elementos que separan son menores, secundarios, y no pueden impedir un acuerdo", ha dicho en Catalunya Ràdio, donde ha asegurado que son cuestiones de "redactado". Ahora bien, también ha admitido que se trata de "un par de cuestiones que han quedado bloqueadas" y que "ni el PSOE ni Junts se están moviendo de sus posiciones". El negociador de Sumar ha descartado que el mediador sea uno de esos escollos.