El olvido judicial del Procés: el reto para la investidura de Sánchez

Madrid"Es como patinar sobre una capa de hielo muy fina. Cualquier movimiento brusco puede hundirlo todo". Con esa metáfora explica Joan Queralt, senador de Esquerra y catedrático en derecho penal, las delicadas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. La discreción es máxima para un reto mayúsculo que el PSOE y el soberanismo catalán están dispuestos a asumir para evitar una repetición electoral que daría una nueva oportunidad al PP y Vox de llegar a la Moncloa. Con la autodeterminación descartada de entrada por los socialistas, la desjudicialización definitiva del Procés se presenta como la clave de este primer paso. El futuro de la legislatura sería ya otra pantalla. El silencio impera en todos los actores, aunque ha quedado claro que una ley de amnistía –o mecanismos que tengan los mismos efectos– está sobre la mesa. Y la técnica jurídica es tan importante como la voluntad política.

"Una amnistía es una ruptura del principio de igualdad, porque a algunos los metes en prisión por un delito ya otros no. Para justificarla, por ejemplo, habría que decir que el Tribunal Supremo ha perseguido a los presos catalanes, y no creo que el PSOE pueda decirlo, o debes poder decir que gracias a la ley de amnistía se reduce el conflicto y, por eso, necesitas que los líderes independentistas se comprometan a dejar de presionar", reflexiona el catedrático de derecho constitucional Joaquín Urías. Sintetiza los dos elementos en los que coinciden los distintos expertos consultados por el ARA: que hay que ir con pies de plomo jurídicamente para superar el filtro de la carta magna –una hipotética ley de amnistía acabaría seguro en el Tribunal Constitucional– y que esto hace esencial la fundamentación, aunque sea política.

"Con esta premisa, el espíritu de una ley de amnistía debería ser necesario un olvido judicial para resolver un conflicto político entre dos partes", apunta Marco Girona, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Girona. Por eso, ve imprescindible que el independentismo asuma que los policías encausados por la brutalidad del 1-O también deberían beneficiarse. La proposición de ley que los partidos soberanistas presentaron en el Congreso en la anterior legislatura, impulsada por Òmnium –que pilota un recuento sobre causas vinculadas al Procés del que se ha servido el ARA para complementar el reportaje– y rechazada por PSOE, PP y Vox en la mesa, excluía a los agentes.

El alcance de la amnistía

Uno de los debates importantes sobre la ley de la amnistía es, pues, su alcance. Queralt, el catedrático en derecho constitucional Javier Pérez Royo y el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín comparten la visión que este mecanismo debe servir para hacer tabula rasa de todas las causas, desde el 9-N hasta las consecuencias del 1-O, incluida la del Tribunal de Cuentas. Por el contrario, Aparicio ve más recurrido a una ley de amnistía acotada a casos puntuales, dado que es importante calibrar los bienes o intereses que quedarían desprotegidos con la amnistía. Es decir, una pena de prisión por un delito de malversación puede ser más fácilmente amnistiable que la indemnización que correspondería a un policía víctima de lesiones por parte de un activista, por ejemplo. Por eso, Aparicio plantea la hipótesis de una combinación de medidas: la amnistía, nuevas reformas del Código Penal y eventuales indultos.

"Hay muchas teclas a la vuelta de la esquina", admite Queralt, por lo que defiende una "reserva exquisita" en las negociaciones. También mantiene la confidencialidad el exjefe de filas de los comunes en Madrid, Jaume Asens –no ha querido atender al ARA–, en nombre de Sumar. Según Yolanda Díaz, pilota un grupo de juristas, entre ellos algunos de los citados, que están analizando posibles salidas. Por el momento, Pedro Sánchez se ha limitado a decir que "el diálogo es el método y la Constitución el marco". Es decir, que no descarta una amnistía.