MadridEl desahucio de Maricarmen, la vecina madrileña de 87 años que va en silla de ruedas, ha desatado la polémica en todo el Estado. El caso se ha convertido en simbólico por su vulnerabilidad, y las protestas, que este miércoles se concentraron ante su edificio para intentar impedir que la echaran de casa, han tenido eco político. En general, las administraciones y los partidos se han ido pasando la pelota los unos a los otros señalando responsables. El presidente español, Pedro Sánchez, por ejemplo, apuntó directamente a la presidenta madrileña por estar más preocupada "por comprar áticos". Este jueves ha respondido Isabel Díaz Ayuso, dejando claro que ella no cree que el de Maricarmen sea un caso extraordinario: "Es uno de los 25.000 [desahucios] que se producen cada año".
"Nos intentan deshumanizar y acosar", ha criticado Ayuso en una intervención ante el Círculo de Empresarios. De hecho, no ha dudado en volver a hablar de Cataluña para recordar que, aunque se la critique a ella, "por cada desahucio que se produce en Madrid hay cinco en Cataluña". Según datos del Poder Judicial, efectivamente durante 2025 se realizaron 25.540 "lanzamientos" [desahucios], de los cuales 6.814 en Cataluña (26,7%). En la Comunidad de Madrid se hicieron 2.267 (8,9%), es decir, tres veces menos. Ahora bien, Madrid tiene un millón menos de habitantes que Cataluña y un 8% más de renta neta media por hogar, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
"Ayer vimos un hecho estremecedor: cómo se desahuciaba, sin alma, a una persona de 87 años. La ceguera, la codicia del dinero, que pisotea a una persona de 87 años. Este no es el modelo de sociedad que queremos. Las instituciones estamos para combatir esto, al menos las catalanas", ha reaccionado este jueves el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Antes, en Catalunya Ràdio, lo había hecho su portavoz, Sílvia Paneque, acusando a Ayuso de "mentir" y le ha recordado que en el último trimestre en Cataluña se han detenido 43 desahucios y, en cambio, en Madrid solo 7. "Genera una noticia falsa para ocultar las vergüenzas propias", ha espetado la consejera.
El derecho a la vivienda
El pasado mes de junio el relator especial para la Vivienda de las Naciones Unidas, Koldo Casla, ya se pronunció sobre el desahucio de Maricarmen Ara, lo ha vuelto a hacer, 24 horas después de la ejecución de la sentencia de desahucio, poniendo en el punto de mira la ley española: "El caso pone de manifiesto que actualmente la legislación española no garantiza un análisis de proporcionalidad individualizado", denuncia. "No se entiende que la rentabilidad de una inversión inmobiliaria pase por delante del derecho a la vivienda de una mujer de 87 años que cobra 1.300 euros de pensión y hace 70 años que vive en una casa", ha añadido Casla en una breve declaración a los medios de comunicación.
El relator de Naciones Unidas recuerda que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ya pidió medidas cautelares para suspender el desahucio de Maricarmen temporalmente. "La jueza debería haberlo hecho para evitar un daño irreparable [...] La legislación procesal requiere una enmienda", señala Casla, que recuerda que hasta que no existe una alternativa habitacional "viable y justa" por parte del Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma correspondiente, "todo desahucio que pueda dejar a alguien en la calle se tendría que detener". También el Defensor del Pueblo ha exigido a las administraciones y poderes públicos "medidas urgentes" para evitar los desahucios de personas vulnerables.
Sumar exige expropiar el piso
Mientras tanto, Sumar, el socio minoritario en el gobierno español, presiona de nuevo al PSOE para aprobar de forma inmediata —en el consejo de ministros de la semana que viene— un decreto en materia de vivienda que recoja una moratoria de los desahucios de aquellas personas vulnerables y ponga freno a situaciones como la vivida este martes en Madrid, pero también en otros puntos del Estado. De hecho, el decreto en materia de vivienda ya se tenía que aprobar antes del verano, pero ante la falta de apoyos en el Congreso el gobierno lo dejó para septiembre. El ejecutivo de Pedro Sánchez tiene que negociar con los socios de investidura, en especial con Junts (que rechazó el último decreto que recogía medidas antidesahucios), si quiere que la norma salga adelante. Fuentes de Junts explican que hay negociaciones en marcha y que hace dos semanas que se entregó en mano a Pedro Sánchez un documento con las medidas concretas que estarían dispuestos a aprobar.
De forma urgente, Sumar exige que se expropie el piso de Maricarmen a la propiedad actual, el fondo de inversión Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L. y también reclama un paquete de medidas para congelar los alquileres, tal como han dicho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la titular de Infancia, Sira Rego y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy a través de las redes sociales.
Este era el cuarto intento de desahucio al cual se enfrentaba Maricarmen. El fondo de inversión planteaba un incremento del alquiler hasta los 1.650 euros, que la vecina del barrio madrileño del Retiro no podía afrontar: tiene una pensión de 1.350 euros y hasta ahora pagaba 500 de alquiler, porque tenía un contrato de renta antigua. A pesar de los intentos de negociación, el fondo se había cerrado en banda y rechazó cualquier acuerdo, incluso el de una persona anónima que quería asumir la renta. De momento, la vecina ha pasado la noche en un hospital y el Ayuntamiento de Madrid ha asegurado que tiene una "plaza de emergencia" para ella en una residencia. El fondo de inversión se ha querellado contra el Sindicato de Inquilinas por vulneración del derecho al honor, entre otros, porque le han señalado como "un fondo buitre". El sindicato, al que piden 10.000 euros, ya ha dicho que no tiene ninguna intención de retractarse.
Óscar Puente (PSOE) reprocha a la izquierda las "lecciones" en materia de vivienda
En medio del impacto social y político que ha tenido el desahucio de Maricarmen, el ministro de Transportes, Óscar Puente (PSOE), ha entrado al choque directo con los partidos de izquierda en el Estado, en particular con Sumar, por sus exigencias en materia de vivienda. "A ver si todo esto sirve al menos para que aquellos que resolverían el problema de la vivienda en un pim-pam, resuelvan otro problema que debería ser más sencillo: el suyo. Solo tienen que ponerse de acuerdo y no presentarse bajo 20 siglas y regalarle el gobierno a la ultraderecha. Eso es coser y cantar", ha espetado el ministro en un mensaje en la red social X.
Este martes, Puente también recriminaba a los partidos a la izquierda del PSOE que le dieran "lecciones" de cómo se debe ser de izquierdas. "A mí a ser de izquierdas y valiente no me gana ni [Ada] Colau ni nadie", afirmaba Puente después de que la exalcaldesa de Barcelona pidiera a los Comunes salir del gobierno del Estado si no se actuaba contra los fondos buitre. Ante las palabras de Puente, la líder de Más Madrid en la Comunidad y ministra de Sanidad, Mónica García, le ha pedido "no confundirse de adversario": "No es a Ada Colau a quien se le debe pedir una rendición de cuentas".