MadridEl pasado mes de junio la ONU se pronunció sobre el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años de Madrid a quien este miércoles han echado de su casa provocando una fuerte conmoción social en todo el Estado. Ahora, lo ha vuelto a hacer, 24 horas después de la ejecución de la sentencia de desahucio, poniendo en el punto de mira la ley española: "El caso pone de manifiesto que actualmente la legislación española no garantiza un análisis de proporcionalidad individualizado", denuncia Koldo Casla, relator especial para la Vivienda en las Naciones Unidas. "No se entiende que la rentabilidad de una inversión inmobiliaria pase por delante del derecho a la vivienda de una mujer de 87 años que cobra 1.300 euros de pensión y hace 70 años que vive en una casa", añade Casla en una breve declaración a los medios de comunicación.
El relator de Naciones Unidas recuerda que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ya pidió medidas cautelares para suspender el desahucio de Maricarmen temporalmente. "La jueza debería haberlo hecho para evitar un daño irreparable [...] La legislación procesal requiere una enmienda", señala Casla, quien recuerda que hasta que no existe una alternativa habitacional "viable y justa" por parte del Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma correspondiente, "todo desahucio que pueda dejar a alguien en la calle se debería detener". También el Defensor del Pueblo ha exigido a las administraciones y poderes públicos "medidas urgentes" para evitar los desahucios de personas vulnerables.
Ayuso le resta importancia: "Es uno de los 25.000 [desahucios] que se producen cada año"
La ejecución del desahucio de Maricarmen ha abierto una trifulca política entre administraciones y entre partidos políticos. De entrada, el gobierno español responsabiliza al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid por no haber evitado el desahucio de esta anciana de 87 años. Un reproche que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado: "Nos intentan [al gobierno madrileño] deshumanizar y acosar", ha afirmado en una intervención este jueves ante el Círculo de Empresarios. La presidenta madrileña ha restado importancia al desahucio: "Es uno de los 25.000 [desahucios] que se producen cada año", ha dicho, y no ha dudado en lanzar un dardo a Cataluña: "Por cada desahucio que se produce en Madrid hay cinco en Cataluña".
En declaraciones a Catalunya Ràdio, la consejera de Territorio y Vivienda y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ha querido desmentir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien ha acusado de mentir: "Genera una noticia falsa para ocultar las vergüenzas propias", ha espetado la consejera. Para Paneque, que en el último trimestre en Cataluña "se hayan detenido 43 desahucios [en Cataluña] y en Madrid solo 7" convierte las palabras de Ayuso en falsas. "Los datos que da Ayuso no corresponden a la realidad", ha remachado.
Sumar exige expropiar el piso
Mientras tanto, Sumar, el socio minoritario en el gobierno español, presiona de nuevo al PSOE para aprobar de forma inmediata —en el consejo de ministros de la semana que viene— un decreto en materia de vivienda que recoja una moratoria de los desahucios de aquellas personas vulnerables y ponga freno a situaciones como la vivida este martes en Madrid, pero también en otros puntos del Estado. De hecho, el decreto en materia de vivienda ya debía aprobarse antes del verano, pero ante la falta de apoyos en el Congreso el gobierno lo dejó para ahora en septiembre. El ejecutivo de Pedro Sánchez debe negociar con los socios de investidura, en especial con Junts (que rechazó el último decreto que recogía medidas antidesahucios), si quiere que la norma salga adelante.
A la vez, Sumar exige que se expropie el piso de Maricarmen a la propiedad actual, el fondo de inversión Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L. Y también reclama un paquete de medidas para congelar los alquileres, tal como han dicho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la titular de Infancia, Sira Rego y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy a través de las redes sociales.
Este era el cuarto intento de desahucio al que se enfrentaba Maricarmen. El fondo de inversión planteaba un incremento del alquiler hasta los 1.650 euros, que la vecina del barrio madrileño del Retiro no podía afrontar: tiene una pensión de 1.350 euros y hasta ahora pagaba 500 de alquiler, porque tenía un contrato de renta antigua. Pese a los intentos de negociación, el fondo se había cerrado en banda y rechazó cualquier acuerdo, incluso el de una persona anónima que quería asumir la renta. De momento, la vecina ha pasado la noche en un hospital de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid ha asegurado que tiene una "plaza de emergencia" en una residencia.
Óscar Puente (PSOE) reprocha a la izquierda las "lecciones" en materia de vivienda
En medio del impacto social y político que ha tenido el desahucio de Maricarmen, el ministro de Transportes, Óscar Puente (PSOE), ha entrado en choque directo con los partidos de izquierda en el Estado, en particular con Sumar, por sus exigencias en materia de vivienda. "A ver si todo esto sirve al menos para que aquellos que resolverían el problema de la vivienda en un pim-pam, resuelvan otro problema que debería ser más sencillo: el suyo. Solo tienen que ponerse de acuerdo y no presentarse bajo 20 siglas y regalarle el gobierno a la ultraderecha. Eso es pan comido", ha espetado el ministro en un mensaje en la red social X.
Este martes, Puente también recriminaba a los partidos a la izquierda del PSOE que le dieran "lecciones" de cómo se debe ser de izquierdas. "A mí a ser de izquierdas y valiente no me gana ni [Ada] Colau ni nadie", afirmaba Puente después de que la exalcaldesa de Barcelona pidiera a los Comunes salir del gobierno del Estado si no se actuaba contra los fondos buitre. Ante las palabras de Puente, la líder de Más Madrid en la Comunidad y ministra de Sanidad, Mónica García, le ha pedido "no confundirse de adversario": "No es a Ada Colau a quien se le tiene que pedir una rendición de cuentas".
