La operación Cataluña, la competencia y la inconcreción: las quejas de las defensas el primer día del juicio a los Pujol

San Fernando de Henares / BarcelonaLa primera jornada del juicio en la familia Pujol Ferrusola deja dos imágenes para la historia: el expresidente de la Generalitat siguiéndole telemáticamente desde su casa y sus siete hijos sentados en el banquillo de los acusados. Y pone de manifiesto dos hojas de ruta diferenciadas y complementarias en la estrategia de defensa: un enfoque que resalta la falta de competencias de la Audiencia Nacional para juzgar los hechos y la prescripción de los delitos por los que se les acusa y un planteamiento que pone énfasis en el impacto que tuvo la operación Catalunya.

Una vez el tribunal ha comunicado que Jordi Pujol y Soley sería juzgado, quien ha abierto la veda ha sido Cristóbal Martell, el abogado del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola. Él mismo ha puesto de manifiesto el reparto de papeles: se ha quejado de que el tribunal denegara que un "grupo de policías de la mal llamada policía patriótica" declaren como testigos, pero ha avanzado que es una cuestión que cedía a "otras defensas" para desarrollarla a fondo. Y así fue.

"La operación Catalunya no es baladí"

El abogado de Oriol Pujol ha sido el que ha abanderado una defensa más política y el que ha puesto explícitamente sobre la mesa la operación Catalunya. Y no es casualidad: él fue secretario general de Convergència y el letrado fue responsable jurídico del partido. Como primera carta, Francesc Sánchez ha criticado que el inicio de la causa es "ilícito" porque nace de la denuncia que hizo Vicky Álvarez -exparella de Jordi Pujol Ferrusola- que estuvo acompañada de la "voluntad" de "pseudopolicías" y "parte del aparato del Estado" de querer. "La operación Catalunya no es baladí", ha subrayado.

Francesc Sánchez remató la asistencia que le había hecho su predecesor en el turno de palabra: Jaime Campaner, el abogado de Josep Pujol Ferrusola, que también se remontó a la génesis de la causa. Ha presentado la portada deEl Mundo sobre la fortuna de los Pujol en Andorra como el "pecado original", le ha bautizado como un "striptease bancario" y ha denunciado que las pruebas se obtuvieron de forma "inconstitucional y delictiva". El abogado ha instado al tribunal a dictaminar si esa prueba se logró vulnerando derechos fundamentales y, por tanto, ha comportado la "contaminación" de todo el proceso. Y no se ha olvidado del papel del excomisario José Manuel Villarejo: "Hay indicios racionales de participación de sujetos vinculados al poder estatal".

La causa, en Barcelona

El segundo caballo de batalla en la sesión inaugural del juicio fue la "incompetencia" de la Audiencia Nacional para juzgar el caso. Cristóbal Martell ha sido el encargado de esgrimir que este órgano judicial "sólo" es competente cuando el delito se comete "íntegramente en el extranjero" y ha recordado que, dado que los delitos de los que se acusa a los Pujol habrían pasado en España, quien debería juzgar el caso es la Audiencia de Barcelona. Por eso ha pedido que se traslade la causa a los tribunales de Catalunya.

"Vaguedad y generalidad"

Un diagnóstico en el que coincidieron las defensas fue la "vaguedad y generalidad" de la acusación. Quien ha puesto más la lupa ha sido Josep Oriol Rusca, el letrado de Mercè Gironès, la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola: "Del escrito del ministerio fiscal, yo no sé exactamente qué ha hecho mi representada", se ha quejado por alegar que sufre una "indefensión brutal" por unas imputaciones. "¿En qué ha participado ella? ¿Qué ha hecho ella concretamente para que yo pueda decir si es cierto o no? Es imposible, no existe", ha denunciado el abogado, que se ha preguntado -irónicamente- si es delito "ser la pareja o la expareja" del mayor de los Pujol.

El resto de letrados se han expresado en una línea similar. "La acusación es vaga e inconcreta; esto hace prácticamente imposible la defensa", ha lamentado Cristóbal Martell. "¿Qué concursos? ¿Qué resolución? ¿Qué mesa de contratación?", se ha preguntado en relación a las supuestas adjudicaciones públicas irregulares. El abogado de Josep y el de Oriol también han alegado la vulneración del derecho de defensa y de ser informado de la acusación, por un lado, y la del principio acusatorio, por otro.

Parte de los delitos han prescrito

Por último, las defensas de todos los hijos han convergido en denunciar que parte de los delitos han prescrito. Es decir, ya no pueden perseguirse penalmente. En el caso de Josep, Jaime Campaner ha destacado que el "desbordamiento del límite temporal infranqueable" afecta "especialmente" al delito fiscal que se le atribuye porque no fue hasta dos años después de superar el plazo para investigarlo que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) aportó el informe. Igualmente, el abogado de Jordi ha arguido que dos de los cinco delitos fiscales de los que la Fiscalía le acusa (de 2007 y 2008) han prescrito y el de Oriol Pujol ha esgrimido que sus dos delitos también han quedado en papel mojado. Apuntaron que el blanqueo de capitales prescribe a los diez años y los delitos contra la hacienda pública, a los cinco. Y hace más de doce que se inició la instrucción.