Optimismo en los partidos por un acuerdo inminente sobre el catalán

Barcelona"Estamos muy cerca de llegar a este acuerdo". Así se expresaban este lunes los portavoces de ERC y los comuns, Marta Vilalta y Joan Mena, después de semanas de conversaciones e intercambio de documentos para llegar a un pacto sobre el catalán que también reúna a Junts y al PSC. A falta de una semana para que expire el plazo que dio el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para aplicar el 25% del castellano en todas las aulas de Catalunya (31 de mayo), los partidos trabajan a contrarreloj y, según varias fuentes, el pacto en el Parlament podría llegar en las próximas horas. La proposición de ley a la cámara, que contaría con el apoyo de los cuatro grupos y explicitaría que el uso de las lenguas oficiales se tiene que decidir de acuerdo con criterios pedagógicos y no por porcentajes, se complementaría con el decreto ley del Govern que –tal como avanzó el ARA – rechazaría explícitamente las cuotas lingüísticas en la escuela. Los flecos del primer texto, que se tramitaría por la vía de urgencia, todavía se están acabando de hablar y, de momento, este lunes ya no se ha entrado ninguna nueva propuesta en el registro del Parlament, que cerraba a las 18 horas. Un hecho que hace augurar una negociación al límite.

Los diferentes posicionamientos políticos, esencialmente entre Junts y el PSC, hacen difícil llegar a un pacto que los contente a los dos. Es por eso que podría haber mayorías diferentes en función de la iniciativa: los socialistas podrían dar luz verde a la proposición de ley, pero mantenerse fuera del pacto para impulsar el decreto del Govern, que también tendría que ser convalidado en la cámara catalana. La cuestión clave es cómo queda reflejado el rechazo a los porcentajes en la enseñanza. En el decreto ley se dice de manera tajante, de forma que entra en colisión con la resolución judicial y el PSC no lo apoyará. En la proposición de ley, por el contrario, se estaría buscando una fórmula que huyera de los porcentajes pero que no confrontara directamente el contenido de la sentencia –tal como explicó el ARA el viernes–. Una manera de mantener a Junts –que reclama el rechazo a las cuotas– y al PSC a la vez en el consenso.

Este lunes todos los partidos han dicho la suya después de las conversaciones que han mantenido el fin de semana. Vilalta (ERC) se ha confesado "optimista" en cuanto a las conversaciones y ha valorado la "generosidad" de todas las partes para reconstruir el consenso, que saltó por los aires el 24 de marzo cuando Junts se desmarcó de la propuesta para modificar la ley de política lingüística que introducía el castellano como lengua vehicular. Un diagnóstico parecido al que Joan Mena ha hecho en nombre de los comuns, que han pedido un "último impulso" para acabar de cerrar el pacto. A los extremos de la negociación, por el contrario, Josep Rius (Junts) continuaba insistiendo en la necesidad de que el rechazo a las cuotas se plasme en todas las iniciativas legislativas, mientras que Lluïsa Moret (PSC) se remitía al acuerdo subscrito el 24 de marzo para reformar la ley de política lingüística. Los dos partidos, sin embargo, han renunciado a romper la disputa. Moret, por ejemplo, ha admitido que están abiertos a aceptar "matices" del entendimiento inicial siempre que se mantengan los "elementos sustanciales", y ha condicionado así su apoyo al pacto al hecho que el castellano también se fije como lengua de aprendizaje en la escuela.

Los partidos también han mantenido contacto directo con las entidades pro lengua y la CUP, que de momento no avala ninguna de las iniciativas. Este lunes por la tarde representantes de Esquerra, Junts y los comuns se han reunido con la entidad Som Escola, una plataforma que reúne a entidades de la comunidad educativa, para trasladarles el paquete de medidas que están acabando de cerrar. En todo caso, en declaraciones a TV3, la diputada Eulàlia Reguant ha cargado contra las medidas considerando que van "en la línea opuesta a la defensa de la inmersión".

Calendario

Si se llega a un pacto, ¿qué pasos se seguirían? Si hay acuerdo este lunes, la proposición de ley se entraría en registro del Parlament este martes a primera hora y así se iniciaría la tramitación de urgencia a la cámara catalana para poderla aprobar antes del 31 de mayo. La idea sería aprobarla a lo largo de este pleno, como mucho el jueves o el viernes por lectura única –es decir, en un solo debate– con el apoyo de ERC, Junts, el PSC y los comuns. Por otro lado, el Govern aprobaría el decreto ley una vez que se tuviera cerrado el texto legal del Parlament, de forma que podría aprobarse en el consejo ejecutivo de este martes o en uno de extraordinario esta semana.

Aun así, podría haber trabas en el calendario que dibujan estas formaciones políticas si dos grupos parlamentarios deciden pedir un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias. Esto atrasaría la aprobación: el ente tiene una semana para pronunciarse en trámite de urgencia. Este movimiento lo podrían hacer Cs y Vox, puesto que la última vez que lo intentó el PP la mesa del Parlament lo rechazó para no ser un grupo parlamentario (tiene tres diputados). La extrema derecha, en todo caso, hasta ahora no ha optado nunca para solicitar el parecer del Consejo de Garantías.