Los partidos ultiman una propuesta para intentar salvar la ley del catalán

BarcelonaUn paso más en dirección a dar una respuesta cuanto más transversal mejor –que implique a PSC, ERC, Junts y comunes– a la sentencia que impone el 25% del castellano en las escuelas. Después de días de conversaciones intensas, los partidos ultiman dos documentos –un decreto y una ley– que ahora tendrán que debatir internamente en las respectivas direcciones a pesar de que Junts ayer no daba por cerrado uno de ellos y esperaba cambios durante el fin de semana. ¿En qué punto? La proposición de ley que hay sobre la mesa, y a la cual ha tenido acceso el ARA, elimina el rechazo explícito a los porcentajes en el uso de las lenguas en la escuela que el jueves plantearon JxCat y ERC, y que el PSC se negó a suscribir. En la nueva versión del documento se ha optado por una fórmula más ambigua que establece que “el alcance de la presencia [de las diferentes lenguas] se tiene que determinar con criterios exclusivamente pedagógicos”. Un extremo que ahora mismo Junts no avala.

Además, cuando se habla del uso de las lenguas en los centros, se ha añadido el término uso curricular para subrayar que se hace referencia a la utilización del catalán y el castellano dentro del aula. El rechazo explícito a los porcentajes, en cambio, sí que se mantiene en el decreto ley que prepara el Govern –pactado entre ERC y Junts– y que se quiere tramitar al margen de la ley. Con estos elementos sobre la mesa se avanza hacia dos votaciones diferenciadas en el pleno. La incógnita, a estas alturas, es con qué mayorías quedaría cada una.

Así, la última actualización de la ley, que modifica la propuesta inicial hecha por el independentismo, puede servir para contentar al PSC. El líder socialista Salvador Illa fue tajante este viernes al rechazar una ley que pusiera negro sobre blanco la oposición al 25%, como planteaban los independentistas, puesto que no quieren votar un texto que entre en contradicción con la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En cambio, este jueves la vice primera secretaria del partido y parte del equipo negociador, Alícia Romero, ha rebajado el tono. A pesar de insistir en defender la reforma de la ley de política lingüística, ha admitido que los socialistas están abiertos a estudiar otras vías si se mantienen los "principios y criterios", y ha instado a encontrar un "equilibrio" para recuperar el consenso. ¿Cuáles son estos criterios? Asegurar "el catalán como centro de gravedad, pero teniendo en cuenta que el castellano tiene que ser lengua de aprendizaje", ha dicho.

Lo más difícil es que el PSC y Junts voten un texto en común, puesto que son los dos partidos que parten de posiciones más alejadas. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, insistía esta mañana en la SER Catalunya que "no se valen rebajas" en la defensa del catalán y consideraba que hace falta un acuerdo que "no genere una alarma social como sí que generó la modificación de la ley de política lingüística". Según la líder de Junts en el Parlament, se tiene que "hacer frente" a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), no "colaborar para aplicarla". Un punto de vista muy diferente del de Romero, que ha recalcado que las sentencias judiciales se tienen que cumplir y pedía a Junts que "deje de hacer partidismo".

Fuentes de Junts ven factible llegar a un acuerdo cuanto más amplio mejor a pesar de que otros creen que tampoco pasaría nada si la proposición de ley y el decreto ley se aprobaran con mayorías diferentes. La proposición de ley –que incluye peticiones de JxCat como por ejemplo que Educación tenga la última palabra a la hora de validar los proyectos de cada centro– se podría aprobar con el voto de Esquerra, el PSC y los comunes –y Junts en función de lo que decida la ejecutiva–, mientras que el decreto ley –con el rechazo explícito a los porcentajes– podría reunir Esquerra, Junts, los comunes e, incluso, la CUP. Voces de los anticapitalistas explican que han recibido el borrador del decreto, pero remarcan que no apoyarán a nada que no esté consensuado con la comunidad educativa. A pesar de que hasta ahora se han situado al margen de las negociaciones, en los últimos días han recibido la documentación que ha resultado. El diputado cupero Carles Riera ha defendido en declaraciones a la ACN este viernes un "marco de diálogo franco y sincero" con los sindicatos educativos y las entidades prolengua. En cualquier caso, ha afirmado que hoy por hoy las propuestas que hay sobre la mesa no garantizan el blindaje de la inmersión lingüística.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, está "convencido" de que los partidos cerrarán un acuerdo por el catalán "lo más pronto posible". En declaraciones desde Torà ha agradecido "el esfuerzo" de los grupos para buscar un consenso a pesar de partir de "visiones diferentes". En paralelo, la líder de En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha asegurado desde Rubí que el acuerdo está “más cerca hoy que ayer”.

Mientras tanto, el plazo dado por el TSJC está cada vez más cerca: el 31 de mayo es la fecha tope para ejecutar la sentencia y Cs y Vox ya han anunciado querellas si no se aplica. Los grupos podrían forzar la votación de las dos iniciativas en el pleno de la semana que viene o bien convocar uno extraordinario. Tienen estos diez días, pues, para encontrar una solución cuanto más amplia mejor.