El Parlament ha concedido 62 licencias por edad desde el año 2008

BarcelonaDesde que en julio de 2008 se creara la posibilidad de acceder a la licencia por edad en el Parlament, se han concedido 62 solicitudes de este régimen especial que permite cobrar sin trabajar. Según datos entregados por la misma cámara catalana en el marco de la petición de transparencia que hizo el ARA, se autorizaron siete durante la presidencia de Ernest Benach, cuando empezó el sistema especial, y a partir de aquí han ido aumentando de forma exponencial: se dieron catorce con Núria de Gispert, once con Carme Forcadell y hasta dieciocho durante el mandato de Roger Torrent. Durante este 2021, con la presidencia de Laura Borràs, se han concedido 12, a pesar de que no se están ejecutando, puesto que la mesa ha decidido acabar con este régimen especial y estudia si las puede revertir después de que el ARA destapara el lunes que el Parlament destina 1,7 millones de euros anuales a retribuir a 21 funcionarios que ya no trabajan.

Así pues, a pesar de que los sucesivos presidentes del Parlament aseguren estos días que no conocían este régimen especial, lo cierto es que durante su mandato no solo la cámara catalana estaba pagando nóminas a funcionarios que no acudían a su puesto de trabajo, sino que se autorizaron nuevas. Ahora bien, no lo hicieron directamente ellos ni la mesa de turno, sino que quien se encarga de recibir las solicitudes para gestionar las licencias por edad son, por normativa, los secretarios generales, que nombra la mesa del Parlament por confianza política y que tienen las funciones de gobernar la administración de la cámara.

Por lo tanto, quienes ha dado luz verde a las 62 licencias han sido Imma Folchi –que más adelante se ha acogido ella misma a este régimen–, durante las presidencias de Benach y De Gispert; Pere Sol –que también solicitó el régimen especial antes de jubilarse–; Xavier Muro, con Carme Forcadell y Roger Torrent; y la actual secretaria general, Esther Andreu, ahora con Borràs, ha concedido 12 –aplazadas de forma temporal– mientras se estaba reformando el modelo que reducía de cinco a tres años la posibilidad de cobrar sin trabajar.

Para acceder a las licencias de edad se tienen que cumplir unos determinados requisitos formales –llegar a los 60 años y llevar más de 15 años trabajados en el Parlament– y solo se pueden aplazar por “necesidades de servicio” de cada unidad. A pesar de que, como muestran los datos, las licencias de edad han sido una constante desde que se crearon en 2008, hasta ahora los sucesivos presidentes han alegado desconocimiento o no tener suficientes datos. El miércoles el expresidente del Parlament Roger Torrent aseguró desde Madrid que no tenía información sobre este régimen especial y que si lo hubiera sabido habría actuado de otro modo. Una justificación similar a la que dio el lunes De Gispert, consultada por el ARA: “No sabía que las cifras [de los sueldos] eran tan altas. Ni se habló ni se le dio importancia. No debatimos nada, sino que lo asumimos como una ley hecha”. Forcadell no se ha pronunciado sobre esta cuestión, mientras que Benach ha justificado su puesta en marcha por el “contexto”. Borràs, a su vez, ha reivindicado haber iniciado una reforma para endurecer las condiciones de acceso, a pesar de que no ponía fin a este régimen especial de trabajar sin cobrar.

Reproches cruzados

El episodio de las licencias por edad, destapado por el ARA, ha generado tensiones también entre los miembros de la mesa del Parlament. Este jueves la vicepresidenta segunda de la mesa y diputada socialista, Assumpta Escarp, que se encarga de la transparencia en la cámara, ha reprochado a Borràs que no diera toda la información sobre las licencias por edad en la reunión del 21 de diciembre, cuando el órgano aprobó endurecer las condiciones para acceder a este régimen especial, pero no eliminarlo. “Las cosas se han hecho mal” y la licencia por edad “no tendría que haber existido”, ha dicho en una entrevista a Radio 4 y La 2, pero también ha afirmado que “se ha roto la cadena de confianza” con la presidenta por no haberles trasladado, según ella, todas las implicaciones del caso. Ahora bien, el miércoles en el Més 324 Borràs negó la mayor: dijo que todos los grupos estaban al corriente de los cambios. Para demostrarlo exhibió un documento negociado con el consejo de personal de la cámara que habían pilotado los secretarios Aurora Madaula (JxCat) y Ferran Pedret (PSC). Quien también se ha pronunciado sobre esto ha sido el presidente, Pere Aragonès, a el Planta Baixa de Tv3, a pesar de que se ha limitado a decir que celebra que se acabe con este privilegio.