3,9 millones de euros en premios de jubilación: el otro privilegio de los funcionarios del Parlament

BarcelonaLas licencias por edad (reformadas por última vez durante 2022) no son el único privilegio que tienen los funcionarios del Parlament. También existe lo que se denomina subsidio de jubilación, más popularmente conocido en la cámara catalana como "premio de jubilación". ¿Qué es? ¿Qué implica para las arcas públicas del Parlament? ¿Cuál es su origen? El ARA ha hecho varias peticiones de transparencia para poner cifras a una figura que consiste en percibir, en el momento de la jubilación, hasta un año de sueldo extra y que, en el caso de la excúpula funcionarial, supera los 100.000 euros brutos de media. En algunos casos podría ser más, puesto que la regulación ha variado a lo largo de los años.

Según los datos entregados por el Parlament, se ha pagado esta prima de jubilación a 71 personas de las 81 que se han jubilado en la cámara, con un coste total de 3,9 millones de euros para el erario público. Este privilegio se podía combinar, además, con las licencias por edad –que desde 2008 han supuesto 14,3 millones de euros al Parlament –, de forma que ha habido funcionarios que han estado cobrando hasta cinco años sin trabajar y, al jubilarse, han percibido además un año extra de sueldo. La misma cámara catalana ha admitido que esto ha pasado en el caso de 34 personas, entre las cuales hay funcionarios de máximo nivel.

El trozo de pastel más gordo se lo han llevado ex jefes de departamento o ex letrados, es decir, del nivel A17 y superior. El Parlament reconoce que ha pagado por cinco altos funcionarios que ya hacía años que estaban en licencia por edad un total de 528.425 euros de los presupuestos públicos en concepto de subsidio de jubilación. La cámara se ha negado a individualizar qué ha percibido cada cual escudándose en la protección de datos. Teniendo en cuenta que llevaban entre uno y cinco años cobrando entre 6.000 y 10.000 euros al mes sin prestar servicios efectivos en el Parlament –la cifra varía en función de sus trienios–, el montante total es bastante más elevado (véase la publicación del ARA sobre las licencias por edad). 

El Parlament también admite haber pagado cifras similares por cinco altos cargos más cuando se jubilaron, pero que no se habían acogido a las licencias y estaban trabajando. Es decir, en total la cámara ha destinado casi 1 millón de euros (986.126) a diez funcionarios del nivel más alto en premios de jubilación.

De la misma manera han cobrado estos subsidios los niveles inferiores. Hay un conjunto de ocho personas de categoría A1 de nivel 12 a 16 –jefes de área de los diferentes departamentos y técnicos de la administración– que han percibido 650.374 euros brutos (una media de 81.296 euros cada uno) y que también estaban en licencia por edad. De la misma categoría ha habido dos personas que, sin estar en licencia por edad, percibieron 98.166 euros de premio de jubilación (49.083 euros cada una).

De los datos totales, llama la atención que el Parlament se ha gastado más dinero en pagar subsidios de jubilación a personas que ya no trabajaban en este (provenientes de licencia) –2,3 millones– que a pagar premios a trabajadores que han acabado su vida laboral prestando servicios en el Parlament –1,5 millones–: casi un millón de euros de diferencia.

La presidencia de Benach

A pesar de que el artículo sobre el subsidio se introduce en 1997 -según el mismo Parlament -, no siempre ha tenido la misma dimensión. El ARA ha tenido acceso a todos los acuerdos que tienen que ver con los trabajadores de la cámara desde 1980, que se negocian entre representantes de la mesa, la secretaría general y la dirección de gobierno interior y que también implican al consejo de personal, una especie de comité de empresa del Parlament. A través de la información obtenida, se constata que es en 2008 durante la presidencia de Ernest Benach –con Imma Folchi de secretaria general y Xavier Muro dirigiendo el gobierno interior– cuando se aprueban las cláusulas más inéditas, siendo su paradigma la creación de las licencias por edad y la prima de jubilación. 

El subsidio de jubilación pasa entonces a ser una anualidad entera para todos los funcionarios que se jubilan en "edad reglamentaria" –entonces era a los 65 años y se ha ido acercando progresivamente a los 67–, sin ningún límite, hecho por el cual los altos cargos que acumulan muchos trienios pueden superar los 100.000 euros. En 1997, cuando se creó el sistema, se había puesto un límite muy inferior: 6.000 euros. Los prejubilados también consiguen beneficiarse de ello. A partir de 2008, a los 60 años podían cobrar 30 mensualidades, es decir, dos años y medio de sueldo; a los 61 se llevaban 26 mensualidades; 24 mensualidades por los que se fueran a los 62 años; 20 para los de 63, y 16 mensualidades para los prejubilados a los 64 años.

Este acuerdo, además de por Folchi, está firmado en 2008 por la entonces directora de recursos humanos, Begoña Benguria, además del consejo de personal de la cámara, pilotado entre otros por Lluís Pibernat, entonces director del área de servicios educativos. Y, por la parte política, firman los representantes de la mesa encargados de los temas de personal: la secretaria primera de la mesa, Lídia Santos (PSC), mientras que el vicepresidente de la época, Ramon Camp (CiU), excusa su ausencia el día de la firma a pesar de haber participado en la negociación. En todo caso, fuentes del Parlament remarcan que el pacto lo avaló toda la mesa, en la cual había también miembros de ERC y del PP.

La combinación más beneficiosa

A partir de 2008, pues, se podía cobrar cinco años sin trabajar lo mismo que se percibía trabajando y, además, ingresar un año más de sueldo en el momento de jubilarse. Según fuentes consultadas por el ARA, esta es la combinación por la cual optaron, precisamente, varios de los altos cargos funcionariales (algunos de ellos partícipes de la negociación sobre el acuerdo laboral): la ex secretaria general Imma Folchi, el ex auditor de cuentas David Pol y la ex directora de recursos humanos Begoña Benguria, entre otros. También se acoge el ex secretario general Pere Sol.

La reforma de Laura Borràs

Esta regulación sobre la prima de jubilación de 2008 se mantuvo vigente (prácticamente igual) hasta diciembre de 2021, cuando bajo la presidencia de Laura Borràs y la mesa actual se endurecieron las condiciones para acceder al premio de jubilación, a pesar de que se mantiene la opción de cobrar un año entero. Si antes solo se tenían que llevar cinco años de trabajo en el Parlament para percibir una anualidad en el momento de la jubilación, actualmente tienen que acumular 16 años trabajados. Será así hasta 2027: a partir de entonces se tendrán que demostrar 29 años de antigüedad, pero igualmente se podrá percibir una anualidad entera al marcharse.

¿Qué dice sobre esto la cámara catalana? Fuentes de la administración defienden el premio de jubilación por las especificidades del trabajo parlamentario, como la "plena disponibilidad", y remarcan que son condiciones avaladas por las sucesivas mesas. De hecho, el entorno a la vicepresidenta en funciones de presidenta, Alba Vergés, asegura que no hará "valoraciones políticas de las condiciones laborales de los trabajadores acordadas y pactadas". Y es que el premio de jubilación, por ahora, sigue avalado por la mayoría actual de la mesa del Parlament.