El Parlament renunció a obligar a los propietarios privados a mantener los bosques
Un cambio en un decreto del Gobierno exime a los titulares de los terrenos de la prevención de incendios y traspasa la responsabilidad a la administración
Barcelona"Talar árboles no es un delito", decía este lunes Salvador Illa en una entrevista a RAC1. El presidente de la Generalitat reclamaba un "cambio de mentalidad" con la gestión forestal y defendía que "el bosque se debe gestionar". Hace unos meses, el Parlament modificó una parte de un decreto del Govern de medidas relacionadas con el sector agrario y forestal. ¿Qué cambió exactamente?
El giro se encuentra en la metamorfosis del artículo 39 bis.5. El texto original del decreto ley 21/2025 del Govern dictaba que los propietarios forestales "tienen el deber de mantener los terrenos en condiciones adecuadas de prevención", y permitía la ejecución subsidiaria de manera onerosa o gratuita si se incumplía. Cuando el texto entró al Parlament para convalidarlo, la mayoría de grupos acordaron tramitarlo como proyecto de ley, lo que abría la puerta a introducir cambios. Durante la tramitación, pues, se invirtió el artículo 39 bis.5 para que los titulares pasaran a tener únicamente el "deber de colaborar con la administración para mantener los terrenos en condiciones adecuadas de prevención", contando siempre "con las ayudas técnicas y económicas establecidas por la administración". El texto lo pactaron todos los grupos excepto Comuns.
La "ponencia exprés"
El grupo de Jéssica Albiach presentó una enmienda para tirar atrás esta modificación que habían pactado todos los grupos. El texto, sin embargo, no se aprobó en el pleno porque solo recibió el apoyo de su grupo y de la CUP. Núria Lozano, diputada de Comuns, defiende por qué presentaron la enmienda: "Vimos que estábamos pasando de la obligación del decreto, en cierta manera, al regalo público a las grandes explotaciones". Una visión que complementa Dani Cornellà, diputado de la CUP, al alertar que "lo que se hizo es quitar todas las obligaciones de la propiedad y pasarlas a la administración". Los cupaires rectificaron su posición inicial y en el pleno dieron apoyo a la enmienda de Comuns.
Para Lozano, es una cuestión de "justicia social", ya que concluye que "se socializan los gastos del sector privado, pero, en cambio, las ganancias que se originan quedan en el patrimonio de los propietarios". Cornellà remacha esta idea sobre el lucro y remarca: "Podemos entender que lo que para los propietarios es un problema lo cedan a la administración pública. Pero si continúan en manos privadas también deben tener una responsabilidad".
El origen de este cambio se explica, según los dos diputados, por la influencia de intereses privados. Cornellà relata que "al principio se vende como que en la modificación todo el mundo estaba de acuerdo", pero "después vemos que era de consenso de un sector concreto, que es el forestal". Lozano lo corrobora y detalla: "La primera información que recibimos es que el sector forestal se ha quejado mucho". Añade, en este sentido, que la enmienda "la propuso el sector forestal, y el resto de grupos se la hizo suya". Ambos señalan la "presión política a los partidos" como "la única explicación".
En cuanto al trámite, Cornellà censura una "ponencia exprés" donde "solo se aprobó la comparecencia del sector forestal". Lozano lamenta la misma dinámica: "Una especie de frontón, donde había una pared que rechazaba lo que propusimos", ya que, como añade Cornellà, automáticamente "se dijo que no se podían hacer más modificaciones", y cualquier otra vía, según la diputada de los Comuns, "se rechazó".
La apuesta por la colaboración
Por otro lado, el Govern, el PSC y el sector patronal defienden la medida como una "mejora técnica" y "necesaria". Manel Ezquerra, diputado socialista y relator del proyecto de ley, asegura que fue solo una "precisión técnica jurídica" de un texto que ya "se había pactado", pero que al redactarse dejó a los propietarios "un poco desamparados". Según él, la redacción inicial hacía temer que "pudiera recaer algún tipo de responsabilidad" sobre el titular como, por ejemplo, "un incendio ajeno".
Fuentes del departamento de Agricultura lo rebajan a un "tema de redacción". Destacan que la Generalitat apuesta por una "política de cliente" en la que "la administración debe adaptarse". De esta manera, los bosques privados se canalizarán a través de un reforzado Centro de la Propiedad Forestal, haciendo "simplificación administrativa", mientras la dirección general se encarga de los bosques públicos. "Aceptamos esta pequeña modificación que para ellos implicaba mucho", resuelven.
Finalmente, Joan Rovira, secretario general del Consorcio Forestal, celebra el acuerdo impulsado por diversas entidades. "Pactamos tanto con el departamento de Agricultura como con los diferentes grupos parlamentarios la modificación de la ley". Rovira denuncia que "no se puede imputar todo el gasto de la prevención" al privado cuando "asume el coste de la gestión mientras que el beneficio es para la sociedad". El secretario reivindica que pactaron el cambio para garantizar la "colaboración público-privada" y saca pecho: "Estamos satisfechos; es un precedente que cambiará la dinámica incluso a escala estatal".