El Parlamento mantendrá la prima de jubilación de los funcionarios hasta 2050
La institución ha negociado con los funcionarios una eliminación paulatina a cambio de que abandonen la vía judicial, pero añade el complemento de productividad y el plan de pensiones
BarcelonaEl Parlament de Catalunya ha llegado a un acuerdo con los funcionarios de la Cámara para acabar con el litigio judicial que los trabajadores habían presentado fruto de los intentos de recortar alguno de los privilegios laborales que mantienen. El premio de jubilación –una anualidad entera que cobraban en el momento de jubilarse– es uno de los que protagonizaban el toma y daca entre las partes. Por último, se mantendrá hasta el 2050, aunque aplicando un tope: los que se jubilen hasta finales de este año cobrarán 89.667 euros como máximo (la mayoría de los trabajadores no pasa de esta cifra, pero altos cargos de la cámara tienen sueldos superiores a los 200.000 euros anuales) y la cifra se irá reduciendo progresivamente hasta 2050. En 2029, por ejemplo, será de 57.387 euros. Antes de este año se habrán jubilado unos setenta funcionarios de la cámara. En 2040 la cifra máxima será de 25.000 euros y en 2049 de 2.500.
Según la cámara, el acuerdo con los trabajadores implicará un gasto de 8,9 millones de euros para las arcas del Parlamento, una cifra inferior a la que el Parlamento habría tenido que asumir si los tribunales hubieran dado la razón a los trabajadores (17 millones). Los empleados que ha contratado el Parlament últimamente ya no tendrán estas primas.
Para "rehacer la confianza de los trabajadores", la mesa del Parlament también ha cedido en otras tres cuestiones. Recupera el plan de pensiones para los trabajadores y también el complemento de productividad que se suspendieron en 2013 fruto de los recortes derivados de la crisis económica y mantiene "el incentivo de compromiso", antes llamado premio de vinculación.
Las disputas salariales comenzaron en el 2022 después de la exclusiva del ARA sobre las licencias por edad –los trabajadores del Parlament cobraban cinco años sin trabajar antes de jubilarse–, momento en el que la mesa presidida por Laura Borràs intentó limitar alguno de los privilegios de los trabajadores. A raíz de un informe de la Oficina Antifraude de 2023 también se eliminaron los premios de vinculación. Ambas partes han firmado el pacto este martes, forjado en la negociación colectiva, que será aprobado por la mesa el jueves y que también recibirá el visto bueno de la Comisión de Asuntos Institucionales, con un cambio en los Estatutos del Régimen y el Gobierno Interiores (ERGI).
Más dinero a repartir
El plan de pensiones se vuelve a activar y se repartirán 900 euros al año por trabajador, al tiempo que también vuelve a escena el complemento de productividad, que permitirá cobrar hasta un 70% de una mensualidad adicional cada año si se superan unos objetivos profesionales marcados. Ambas medidas formaban parte de los acuerdos sobre las condiciones de trabajo de 2008 impulsados por el entonces presidente del Parlament, Ernest Benach, quien también impulsó las primas y licencias de edad. Pese a que las condiciones actuales son ambiguas, el acuerdo por el complemento de productividad hace constar una voluntad que todavía no implementa: "Se propone sustituirlo progresivamente por un enfoque basado en la dirección por objetivos, que permita la carrera horizontal de los funcionarios".
En paralelo, se modifica el premio de vinculación –o incentivo de compromiso– que equivalía a un mes de vacaciones o de retribución cuando un funcionario cumplía 25, 30, 35 y 40 años trabajando en la institución, mientras que en a partir de ahora será una aportación al plan de pensiones de una mensualidad o un mes de vacaciones adicional.
Todo este paquete de medidas llega con "la voluntad de racionalizar las condiciones laborales e impulsar la modernización de la administración", según fuentes parlamentarias, y destaca las "características muy singulares" del cuerpo de funcionarios del Parlament. Un comunicado del personal de la cámara, que representa a 204 empleados en la negociación colectiva, valoró "de forma muy positiva" el pacto y "exigió tener la seguridad jurídica de que se respetarán los acuerdos".