Pedro Sánchez y los pellizcos de monja
MadridEl futuro de la vida política española se juega en estos momentos en dos escenarios diferentes, cada uno de los cuales tiene sus propios ritmos y liturgias, lo que hace que sea difícil acertar en los pronósticos. El primer campo es el judicial y el segundo, el estrictamente político. Pongo por delante el de la justicia, porque, hoy por hoy, si cae el gobierno de Pedro Sánchez no será por problemas de gestión, por graves errores en las decisiones clave del ámbito económico o las relaciones exteriores. El asedio al ejecutivo no lo está consiguiendo hacer la oposición, sino las unidades especializadas en delitos económicos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, junto con los jueces y tribunales implicados en la persecución penal del PSOE. No estoy hablando de lawfare, sino de una situación de hecho, en la que la actualidad política viene marcada por el contenido de los atestados y las diligencias de los sumarios.
En consecuencia, cuando surgen iniciativas para intentar que se precipite el final de la legislatura, el argumento principal de los impulsores de las propuestas tiene poco que ver con la marcha general del país, sino que toma como punto de partida el cúmulo de causas penales y acusaciones contra exdirigentes socialistas. Para el PP, este motivo es más que suficiente. Feijóo describe al PSOE como una formación política podrida y a Sánchez como el nexo entre los diversos casos de corrupción que minan la credibilidad del partido que durante más años –casi treinta– ha gobernado España desde la muerte del dictador, el general Franco. Para mucha gente debe ser difícil de entender cómo puede ser que se proclame la existencia de una mayoría parlamentaria partidaria de la salida de Sánchez de la Moncloa, a la vez que los partidos favorables a este final de legislatura se ven incapaces de hacerle fuera.
Ciertamente, es una situación kafkiana, que ha convertido en un rompecabezas cualquier reflexión sobre cómo se puede dar coherencia a lo que se dice y lo que se hace para acabar con el mandato de un líder a quien se quiere apartar del poder, sin provocar consecuencias peores que su permanencia. Me recuerda la primera parte del derecho penal, sobre circunstancias atenuantes y agravantes, entre las cuales resultaba muy curiosa la de preterintencionalidad. Se apreciaba este atenuante cuando se consideraba que el autor del delito había causado un mal superior al que realmente quería provocar. Uno de los mejores penalistas de Barcelona en los años ochenta, Juan Antonio Roqueta, ironizaba sobre este tipo de situaciones diciendo que la preterintencionalidad equivalía a alegar que el autor de un crimen "quería matar a su víctima, pero solo un poquito".
Preterintencionalidad
Lo que están haciendo el PP, Vox y sobre todo Junts, es desarrollar estrategias de homicidio político preterintencional. A los dos primeros no les falta la voluntad de poner fin a la presidencia de Sánchez y al conjunto de su trayectoria política. Pero les falta suficiente fuerza. No suman, y el PP tampoco se atreve a dar un golpe de timón y presentar una moción de censura para emplazar al resto de las fuerzas políticas a que tomen partido. Esta situación, unida al rigor de las previsiones constitucionales sobre los mecanismos necesarios para hacer caer a un gobierno, convierte las iniciativas alternativas en un catálogo de pellizcos de monja. Por su parte, Junts no quiere que se diga que su posible apoyo al botón nuclear de la censura propició la llegada de Vox al poder.
El resultado de esta suma de impotencias y prevenciones es la aprobación de mociones como la que esta última semana ha supuesto la mera expresión de un deseo. Lo que ha salido adelante con 177 votos es una declaración a favor de que Sánchez dimita. El texto dice que los diputados que apoyan la iniciativa consideran que "la acumulación de investigaciones sobre casos de corrupción" reclama la mencionada renuncia. En otro punto se añade que "en el caso de que decida no convocar elecciones, el Congreso insta al presidente del gobierno español a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo el carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa". Como se puede comprobar, no se trata de una propuesta susceptible de hacer temblar a cualquier presidente del gobierno, sobre todo si ya ha dicho que no tiene ninguna intención de volver a pedir la confianza del Parlamento.
Llegados a este punto podemos plantearnos si la Constitución se quedó corta cuando diseñó los mecanismos para poner fin a un gobierno inoperante, indigno o sencillamente desbordado por las circunstancias. Pero, claro, la culpa de esta supuesta insuficiencia no es del Parlamento, ni siquiera de los partidos presentes en la cámara. Son las reglas del juego vigentes. Hay que adaptarse. Pero no volar palomas. Todos tienen una parte de responsabilidad en esta situación en la que Congreso y Senado son poca cosa más que la caja de resonancia de una situación política y social de frustración, en la que la exigencia de actuaciones responsables a unos y otros no encuentra mecanismos de respuesta eficientes.
Unos juegan a anunciar la presentación de unos presupuestos que llevan tres años sin posibilidades de ser aprobados, mientras otros hacen espiritismo alrededor de mesas redondas donde se aprueban mociones simbólicas, que después el gobierno lanza a la papelera sin ningún remordimiento. Interpretar que la votación de iniciativas de esta índole determina la existencia de una mayoría contraria a la continuidad del gobierno es hacerse ilusiones. Lo que consiguen este tipo de llamadas a que Sánchez se haga el harakiri es darle una nueva oportunidad de aferrarse a la silla, constatando que no es desde el escenario político donde se trabaja con eficacia para hacerlo caer.
Cosa bien diferente podrá pasar si el presidente del gobierno español resulta personalmente afectado por alguna de las investigaciones judiciales en marcha, o por otra nueva, aún no conocida. Feijóo lo ha insinuado, y no faltan voluntarios para hacer correr que este riesgo existe, con el argumento de que el caso Plus Ultra y la investigación sobre Zapatero como supuesto líder de una red de corrupción solo consiste en una primera aproximación. Pero hay que tener en cuenta que la posible imputación de un presidente en activo resulta bastante más complicada que la de un extitular de este mismo cargo.