El caso de Begoña Gómez

Un CGPJ dividido abre el proceso para expedientar al juez Peinado

El magistrado ha citado a la mujer del presidente español este miércoles para que entregue su pasaporte

MadridEl Consejo General del Poder Judicial ha decidido abrir el proceso para expedientar al juez Juan Carlos Peinado, que investiga la causa de Begoña Gómez, por argumentar que los escoltas de la mujer del presidente español, Pedro Sánchez, podrían ayudarla a huir. Esta justificación, por la que el magistrado decidió retirarle el pasaporte como medida cautelar, es la razón por la que el órgano judicial ha decidido abrir un expediente. Según explican desde el CGPJ, las palabras del juez pueden constituir una "falta grave de desconsideración", prevista en el artículo 418.5 de la ley orgánica del poder judicial. Ahora habrá un promotor del expediente que después de varias diligencias informativas decidirá si le abre definitivamente el expediente o dicta una resolución de archivo. Fuentes consultadas del CGPJ aseguran que hay otras quejas pendientes contra Peinado que se podrían analizar también esta misma semana.

Qué dice este artículo de la ley orgánica? Considera como falta grave el "exceso o abuso de autoridad o falta grave de consideración respecto a los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o el resto de personal al servicio de la administración de justicia, de los miembros del ministerio fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la policía judicial". Las faltas graves se pueden sancionar con una multa de 500 a 6.000 euros.

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Ahora bien, el acuerdo del CGPJ no se ha tomado por unanimidad, sino por una mayoría ajustada, ya que ha sido necesario el voto de calidad de la presidenta del órgano y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló. El resto de miembros han emitido un voto particular en contra de expedientar a Peinado.

Este sábado Peinado envió a juicio a Begoña Gómez Movimiento de Peinado

Paralelamente, mientras el CGPJ estaba reunido para llegar a esta conclusión, el juez Peinado ha dado un nuevo movimiento y ha citado a Gómez este miércoles por la tarde para que entregue su pasaporte, una citación que también coincide con el día en que el jefe del ejecutivo comparecerá en el Congreso para dar explicaciones sobre los casos judiciales que afectan al PSOE.

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Este sábado Peinado envió a juicio a Begoña Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez, y reclamó la retirada del pasaporte de ambas, una decisión que argumentó diciendo que los escoltas de Gómez, agentes de la Policía Nacional, podían ayudarla a huir. La medida cautelar, que había solicitado la acusación popular que capitanea la entidad ultra Hazte Oír, y sobre todo esta justificación indignaron a la policía y a parte de la judicatura. De hecho, este domingo, la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, decidió convocar a los vocales de manera extraordinaria para considerar si el argumento que usó Peinado motivaba o no la apertura de un expediente disciplinario al juez. 

Tras esta reunión de urgencia, que se hizo de manera telemática, este lunes y desde las 9 de la mañana el CGPJ se ha reunido (esta vez presencialmente) para tomar una decisión final.

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Una justificación polémica

Tanto la decisión de Peinado como su argumentario han sido ampliamente criticados en diversos sectores. Este lunes, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha comentado en una entrevista a la Cadena SER que el magistrado ha tomado "decisiones totalmente incomprensibles", y ha asegurado que la causa contra Gómez "es totalmente anómala": "Se debería haber cerrado el primer día". Bolaños se ha reafirmado en la confianza del CGPJ para "tomar la decisión que corresponda" sobre abrir o no un expediente al juez en cuestión, y ha mostrado "preocupación" por el buen nombre de la justicia española.

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A su vez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladó a Isabel Perelló la "más enérgica queja" por el cuestionamiento de la tarea de los agentes policiales. La Policía Nacional también se hizo eco y exigió una "rectificación" al juez. "Es una auténtica barbaridad sugerir que miembros de la Policía Nacional y, en particular, los agentes adscritos a la seguridad de la presidencia del gobierno puedan colaborar en una hipotética fuga o en cualquier actuación encaminada a sustraer a una persona de la acción de la justicia, diga quien lo diga", criticaba el sindicato mayoritario en un comunicado.