El PSOE muestra la puerta de salida a Ábalos a raíz de nuevas revelaciones del caso de las mascarillas

Madrid / BarcelonaLa situación de José Luis Ábalos comienza a ser insostenible después de que el PSOE le haya enseñado la puerta de salida y le salpicen las nuevas revelaciones del caso sobre las mascarillas de Koldo García, su exasesor. La número 2 del partido, María Jesús Montero, admitió que Ábalos no fue detenido ni la querella de la Fiscalía Anticorrupción le señala, pero dio a entender que debería dimitir. "Yo tengo muy claro lo que haría", ha asegurado la ministra de Hacienda durante un desayuno informativo en Cádiz. En una entrevista en RNE, también se ha pronunciado la ministra de Defensa, Margarita Robles: "Cada uno debe saber qué debe hacer en cada momento". El líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, ha pedido explícitamente que Ábalos tome una decisión "ética".

Según ha podido confirmar el ARA, en los autos del juez instructor del caso, Ismael Moreno, menciona una conversación donde se sugiere que García y Ábalos pidieron "favores" en la trama de cobro de comisiones ilegales por la compra de mascarillas para varias administraciones, entre ellas el ministerio de Transportes. "Eso era un favor que le estaba pidiendo tu vecino [Koldo]. Él y su exjefe. Y parece que el otro dijo que sí porque le dieron otro favor a cambio", dice el empresario Juan Carlos Cueto –que controla la empresa adjudicataria de contratos sanitarios– a Íñigo Retaeche –que figuraba como máximo accionista de Soluciones de Gestión–, ambos detenidos. Los investigadores dan por hecho que este "jefe" es Ábalos, aunque la Fiscalía no lo aclara.

Según los investigadores, Koldo García adquirió bienes por valor de 1,5 millones de euros entre 2020 y 2022, cinco meses más tarde de que se adjudicaran las compraventas de mascarillas durante la pandemia que el juez investiga como una presunta trama de corrupción. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que el dinero que utilizó para comprarlo proviene de comisiones que podría haber cobrado por facilitar transacciones de diferentes administraciones (desde empresas del ministerio de Transportes, como Adif y Puertos del Estado, hasta los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias). En el caso de Baleares, el gobierno autonómico reclamó a la empresa una parte del dinero que pagó, dado que la remesa de mascarillas no había sido satisfactoria y el sumario del caso apunta a que García maniobró para impedirlo.

Compra de pisos y fondos en el extranjero

Entre los bienes adquiridos por Koldo García, uno llamó la atención de los investigadores: se trata de la compra de un piso en Benidorm por valor de 115.000 euros abonados en metálico con fondos de origen incierto. Se hizo a nombre de su hija (que dos días antes ingresó 110.023 euros) y sin hipoteca. Lo indica el auto del juez de la Audiencia Nacional que este jueves dejó en libertad al exasesorpero con medidas cautelares: se le ha retirado el pasaporte y deberá comparecer en el juzgado periódicamente. También quedaron en libertad los otros seis investigados, uno de los cuales es un subtinente de la Guardia Civil que estaba destinado en el ministerio de Transportes, José Luis Rodríguez, a quien el ministerio público considera una "pieza clave" en la conjura.

A raíz de las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil y la lupa de la Agencia Tributaria, los investigadores sospechan que los miembros de la trama utilizaron dinero obtenido de comisiones corruptas para comprar viviendas, para un negocio de pizarras y para esconder fondos en el extranjero. La Fiscalía destaca que se desviaron dinero a cuentas a Brasil ya Luxemburgo. Según documentos del sumario a los que ha accedido El País, Joseba García –hermano de Koldo y uno de los detenidos– explicó a una tercera persona que su hermano le había dicho: "No te dejaré un duro ni te lo cambiaré por billetes en mano". Esto indicaría que hubo movimientos de efectivo entre los dos hermanos.

García fue detenido con una veintena de personas más en una operación policial el miércoles con registros en Madrid, Alicante, Murcia, León, Álava, Vizcaya, Zaragoza y Cáceres. El juez ha levantado el secreto de sumario de la causa, que está abierta por delitos de organización criminal, blanqueo y cohecho, entre otros. Se inició con una querella del PP de Madrid, que denunciaba irregularidades en contratos públicos millonarios del 2020 licitados con trámite de urgencia y que salpicaban a los ministerios de Transportes y de Interior. La número 2 de los conservadores, Cuca Gamarra, ya ha avisado este viernes de que el PP pedirá personarse en la causa y solicitará que "caiga quien tenga que caer". El ministerio público constata, tal y como denunció el PP, que la sociedad adjudicataria de los contratos pasó de facturar 0 euros en el 2019 a mover 53,13 millones después de las adjudicaciones.