El PP abandona el pacto antitransfuguismo después de la maniobra para retener el gobierno de Murcia

MadridEl PP envió el viernes una carta al ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, comunicándole que abandonaba el pacto antitransfuguismo después de la polémica generada por la moción de censura fallida del PSOE en Murcia, que los populares superaron gracias a la compra de unos cuantos diputados de Ciudadanos. Según ha avanzado eldiario.es y ha confirmado el ARA –que ha tenido acceso a la carta dirigida a Iceta–, el partido de Pablo Casado busca así que a los tres diputados del partido naranja en Murcia no les cuelguen esta etiqueta. Ahora bien, en la carta alegan que desde hace más de dos meses, el 8 de abril, no se sienten dentro del pacto antitransfuguismo por la negativa del ministro de convocar la comisión de seguimiento a pesar de sus peticiones, y por eso consideran que los acuerdos posteriores quedan invalidados, porque no había suficiente quórum para que salieran adelante.

A efectos prácticos, el PP dice que ya no están en el pacto para no verse afectados y apunta al "uso irresponsable" que, según su parecer, Iceta hizo de la comisión de expertos que tenía que decidir sobre el caso. A raíz de esta situación, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha denunciado durante la rueda de prensa posterior al consejo de ministros la "deriva irresponsable" del PP en el asunto, porque cree que avala la "corrupción", y ha detallado que justo hoy han sabido la noticia porque se la ha comunicado el propio Iceta. A su vez, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha admitido que sin el PP el pacto antitransfuguismo queda "herido", pero ha recordado que "formar parte de él para saltarse todas las resoluciones tampoco tiene sentido". Por eso ha pedido al PP que vuelva "a sentarse".

¿Una decisión "preventiva"?

Fuentes de la Moncloa consideran que el PP presenta ahora la carta para salir del pacto antitransfuguismo no solo por el caso de Murcia, sino porque tiene una "actitud preventiva" ante la posibilidad de posibles nuevos tránsfugas de Ciudadanos en un futuro muy próximo, como por ejemplo en Andalucía. Desde el gobierno español consideran "gravísima" la situación y recuerdan que el problema del acuerdo es que no hay un "mecanismo de sustitución" de una fuerza como los populares.

Al fin y al cabo, la decisión supone una estocada más a un pacto que nunca ha acabado de arrancar porque la designación de alguien como tránsfuga solo supone un "reproche moral y político", pero en ningún caso conlleva sanción. El marzo pasado el PP ya bloqueó que se condenara el caso de Murcia y se dejó en manos de una comisión de expertos independientes que hasta entonces ni se había designado. Es a partir de este momento cuando los populares han anunciado que dejan el acuerdo para que sus diputados no tengan que aceptar ninguna reprobación.