El PP condiciona la renovación del CGPJ a cambiar el sistema de elección: quiere dar mayor poder a los jueces

BarcelonaEste lunes lleva cinco años caducando el mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ni los avisos de Europa ni los problemas que genera la falta de nombramientos en los tribunales han desatascado el bloqueo. El PP se niega por ahora a sentarse con el PSOE para resolver la cuestión y hoy ha vuelto a condicionar cualquier relevo a una reforma sobre cómo se eligen los miembros del órgano del gobierno de los jueces, que los populares quieren desligar de las mayorías en el Congreso. "Queremos que sean los jueces los que elijan los jueces. [...] Si esto se acepta, podremos hablar; de lo contrario no. Esta es nuestra posición", ha dicho el portavoz del partido, Borja Sémper, en rueda de prensa. "Queremos despolitizar el órgano de gobierno de los jueces", añadió.

Ahora bien, el PSOE no está de acuerdo con esta fórmula, sobre todo por la tendencia conservadora que suele predominar en la cúpula del poder judicial y por la guerra abierta que ahora mismo entregan los jueces con el gobierno de Pedro Sánchez por l amnistía. El líder socialista, así, reiteró su oferta al PP a hablar de la cuestión: en una entrevista en la SER se mostró dispuesto a hablar con Alberto Núñez Feijóo, pero también definió como "lawfare" lo que hacen los populares con el CGPJ. Un concepto –la politización de la justicia– que, en cambio, no considera aplicable al independentismo. Sánchez ha responsabilizado del bloqueo al PP: "Tiene preso, rehén y capturado" el poder judicial, dijo, a su vez, la vicepresidenta española y líder de Sumar, Yolanda Díaz, instó al PP a dejar de "politizar" la justicia y no descartó una reforma legal para renovar el CGPJ sin los populares.

Este ha sido uno de los temas relevantes, precisamente, de la rueda de prensa del comisario de Justicia, Didier Reynders, este lunes desde Bruselas, después de volver a reunirse con el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en el marco del encuentro de todos los ministros europeos del campo. Reynders, que tiene el ojo puesto en la amnistía, ha instado de forma urgente al gobierno español y "todos los partidos políticos implicados" a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y recordó que no es el primer aviso de Europa: ya se hacía la reclamación en el informe anual de la Comisión Europea sobre el estado de derecho de los distintos estados miembros. "Hay preocupación", ha constatado junto a Bolaños, que como Sánchez ha atribuido toda la responsabilidad al PP -informa Gerard Fageda.

A continuación repasamos todos los intentos frustrados de renovar el Consejo en los últimos cinco años.

Cuando parecía que era posible

El CGPJ estuvo a punto de renovarse en el 2018, cuando incluso PP y PSOE llegaron a un pacto para que fuera el juez Manuel Marchena quien lo presidiera, y también el Tribunal Supremo. Sin embargo, el magistrado renunció por la forma en que los dos grandes partidos se repartieron el gobierno de los jueces. La renuncia llegó después de que se filtrara un whatsapp del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que se alababa de controlar "por detrás" la sala segunda del Supremo y la del 61 (que dictamina sobre las ilegalizaciones de los partidos) a través de Marchena. El juez respondió en un comunicado que "nunca" había concebido su trabajo como un instrumento "al servicio de una opción política u otra" y la renovación del CGPJ quedó en el aire. De ahí que fue Marchena quien juzgó el 1-O: se quedó presidiendo la sala penal del Supremo.

La fuga del rey emérito

PSOE y PP volvieron a negociar la renovación del CGPJ en el 2020, después de que Pedro Sánchez volviera a ser elegido presidente del gobierno. Según los socialistas, llegaron a un "99%" de acuerdo a los populares, pero finalmente el pacto no fructificó. ¿Por qué? En ese momento el PP esgrimió las críticas que Unidas Podemos, socio de coalición de Pedro Sánchez, lanzó contra el rey emérito, que se marchó de España en esas fechas salpicado por presuntos casos de corrupción. Y es que el PP no quería que la formación lila incidiera en la elección de los candidatos del CGPJ.

El intento que detiene Europa

Ante la imposibilidad de pactar con el PP, PSOE y Unidas Podemos prepararon una proposición de ley para cambiar la mayoría de elección de los doce vocales jueces, que la ley recoge que deben ser escogidos por 3/5 partes de las Cortes Generales –la Constitución sólo habla de los ocho restantes, que son juristas de reconocido prestigio elegidos a partes iguales por el Congreso y el Senado–. Los socios de coalición querían rebajar el requisito a la mayoría absoluta para que los populares dejaran de ser necesarios para su renovación. Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez detuvo la reforma porque la Comisión Europea arrugó la nariz. Lejos de incrementar la influencia política del CGPJ, Bruselas pide que se rebaje y se dé más poder de elección a la carrera judicial. Lo que sí hicieron los socios de gobierno fue limitar por ley las competencias del órgano caducado a la hora de nombrar a los magistrados de los tribunales de mayor rango. Una reforma que acaba de avalar el Tribunal Constitucional.

La dimisión de Lesmes

En estos cinco años ha habido un cambio de liderazgo en el PP: se fue Pablo Casado y aterrizó en la política de Madrid el hasta entonces presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. La llegada del gallego supuso un nuevo intento del PSOE y los populares de renovar el CGPJ que estuvo a punto de materializarse. Un intento que también fue acompañado de la presión de los jueces: dimitió el entonces presidente del órgano –y del Tribunal Supremo– Carlos Lesmes para forzar el pacto. Sin embargo, los populares volvieron a detenerle: esta vez el pretexto fue la reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición. Según el PP, el PSOE les había garantizado que no pactarían esta medida con Esquerra.

¿Y ahora qué?

Si el PP sigue condicionando la renovación del Consejo a una reforma legal sobre la elección de sus miembros, el PSOE sólo tiene dos opciones: intentar llegar a un acuerdo con los populares en este ámbito o aliarse con la mayoría progresista para reformar la ley para poder elegir a los miembros del CGPJ sin el concurso del PP. Esto es lo que quisieran desde los independentistas hasta Sumar, ya que les permitiría empezar a incidir también en la cúpula del poder judicial, hasta ahora controlada por la derecha.