El preacuerdo de investidura de ERC y la CUP, en quince puntos

La creación de un nuevo estado mayor del Procés ha ido saliendo en todas las conversaciones para la investidura. La CUP y ERC apuntan a una nueva dirección estratégica integrada por partidos y entidades independentistas –que se tendría que coordinar también con el Consell per la República– que se ocupe de trazar "las líneas estratégicas y preparar las nuevas condiciones para el nuevo embate democrático con el Estado".

Huyendo de cuestiones simbólicas, se comprometen a garantizar "los derechos materiales, civiles y políticos" en el Parlament con una reforma del reglamento de la cámara. No especifican el alcance de esta reforma, pero sí que apuntan que hay que enfrontarse al Estado en cuestiones como "la vivienda, los derechos de ciudadanía, los derechos y libertades, los suministros, el antifascismo y el ecologismo". También formarán un grupo de trabajo para evitar, entre otras cosas, que las consecuencias de esta confrontación recaigan en los trabajadores de la administración.

En la primera mitad de 2023 el independentismo evaluará el resultado de la mesa de diálogo con el Estado y decidirá cuáles serán los pasos siguientes, "incluida la eventual finalización de esta negociación". ERC se compromete a ir informando regularmente de los adelantos de la mesa.

La CUP quería un nuevo referéndum unilateral para el 2025, pero con ERC ha consensuado que, en caso de que la mesa de diálogo con el Estado fracase, será el conjunto del independentismo quien planteará cuál tiene que ser "el nuevo embate democrático" durante esta legislatura.

Se plantea un plan piloto para determinadas franjas de edad (que se tendrán que determinar) en tres fases: el 2021 será un año de estudio; el 2022 empezará el plan; y el 2023 se evaluará su funcionamiento.

Se plantean varios planes de choque, a pesar de que de la mayoría no hay mucha concreción: uno contra la pobreza severa; uno contra la pobreza energética y uno contra la pobreza infantil. Se modificará la renta garantizada de ciudadanía para añadir complementos de vivienda, se garantizará apoyo jurídico y administrativo a los jóvenes extutelados  y se creará una comisión de estudio del racismo institucional en el primer mes de la legislatura, además de combatir "todas las ideologías que promueven el odio, el racismo y la discriminación". La estabilización de los 90.000 interinos y temporales del sector público, además de una propuesta para elaborar un estatuto del trabajo catalán, son compromisos en el ámbito del trabajo.

Reforzar el sector público es uno de los puntos centrales del documento. Por ejemplo, en cuanto a la educación, se plantea hacer "un plan y un calendario de recuperación de centros privados y concertados hacia la educación pública de manera acordada". Para reactivar el sector cultural, el compromiso es incrementar el presupuesto hasta el 2% cuando hoy no llega ni al 1%.

En el ámbito de la vivienda, más allá del impulso de una ley de los contratos de alquiler (para favorecer a los arrendatarios), se propone llegar a los 1.000 millones anuales en políticas de vivienda (en el presupuesto del 2020 no llegaban a los 400 millones) y poner 5.000 viviendas anuales a disposición del parque de alquiler público movilizándolos, a través del tanteo y el retracto de los que ya están construidos o pendientes de rehabilitar. En cuanto a los desahucios, se comprometen a desplegar "las herramientas" para suspenderlos hasta que no se garantice el derecho a la vivienda a través del parque público y, en todo caso, que en casos que afecten familias o personas vulnerables no puedan participar las unidades Brimo y ARRO de los Mossos.

Estabilizar la plantilla y mejorar las condiciones laborales del personal sanitario reforzando especialmente la atención primaria, que tendría que llegar a representar un 25% del presupuesto de Salud (actualmente es del 17%). También en este capítulo el sector público gana importancia con la reversión de las externalizaciones que plantean en ámbitos como el 061 y el transporte sanitario.

Pese a que la CUP ha insistido durante años en la supresión de las actuales unidades antidisturbios de los Mossos, este no es uno de los puntos pactados con ERC. Al menos de momento, porque lo que sí que se plantea es la creación de una comisión parlamentaria sobre el modelo de orden público y policial de Catalunya, como la que ya se hizo el 2013. A corto plazo se propone la suspensión del uso de las pelotas de foam mientras no sea público el protocolo para usarlas (el actual consejero de Interior, Miquel Sàmper, ya ha dicho que este protocolo tiene que ser público). Y sobre las causas judiciales contra manifestantes, ERC y CUP han acordado que se retiren las acusaciones (y no se hagan nuevas) excepto las que comporten lesiones a agentes acreditadas con certificado médico, y la unificación del cuerpo de abogados de Interior en la estructura central de la Generalitat.

Una de las propuestas defendidas tanto por ERC cómo por la CUP desde hace muchos años es la creación de una banca pública, aprovechando el Instituto Catalán de Finanzas. Hasta ahora no ha sido posible, pero este vuelve a ser uno de los puntos por escrito, ahora dicen que "a corto plazo". Que la gestión del agua sea "pública" y también la creación de una energética pública se incluyen en el capítulo del impulso de los sectores estratégicos.

ERC ya llevaba en su programa la creación de una consejería de Acción por el Clima, que ahora forma parte, además, del acuerdo con la CUP que tienen que validar sus bases. En cuanto a la transición ecológica también hay un compromiso para impulsar el Plan Integral de Protección del Delta del Ebro y aprobar varias leyes como la de transición energética (antes del 2022) y la de biodiversidad (antes del 2023).

Hay también lugar para hablar de un nuevo plan nacional para la industria, que incluya un fondo de reconversión industrial y fomento del cooperativismo que facilite la conversión en cooperativas de las empresas que anuncian un cierre empresarial. El incremento de la participación pública en el tejido empresarial ayudado es otra de las prioridades en el capítulo industrial.

Los fondos europeos serán capitales para salir de la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus . A pesar de que serán gestionados directamente por el gobierno español, la Generalitat aspira a tener capacidad de incidir. Y para determinar sus prioridades, ERC y la CUP han pactado reforzar el diálogo entre el Govern y los agentes sociales; la creación de una oficina gubernamental de gestión y control de los fondos europeos con mecanismos de participación de sociedad civil y municipios y agentes económicos y sindicales; y la priorización de los proyectos que impliquen "una transformación ecosocial", que refuercen servicios públicos, las pymes y las empresas que cumplan los requisitos ambientales, sociales y de género.

Para evaluar el cumplimiento de los acuerdos se plantea la creación de al menos cinco grupos de trabajo diferentes. Un comité permanente de seguimiento; una comisión de coordinación del Parlament y Govern; varios grupos de trabajo sectoriales; un grupo específico sobre presupuestos, y otro de análisis de los grandes proyectos urbanísticos y las infraestructuras.