El precedente que permite investigar el Catalangate en el Congreso

Madrid / BarcelonaUno de los primeros gestos que puede hacer el PSOE para escenificar que se implica a la hora de aclarar el Catalangate es aceptar la comisión de investigación que Unidas Podemos y el soberanismo quieren sacar adelante en el Congreso. Los socialistas no han dado señales de quererlo, pero esta vez difícilmente se podrán escudar con el argumento de que una comisión de este tipo no es legal. El verano de 2020 los grupos independentistas ya pidieron abrir una investigación en el Congreso a raíz del espionaje al expresidente del Parlament, Roger Torrent. La iniciativa pasó el filtro de la mesa y los letrados también hicieron un informe favorable. Si no se llegó a abrir nunca es porque la junta de portavoces la tumbó con el PSOE aliándose con los partidos de la derecha.

Si el PSOE quiere, se puede. Lo dejaron claro los letrados en su día y Unidas Podemos y los partidos soberanistas conocen bien el precedente porque el documento que han presentado para abrir esta nueva comisión tiene fragmentos casi calcados al de hace dos años y que ya había pasado el filtro jurídico. Por ejemplo, en los dos casos se evita decir explícitamente que se quiere investigar al CNI –eso sí que podría no pasar el filtro– y se pone el foco en el ministerio de Defensa y el de Interior. Fuentes de Esquerra consultadas por el ARA aseguran que esta vez sí que tendría que ser "asumible" para los socialistas abrir esta comisión. La estabilidad del Gobierno español, aseguran, está en juego.

Pero ahora mismo hay pocas opciones de que la propuesta salga adelante. De entrada, porque la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la que se sitúan buena parte de los focos, ha dejado claro que las únicas explicaciones que dará el Gobierno español sobre la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) será en la comisión de secretos, que hace tres años que no se ha constituido. Y, en segundo lugar, porque el precedente de hace dos años dice que el PSOE ya había frenado una comisión parecida. El entonces secretario general del grupo socialista en el Congreso, Rafael Simancas, lo justificó porque consideraba que no era una comisión "pertinente", porque la cámara se tenía que centrar en debatir cuestiones para hacer frente a la pandemia.

La comisión de secretos es la que tendría que fiscalizar la actividad del CNI, pero hace tres años que está inactiva por los vetos entre los grupos. Cada grupo necesita 210 votos para acceder y los de la derecha se oponen a la posibilidad de que el independentismo tenga acceso a los secretos oficiales. Según fuentes de la presidencia de la cámara, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha puesto encima de la mesa de los portavoces de los grupos cuando se ha reunido la necesidad de desbloquearla. Precisamente este viernes, la portavoz del PP en la cámara y secretaria general del partido, Cuca Gamarra, se ha abierto a hablar para "aclarar cualquier duda" sobre el Catalangate.

Si la comisión de investigación tiene pocos números de prosperar, las peticiones de comparecencia que han pedido los grupos independentistas también será difícil que salgan adelante. Este viernes han puesto por escrito que quieren que den explicaciones a la cámara baja el presidente español, Pedro Sánchez, y los ministros de Defensa y de Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. También la directora del CNI, Paz Esteban; el director de gabinete de Sánchez, Óscar López; la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y el director general de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros.

La Moncloa pide desvincular el caso del diálogo

El Gobierno español ha evitado dar cualquier tipo de explicación en público desde que ha estallado el caso escudándose en el hecho de que la actual legislación prohíbe revelar cualquier actividad del CNI. Sánchez ha esquivado pronunciarse en todas las apariciones públicas y los ministros que sí que han hablado se han limitado a decir que el gobierno no ha hecho nada fuera de la legalidad. Ha insistido este viernes Marlaska, que ha asegurado, además, que su ministerio no ha contratado nunca Pegasus.

Los ministros socialistas piden desvincular el caso del diálogo, pero desde el ala lila del gobierno van algo más allá. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado el caso de una "enorme gravedad". Ha asegurado, además, que el ejecutivo ya trabaja para aclararlo y, en este sentido, ha defendido dar todas las "explicaciones" que haga falta. Ahora bien, así como Díaz se ha desmarcado de la posición oficial del PSOE, también ha pedido a la Generalitat que no vincule el Catalangate al diálogo con el Estado. De hecho, ha considerado que la mesa de diálogo ahora "tiene más sentido que nunca".