Los dos precedentes no exitosos de investigar el espionaje en el Parlament

Barcelona"Quien revienta las libertades en este país siempre ha sido el PP. Y vigile que no le caiga ningún sobre". El 10 de abril de 2013 el diputado de la CUP David Fernàndez encendía la bancada popular en el Parlament. "¡Hemos sido amenazados!", alertó Santi Rodríguez. "Ha amenazado a este grupo diciendo que nos caería encima no sé qué", continuó visiblemente alterado. El equívoco era evidente, tal como después admitiría el mismo Rodríguez, puesto que el cupero había hecho una referencia velada al caso Bárcenas. Pero la polémica ya estaba servida y acaparó gran parte de los titulares de un pleno en que, más allá de la riña, se debatió la creación de una comisión de investigación sobre espionaje. El caso Método 3 había llevado al PP y a Cs a pedir que se aclarara el alcance del escándalo, pero CiU, ERC y el PSC tumbaron la propuesta. Y cinco años después, en 2018, la mayoría independentista impediría los intentos de impulsar una comisión sobre los supuestos seguimientos de los Mossos al entorno constitucionalista. Son los dos precedentes no exitosos de investigar el espionaje político en el Parlament, que ahora se propone –esta vez con los apoyos suficientes– indagar en el Catalangate.

¿Por qué no prosperaron los dos intentos anteriores? Los argumentos dados por los partidos según el caso evidencian contradicciones. Pero vayamos paso a paso. La controvertida grabación de la conversación en el restaurante La Camarga entre la líder popular, Alícia Sánchez Camacho, y Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrussola, sacudió la política catalana en febrero de 2013. Aquellos audios resultaron ser la punta del iceberg de un entramado de encargos desde varios partidos a la agencia de detectives Método 3 para espiar a adversarios políticos. Y pese a que los presuntos implicados negaban la mayor o se presentaban como víctimas, las informaciones publicadas salpicaban desde a la propia Camacho hasta al dirigente del PSC José Zaragoza, al director general de Servicios Penitenciarios, Xavier Martorell (CiU), o al gobierno español. En medio de un juego de acusaciones cruzadas, todos los grupos aseguraban querer esclarecer los hechos, pero solo ICV-EUiA acabó apoyando la propuesta de creación de una comisión específica.

Si la CUP se abstuvo porque pedía investigar también el espionaje político "estructural" en el conjunto del Estado, tanto socialistas como convergentes rechazaron incidir en un caso que estaba judicializado. Cogiéndose a lo que establecen los informes del consejo de estado, el entonces líder del PSC, Miquel Iceta, también recordó que "el Parlament no puede asegurar la colaboración de responsables del gobierno de España". Y su aviso ya auguraba un escaso recorrido en la vía defendida por ERC: buscar explicaciones en las comparecencias ya solicitadas a la comisión de asuntos institucionales (CAI). Ni el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, ni el director general de la policía española, Ignacio Cosidó, accederían a pasar por la CAI, la cual también plantarían tanto Camacho como Zaragoza, principales señalados como responsables de la grabación de La Camarga. Ambos –como también Victoria Álvarez y el director de Método 3, Francisco Marco– comparecieron años después ante las comisiones de investigación del caso Pujol (2015) y de la operación Catalunya (2017), pero negaron toda responsabilidad en un caso que, tras un acuerdo entre la líder del PP y la agencia de detectives, evitó el juicio.

La vía rápida para esquivar el pleno

Pese a ese precedente, que se hubiera abierto la vía judicial no impidió al PSC apoyar en mayo de 2018 la petición para investigar el supuesto espionaje de los Mossos a políticos y periodistas no afines con el Procés. Una acusación que partía de la intercepción en octubre de 2017 de varias furgonetas de la policía catalana que se dirigían a destruir documentación a una incineradora. Cs se volcó en el intento de crear una comisión en el que también se sumarían Catalunya Sí que es Pot y el PP. Fueron cuatro los intentos frustrados de impulsarla. La mesa tumbó una primera propuesta de los naranjas por un defecto de forma, y la iniciativa con el resto de grupos fue barradas dos veces en el pleno por JxCat, ERC y la CUP: primero excluyendo el punto del orden del día y, en una segunda sesión, votando en contra. El argumento del independentismo en este caso fue unánime: veían en los promotores de la comisión, que no querían ampliar la investigación a los seguimientos de todos los cuerpos de seguridad del Estado, la voluntad de crear un relato sesgado sobre el papel de los Mossos en el Procés.

Por último, el resto de partidos siguieron adelante con el artículo 67.3 del reglamento, que permite forzar la creación de la comisión sin pasar por el pleno si lo piden una tercera parte de los diputados o tres grupos. La mesa tuvo que ceder y el 4 de septiembre aprobaba la propuesta, pero la comisión nunca llegó a constituirse. Convencidos de que se les vetarían el plan de trabajo y las comparecencias propuestas –y que, por tanto, la iniciativa quedaría vacía de contenido–, los grupos firmantes desistieron de intentar investigar un caso que, de hecho, también quedó archivado: tanto el juez como la Audiencia de Barcelona concluyeron que los Mossos actuaron siempre dentro de la ley. Aclarar hasta qué punto se utilizaron métodos legales y, sobre todo, el alcance del ciberespionaje masivo en el independentismo es ahora el objetivo de ERC, JxCat, los comuns y la CUP con la comisión de investigación sobre el Catalangate. ¿La tercera será la buena? Esta vez los números salen en el pleno, pero la idea es agilizar el proceso en la mesa con el artículo 67.3, una vía a la que los comuns tienen más recelos porque solo puede utilizarse una vez al año. Sea como fuere, y pese a las limitaciones que los precedentes ya auguran a este tipo de iniciativa, los grupos afectados intentarán demostrar que "quien revienta las libertades" –como decía David Fernàndez en el 2013– ya no es solo el PP.