El presidente del TC defiende que la sentencia sobre la amnistía sea “clara y precisa” para que el Supremo la aplique

MadridCon el permiso de la crisis de Ceuta y de las reivindicaciones por el derecho a la vivienda, el Tribunal Constitucional vuelve a estar en la primera plana de la actualidad política. La semana que viene aprobará la sentencia que contradice el criterio del Tribunal Supremo sobre la ley de amnistía y que impondrá al alto tribunal que aplique el perdón a la malversación atribuida al referéndum del 1 de Octubre. La ponencia elaborada por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, sobre el recurso de Dolors Bassa ordena directamente al alto tribunal que dé marcha atrás y “declare amnistiado” el delito de malversación de manera “preferente y urgente”. ¿Por qué ha sido tan explícito? “Por lo que he leído yo, en algunos momentos el mismo Supremo ha manifestado que tendría en consideración la doctrina del Constitucional siempre que el Constitucional hubiera establecido una doctrina clara y precisa. Por tanto, nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa”, ha argumentado Cándido Conde-Pumpido en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum.

En este sentido, ha esgrimido que la recuperación de los derechos fundamentales vulnerados –en el caso de los líderes del Procés, serán los derechos a la tutela judicial efectiva, a acceder a funciones y cargos públicos y a la legalidad penal– requiere “señalar” al Supremo con “toda claridad” cuál es el “contenido” de su decisión. Esta justificación no es casual. Hace veinte días, Pablo Llarena se abrió a levantar la orden de detención de Carles Puigdemont después del primer pronunciamiento del Constitucional. Fuentes con acceso al Supremo consultadas por el ARA alegaron que haría falta que el veredicto del TC fuera muy claro, contuviera una conclusión “extrapolable” al líder de Junts y tuviera “expresiones constitucionales con repercusión y relevancia” en su caso. La primera sentencia también permitirá poner fin a la inhabilitación de Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull.

Asimismo, Cándido Conde-Pumpido ha dejado claro que el Constitucional comunicará “inmediatamente” la sentencia a las partes y al Supremo, que será el encargado de “tomar la decisión adecuada” y mover ficha. Pablo Llarena podría actuar de oficio por iniciativa propia o a petición, por ejemplo, de Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont. Eso sí, Conde-Pumpido ha evitado mojarse sobre los plazos: “No soy nadie para decir cuánto tardará el Supremo, es su competencia”. Y ha recordado que la doctrina del TC es “vinculante” para “todos los jueces y tribunales” del estado español. “Cuando el Constitucional establece una doctrina, debe ser trasladada”, ha dicho.

De fondo, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó están a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la cuestión prejudicial que presentó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la amnistía. El pronunciamiento del TC podría desencallar una cuestión que hace más de dos años que está congelada.

Cándido Conde-Pumpido ha defendido la sentencia de junio de 2025 que avaló la constitucionalidad de la ley de amnistía. Le escuchaba la vicepresidenta de la institución y ponente de aquel pronunciamiento histórico, Inmaculada Montalbán. “Nosotros entendemos que solo cumplimos nuestra obligación”, ha defendido. Y ha aprovechado para hacer un “llamamiento” al PP y al PSOE a ponerse de acuerdo para renovar el Constitucional en el Senado, un pacto que está pendiente desde diciembre del año pasado. Hay que nombrar cuatro nuevos magistrados y, de hecho, él es uno de los que tiene el mandato caducado. Cuando se haya renovado el órgano, dejará el TC y se jubilará: “Mi intención es retirarme a la vida privada. No tengo ningún proyecto de seguir en ningún otro órgano ni nadie me lo ha planteado”, ha dicho. Ahora bien, el acuerdo se vislumbra lejano y nada hace pensar que deba llegar antes de las elecciones generales.

Las “reglas de la lógica y del sentido común”

Las palabras de Cándido Conde-Pumpido llegan tres días después de que trascendiera su ponencia, a la cual tuvo acceso el ARA, y cinco días antes del pleno que debe aprobar la sentencia. El texto, que se aprobará el próximo martes, 6 de octubre, argumenta que perdonar la malversación es “la única conclusión conciliable” con las “reglas de la lógica y del sentido común” y con una interpretación de la amnistía que “atienda a su espíritu y finalidad” y a su “propia génesis”. Alega que la “interpretación auspiciada” por el Supremo es “claramente expansiva” y está “opuesta” a la “finalidad y espíritu” de la ley. El borrador habla de una “contradicción interna” en el razonamiento de Manuel Marchena, a quien acusa de hacer una argumentación “desrazonada”.

También habrá sobre la mesa la segunda ponencia elaborada por el conservador José María Macías. Su redactado original compartía el criterio del Supremo, pero la mayoría progresista le hizo cambiarlo. Fuentes de alta jerarquía del Constitucional argumentan que Cándido Conde-Pumpido decidió llevar su texto el mismo día para “no perder más tiempo” y porque su ponencia recoge más “fielmente” y de una manera más “convencida” el sentido mayoritario del tribunal.