Política 15/07/2021

El presidente del TC pidió que se aplazara la votación del estado de alarma para encontrar un consenso

4 min
Una ciclista atravesando el paso de peatones con las calles prácticamente vacíos durante el confinamiento del 2020.

MadridLos últimos en expresar su posición antes de proceder a la votación son siempre, por este orden, la vicepresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Encarna Roca y el presidente, Juan José González Rivas. Cuando la vicepresidenta -después de las intervenciones de Cándido-Conde Pumpido y Juan Antonio Xiol, y las respuestas del ponente Pedro García Trevijano- se pronunció a favor de la inconstitucionalidad, el desenlace del partido era de 6 votos a favor de la inconstitucionalidad y cuatro en contra.  

González Rivas expresó su posición contraria y se alineó con la minoría. Aunque sabía que esto no alteraría el resultado favorable a la mayoría, votó, como ya había anunciado, con la minoría.  

Pero ante lo que sería una votación crítica tan dividida (y lo absurdo del debate en términos estrictamente jurídicos) exhortó a los diez magistrados restantes a abrir un paréntesis de negociación para encontrar puntos de consenso en las próximas dos semanas antes del periodo de vacaciones. 

García Trevijano respondió de manera tajante que el ponente era él y que la ponencia debía someterse a votación. Algunos de los magistrados que lo apoyaban cuchichearon: “¡Qué se vote! ¡Que se vote ya!”. Vamos, una asamblea estudiantil. Y, claro, la exhortación del presidente cayó en saco roto y se sometió la ponencia a votación. Seis magistrados a favor de la inconstitucionalidad, cinco en contra; cinco magistrados que han anunciado próximos votos particulares. 

Encarna Roca había prometido a García Trevijano su respaldo, pero después expresó dudas sobre las posibles consecuencias de la inconstitucionalidad como motor de demandas de reparación patrimonial contra el Estado. 

El ponente introdujo, pues, una provisión para asegurarse el voto de Roca; según la disposición añadida, la declaración de inconstitucionalidad no bastaba por sí misma para sustentar una demanda contra el Estado. 

Con todo, Encarna Roca tenía toda la intención de aprovechar el suspense creado -su posición definitiva era desconocida para todos menos para García Trevijano, que alardeaba de tener su voto- para hacer una arenga contra el gobierno. 

La intervención del magistrado Cándido Conde-Pumpido catalizó su fervor. El magistrado advirtió de que el TC no estaba completo y de que todos sabían que el magistrado Fernando Valdés Dal-Ré había elaborado una ponencia que consideraba conforme a la Constitución la declaración del confinamiento domiciliario. Y que había renunciado al TC y que así había cambiado la ponencia de manos. Señaló que en el TC había mandatos caducados. 

Conde-Pumpido se extendió en su intervención porque, dijo, habría nuevas pandemias en el futuro, y quería hacer todo lo posible para evitar que los futuros gobiernos y Parlamentos tuvieran que verse obligados a declarar el estado de excepción si esta sentencia salía adelante. 

La irritación de Roca

La vicepresidenta -su mandato está entre los cuatro caducados- explicó con tono irritado que mientras le pagaran seguiría con su trabajo y que esa caducidad no influía para nada. Explicó que lo habían presionado. Señaló que un periódico hablaba de gestiones hechas por la vicepresidenta Carmen Calvo ante la magistrada María Luisa Βalaguer, pero no decía que también la había llamado a ella.  

En cierto modo, estas gestiones son una confirmación en diferido, que diría María Dolores de Cospedal, de la incapacidad de la vicepresidenta Calvo para gestionar las relaciones con el TC. Quizás Encarna Roca decidió soltar su nombre ahora que Calvo está fuera de combate. 

Por su parte, García Trevijano también abordó el tema de los mandatos caducados. Según explicó, había que asumir que esa situación se mantendría ya que el Partido Popular no tenía intención de renovar las instituciones. 

Los magistrados contrarios a la inconstitucionalidad creen, según fuentes jurídicas consultadas por el ARA, que es dudoso que la disposición introducida por García Trevijano para cosechar el voto de Encarna Roca según la cual la declaración de inconstitucionalidad por sí misma no basta para presentar demandas de reparación patrimonial sea eficaz a la hora de frenar esas reclamaciones, previstas en el artículo 3.2 del estado de alarma. 

Varios bufetes de abogados y exconsejeros de algunas comunidades autónomas ya están ofreciendo sus servicios para iniciar acciones civiles en cuanto se conozca la sentencia. 

El estado de alarma ahora considerado inconstitucional terminó el 21 de junio del año pasado después de ser decretado el 14 de marzo. 

La argumentación de Encarna Roca, que manifestó ayer desconfiar del gobierno y fiarse del Parlamento, es falaz. 

Aprobado por el Congreso

Porque el gobierno declaró el estado de alarma pero fue aprobado en el Parlamento por una mayoría absolutísima, incluyendo el respaldo de Vox y el PP. 

Y el hecho de que el gobierno aprobara el estado de alarma tenía el objetivo de poder empezar a funciοnar de manera inmediata. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia el 11 de marzo de 2020 y tres días después, el 14, las medidas ya se estaban aplicando. En quince días el Congreso puede confirmarlo, prorrogarlo, corregirlo o hacer lo que fuera necesario, pero había un control parlamentario a lo largo de todas las prórrogas.  

“El estado de excepción, que debe ser aprobado por el Congreso, hubiera supuesto para el Gobierno estar de brazos cruzados mientras se moría la gente y hasta que el Congreso adoptara una decisión” dijo ayer un magistrado al ARA. 

Y el estado de excepción tiene consecuencias infinitamente más gravosas para los derechos fundamentales de los ciudadanos, con una duración que no puede ir más allá de un mes o, como mucho, según dice la Constitución, prorrogable otro mes más. Además, el estado de excepción incluye dentro de su presupuesto habilitante incidentes de orden público y aquí no los ha habido. 

Por lo tanto, la operación no ha tenido nada que ver con un debate profundo de consecuencias jurídicas. Se trataba de propinar un golpe al gobierno de Pedro Sánchez por parte de una mayoría conservadora dividida a la que se unieron razones personales de la vicepresidenta Roca.  

stats