Presión del Govern y los 'comuns' al PSOE por la ley del audiovisual
Aragonès pidió a Sánchez el día de la mesa de diálogo que parara el proyecto
Barcelona / MadridSuperada la controversia por el aeropuerto de El Prat con la paralización de la inversión, la nueva ley de la audiovisual española emerge como el nuevo punto de tensión entre el gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat. El conflicto está en el hecho de que el ejecutivo español no prevé en la normativa una protección específica para el catalán, y esto ha hecho saltar todas las alarmas en Catalunya. Con estos ingredientes, ERC y Unidas Podemos han establecido en los últimos días varias vías de presión a la Moncloa para que rectifique. Se salvó la primera pelota de partido evitando que el martes se tramitara la ley en el consejo de ministros, pero el desenlace sigue siendo incierto.
La polémica estalla el lunes cuando El Periódico publica que el borrador de la ley está listo y no incluye las demandas de la Generalitat en cuanto al catalán. La preocupación por la cuestión, sin embargo, ya hacía días que se había instalado en Palau. En concreto todo se intensifica a partir del 31 de agosto, cuando una breve mención en la relación de acuerdos del consejo de ministros levanta más de una suspicacia. El gobierno español acuerda ese día solicitar al Consejo de Estado la emisión de un dictamen con “carácter urgente” –antes del 14 de septiembre– en relación al anteproyecto de ley del audiovisual. El trámite es ordinario, pero significa que el gobierno español ya tiene la ley lista y la Generalitat empieza a ser consciente de que no se están aceptando sus demandas. Ya a finales de mes, ERC traslada al ejecutivo español que si no hay cambios no se aprobará.
La preocupación aumenta hasta el punto de que se decide que sea uno de los temas que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, le exponga a Pedro Sánchez en la reunión de la mesa de diálogo del día 15 de septiembre en el Palau de la Generalitat. Al salir del encuentro, todos los focos son para los temas vinculados al Procés, pero adentro el president ya ha exigido a Sánchez que pare la maquinaria para aprobar la ley y replantee su contenido.
Los comuns también deciden intervenir y lo hacen el día después, el jueves 16, cuando tienen constancia a primera hora de la mañana de que en la reunión de secretarios y subsecretarios se abordará el anteproyecto para aprobarlo en el consejo de ministros del pasado martes. Fuentes del espacio violeta indican que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se implica e insta al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a descartarlo. Aseguran que en el llamado consejillo del jueves se vive cierta tensión. Después de que se pare, el sábado hay contactos entre la Generalitat y el gobierno español, y el martes, cuando la polémica ya ha explotado, vuelven a hablar. El anteproyecto no irá al consejo de ministros y, fundamentalmente, se gana tiempo.
Fuentes del gobierno del Estado apuntan que el proyecto podría ir, ahora sí, al consejo de ministros de dentro de dos semanas. Fuentes de Unidas Podemos explican que este jueves o viernes mantendrán un encuentro con Bolaños para plantear sus reivindicaciones, que van en la misma línea que las de la Generalitat: que del 30% de obras europeas en las plataformas, o bien la mitad sea en castellano y la otra mitad en lenguas cooficiales, o bien que el porcentaje se fije en función del peso poblacional; que se establezca una cogobernanza del CAC con la CNMV y que el 1,5% de los ingresos anuales de las plataformas que el gobierno español quería dedicar a financiar RTVE se dedique en parte a los canales autonómicos.
La partida catalana
Como en muchas de las controversias con el gobierno español, ERC y JxCat difieren en la respuesta. Los primeros son partidarios de negociar la ley con la Moncloa hasta el último minuto si hace falta, mientras que Junts quiere aprobar un decreto catalán sobre la materia que incluya las demandas de la Generalitat, pero que entraría en colisión con la norma estatal. Por lo tanto, una partida que ahora es sobre todo Generalitat-Estado podría ser un nuevo motivo de controversia en Catalunya puertas adentro. Este martes la diputada de Junts en el Congreso Míriam Nogueras ha avisado de que si la ley de la audiovisual española no protege el catalán, su partido directamente “no negociará” los presupuestos generales. El PSC ha intentado rebajar la temperatura con su líder en el Parlament, Salvador Illa, que ha asegurado a Onda Cero que tiene “toda la confianza” en que la norma protegerá las lenguas cooficiales.
