Primavera 2022: el inicio del desenlace de la batalla jurídica en el exilio

Barcelona“Pues ya son 59... El tiempo no se para, pero nosotros tampoco. Los 60 los celebraremos juntos en casa”. Esta frase acompañó la fotografía que colgó el ex president Carles Puigdemont en su Instagram el día de su aniversario, el 29 de diciembre pasado. Toda una declaración de intenciones (y de confianza en las resoluciones judiciales que espera), teniendo en cuenta que este 2022 será el año clave y el del desenlace de la batalla jurídica en el exilio. Está previsto que las resoluciones sobre las cuestiones prejudiciales que planteó el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y sobre la inmunidad de los eurodiputados de Junts se den a conocer antes del mes de junio. Probablemente entre marzo y abril, según explican al ARA fuentes de la defensa de los ex miembros del Govern que están en Bélgica. Esto significa que, cuatro años después de marcharse de Catalunya, durante el primer semestre de este año se aclarará si los exiliados ganan al Estado la batalla de las extradiciones y si, a través de las resoluciones de Luxemburgo, se abren vías para que puedan volver.

Vamos por partes. ¿En qué punto están ahora los procedimientos? Después de que los estados hayan hecho sus alegaciones sobre las prejudiciales de Llarena -un intento de cuestionar la capacidad de los jueces de Bélgica de denegar la entrega del ex conseller Lluís Puig-, el siguiente paso procesal será la fase oral. El abogado Gonzalo Boye ya pidió el 3 de enero pasado que se fijara la fecha de la vista, de forma que ahora Luxemburgo tiene que decidir un día para la cita. A esta audiencia, obligatoria, no van los afectados -es decir, no tienen que comparecer los exiliados- sino la representación de las partes: estarán Boye, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, así como los representantes de los países que han comparecido (Polonia y Rumanía defendiendo la posición de España y Bélgica para defender su resolución). También estará presente la Comisión Europea, que siempre está y que en este caso, según fuentes de la defensa, ha mantenido una posición ambigua respecto a la resolución belga. El resto de estados, a pesar de que les afecta directamente lo que decida Luxemburgo, no se han personado en el procedimiento. Una vez se produzca esta vista, el abogado general se pronunciará en el plazo aproximado de un mes con sus conclusiones, y un mes más tarde se emitirá la resolución judicial -según calcula la defensa-. Un calendario que también seguirán los procesos sobre la inmunidad que Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí (eurodiputados de Junts) tienen en el Tribunal General de la Unión Europea.

Escenarios

¿Qué implica, esto? Pues que en función del pronunciamiento de Luxemburgo se aclararán las posibilidades que tienen los exiliados de intentar volver a España sin ser detenidos (al menos sobre el papel). Hay diferentes escenarios, ninguno de ellos blanco o negro, porque dependerán de los términos que fije el tribunal. Pero grosso modo se pueden distinguir tres. El primero es que Puigdemont pierda todos los pleitos abiertos en Luxemburgo: que ganen, por un lado, las tesis del juez Llarena en las cuestiones prejudiciales y sea plausible la extradición y que, por el otro, Puigdemont pierda el recurso contra el Parlamento Europeo para retirarle la inmunidad, cosa que le complicaría la movilidad a los países de la UE.

El escenario opuesto sería que Puigdemont ganara todos los casos que tiene planteados ante el tribunal europeo. Es decir, triunfaría su posición sobre el alcance de las euroórdenes y Luxemburgo avalaría la decisión de Bélgica de rechazar la extradición de Lluís Puig por falta de competencia del Supremo y por no respetarle la presunción de inocencia. También el Tribunal General de la Unión Europea tumbaría la decisión de la Eurocámara de retirarle la inmunidad y le permitiría intentar volver a España sin, a priori, ser detenido.

El tercer escenario situaría al ex president en una situación intermedia: salir victorioso de solo uno de los casos. Si fuera en las cuestiones prejudiciales se reforzaría la visión de los tribunales belgas, que hasta ahora han rechazado cualquier intento de extradición; si solo fuera en la inmunidad, se aseguraría poder viajar por toda la Unión Europea al menos mientras fuera miembro del Parlamento Europeo. El destino del ex president es también el de los eurodiputados de Junts Clara Ponsatí y Toni Comín, puesto que están en la misma situación. En cambio, el caso de Lluís Puig es diferente: no tiene inmunidad europea porque no es parlamentario de la Eurocámara, pero si gana las prejudiciales ante el juez Llarena se consolidará de manera definitiva su no-extradición a España.

El papel político

Más allá de los escenarios jurídicos, otra cosa es el rol político que quiere jugar Puigdemont, ahora mismo presidente de Junts y también del Consell per la República. Como avanzó El Mundo, dos miembros de la Asamblea de Representantes -constituida el 14 de noviembre pasado- han entrado una resolución para que Puigdemont se desvincule de Junts si quiere asumir la presidencia del Consell, que se tiene que escoger a finales de febrero después de que una comisión legislativa elabore el reglamento. No son los primeros en reclamarlo, puesto que el cantautor Lluís Llach, que es miembro del Consell, se manifestó en la misma línea en una entrevista reciente en el Preguntes freqüents de TV3. Cuando le preguntaron si creía que Puigdemont se tenía que apartar de Junts, dijo: “A mí me gustaría, ya se lo he dicho. Y no soy el único”. Ahora bien, el cantautor también dijo que esto era una decisión que solo correspondía al ex president Puigdemont. En todo caso, interpelada sobre esta cuestión, la actual presidenta de la Asamblea de Representantes, Ona Curto, concejala de la CUP, dijo el viernes a Catalunya Ràdio que no creía que lo tuviera que hacer. “Tenemos un president de la Generalitat que es de un partido y también tenemos una presidenta del Parlament que es de otro partido. Pedir que el Consell se despolice... Entonces no nos presentamos nadie”, sentenció, a pesar de que dejó claro que se debatirá la petición hecha por dos miembros de la Asamblea y que en ningún caso se vetará la discusión.

Si Puigdemont tomara la decisión de dejar la presidencia de Junts -manteniéndose como militante- sería una sacudida para el partido, puesto que hasta ahora ha sido la figura aglutinadora de los diferentes sectores. Desde JxCat aseguran que no se ha planteado este debate, pero algunas fuentes admiten que hay una “presión” de fondo sobre el ex president y no se atreven a descartar nada. Es sabido que Puigdemont nunca se ha sentido cómodo en las estructuras de partido y que tiene tendencia a esquivarlas. La prueba más clara de ello es que impulsó Junts como nueva formación política pero nunca ha tenido un papel activo en términos orgánicos: no participa en las ejecutivas del partido ni tampoco fue al último consejo nacional.

Ya sea políticamente o judicialmente, el 2022 es el año decisivo para el exilio. Lo que pase afuera puede mover todo el tablero político en Catalunya -con la Generalitat ahora pilotada por ERC- y en Madrid, donde la Moncloa ve a Puigdemont como uno de los potenciales desestabilizadores de la situación.