¿Prohibir la prostitución, ahora sí?

BarcelonaEn los últimos años, el PSOE ha intentado en varias ocasiones, y con distintos mecanismos, introducir modificaciones en el ámbito legal que conduzcan a la abolición de la prostitución. Sin embargo, siempre que lo ha probado ha topado con la oposición de la mayoría de socios. Hace pocos días, y semanas después de que salieran a relucir los audios de Ábalos y Koldo en los que hablaban de contratar a prostitutas, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguraba que ahora es el "momento político" para intentarlo de nuevo. Será un camino de nuevo difícil para los socialistas, ya que incluso su socio de gobierno, Sumar, se muestra contrario al planteamiento que sostiene el PSOE en esta cuestión. Ahora bien, el ejecutivo tiene dos frentes abiertos en materia de violencia machista en los que podría tener mayor éxito.

Sobre la abolición de la prostitución, la discrepancia es amplia y hay muchos matices entre las formaciones políticas. Desde 2021, el PSOE se define como "abolicionista" y es partidario de prohibir la prostitución en cualquier contexto y forma. En cambio, algunos socios, como Sumar y ERC, son más partidarios de dotar de derechos a las trabajadoras sexuales que ejercen por voluntad propia, es decir, siempre que no haya proxenetismo. Una postura que se conoce como regulacionista o proderechos.

Puede parecer, pues, que el acuerdo sobre la abolición de la prostitución en términos generales queda lejos, pero que puede haber un entendimiento en la persecución de las personas que se lucran de la prostitución de terceros, ya que casi todos los partidos del Congreso se muestran a favor de perseguir al proxenet. Sin embargo, también será difícil llegar a un acuerdo en esta materia.

El desacuerdo sobre la 'tercería locativa'

Para acabar con el proxenetismo, la ministra asegura que la ley que ahora quiere intentar aprobar incluye la persecución de quienes se lucren de la cesión de un inmueble donde se practica sexo a cambio de dinero. Es lo que se conoce como tercería locativa, y es uno de los puntos que también generan discrepancias, ya que partidos como Sumar y varios socios del gobierno español hasta ahora han considerado que perseguirlo puede poner en riesgo a las mujeres que ejercen prostitución por cuenta propia.

La pasada legislatura los socialistas incluyeron la tercería locativa en una enmienda a la ley del sólo sí es sí. Sin embargo, esta enmienda acabó dinamitando el acercamiento de posiciones que había hecho la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, con formaciones políticas pro derechos como Comuns, ERC y la CUP, y que consistía en excluir de la tercería locativa los casos en los que se ejerce por cuenta propia. La ley finalmente no entró a penalizar a la prostitución, un síntoma de la complejidad del debate y la dificultad de llegar a acuerdos.

De momento, Sumar y los socios del gobierno español no aclaran qué posición tienen sobre este tema en concreto hoy, y la mayoría quieren ver primero en qué se concreta el anuncio del ministerio para pronunciarse. En todo caso, la formación de Yolanda Díaz recuerda que se posicionó en contra de la proposición de ley para perseguir el proxenetismo que presentó el PSOE esta legislatura, en abril del 2024, y que buscaba ampliar los supuestos en los que se persigue ese delito. La proposición también incluía la tercería locativa, y en el pleno en el que se debatió a los socialistas se quedaron solo defendiendo su planteamiento.

Tráfico de personas y violencia vicaria

Más allá del anuncio de Ana Redondo en torno a una ley abolicionista, el ministerio también trabaja en una ley contra el tráfico de personas y en la persecución legal de la violencia vicaria, con la introducción en el Código Penal. Actualmente son cuestiones que no están reguladas específicamente en la legislación española. Redondo seguramente podrá salir más fácilmente, ya que se trata de asuntos que recoge el Pacto de Estado Contra la Violencia Machista, renovado este 2025 con el apoyo de todos los partidos excepto Vox.

La abolición de la prostitución, sin embargo, no está incluida en el Pacto. Por este motivo, y también por hechos como la complejidad de un debate que divide al feminismo, el enrocamiento del PP a la hora de aprobar medidas del gobierno español y la ajustada aritmética parlamentaria que obliga a Pedro Sánchez a hacer equilibrios constantemente, se augura un nuevo encendido debate político. Además, las discrepancias de base entre PSOE y Sumar en el asunto pueden causar nuevas fricciones al ejecutivo español. Tal y como ocurrió en la última legislatura, ¿será de nuevo el ministerio de Igualdad una patata caliente para Pedro Sánchez? Este otoño deberíamos saberlo.