PSC, Cs y PP llevan al Consejo de Garantías Estatutarias el fondo del Govern para hacer frente a las fianzas

BarcelonaDe momento, la Moncloa y el PSOE son cautos con el fondo creado por la Generalitat para cubrir las fianzas de los implicados en el Tribunal de Cuentas. No ha habido ninguna decisión apresurada –desde el gobierno español se afirma que se está estudiando con calma– y la única salida expeditiva de un miembro del ejecutivo fue este jueves, cuando la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, aseguró que el decreto contiene cosas "difíciles de entender". También avisó de que, si hay partes ilegales, recurrirán el fondo ante la justicia. El PSC ha seguido la misma línea, y el único movimiento lo ha hecho este viernes, a pesar de que, igual que sus compañeros de partido en el Estado, es una acción preventiva: Salvador Illa ha anunciado que los socialistas pedirán al Consejo de Garantías Estatutarias –que es un órgano consultivo– que elabore un dictamen sobre el fondo del Govern.

Lo ha dicho en una entrevista a Catalunya Ràdio, y ha explicado que el objetivo es aclarar las "dudas" que les ha suscitado el decreto. De hecho, Illa ha asegurado que si el Consejo de Garantías Estatutarias determina que el fondo es legal, el PSC no tendrá inconveniente en votar a favor en el Parlament, que tendrá que convalidar dentro de unas semanas el decreto. "Es razonable que tengamos dudas y que las queramos aclarar por el bien de todos", ha añadido Illa. Siguiendo la dinámica de la Moncloa, ha apuntado que no se quieren guiar por "intuiciones o prejuicios" y, por eso, han apostado por una vía consultiva y no vinculante. En el texto presentado por el PSC en el Consejo de Garantías Estatutarias, los socialistas cuestionan que haya una "urgencia extraordinaria" que justifique crear el fondo a través de un decreto ley en vez de la vía ordinaria.

Cs y PP también piden un dictamen

La derecha española ha hecho todo lo contrario que la Moncloa y ya advirtió de que recurriría el fondo de la Generalitat. De momento, Cs intenta presionar al gobierno español para que impugne el decreto en el Tribunal Constitucional, y Vox anunció este jueves que recurrirá el fondo al TC, se querellará contra el Govern y denunciará al president, Pere Aragonès; la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà; y el titular de Economía, Jaume Giró, en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Este viernes los naranjas y el PP catalán han dado un paso más en su ofensiva judicial contra el fondo, a pesar de que el movimiento no conduce a ninguna impugnación: igual que ha anunciado el PSC, Carlos Carrizosa (Cs) y Alejandro Fernández (PP) han acordado pedir conjuntamente un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias sobre la legalidad del decreto del Govern. Aunque esta acción solo conducirá a una respuesta no vinculante, Carrizosa ya ha avanzado que, a su entender, el fondo es "manifiestamente inconstitucional" para privilegiar a los políticos "que han dilapidado los recursos públicos".