PSOE y ERC se atascan en la concreción de la recaudación del IRPF

BarcelonaEl lunes hay una cita rodeada en el calendario: la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat sobre la nueva financiación. Ahora bien, en esta cuestión, existe otra negociación en paralelo: las conversaciones entre el PSOE y Esquerra para hacer una ley en el Congreso que dote a Catalunya de la capacidad para recaudar el IRPF. Según las fuentes consultadas, el contenido de la comisión bilateral, que han trabajado Generalitat, Estado y Esquerra, ya está prácticamente cerrado y se limitará a dejar por escrito los principios del nuevo modelo, que pasarán por que garantice la ordinalidad, la solidaridad y la recaudación desde Catalunya del IRPF.

"No es tan importante el qué, sino quien lo firma", asegura una fuente de la negociación, ya que el gobierno español asumirá oficialmente el lunes parte del contenido del pacto de investidura entre ERC y el PSC. Más complicada es la negociación sobre la ley que debe permitir la recaudación del IRPF por parte de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC): ambas partes se dan este mes de julio para llegar a un pacto, ya que no hay entendimiento con la letra pequeña. Esta misma tarde, según ha podido saber el ARA, ha habido un encuentro en el que se ha consolidado la distancia entre socialistas y republicanos.

Las conversaciones avanzaban a buen ritmo hasta este jueves, cuando se atascaron, según relatan fuentes consultadas. Fue cuando ambas partes entraron en el detalle de la proposición de ley que debían consensuar. Ante el bloqueo, socialistas y republicanos se han dado quince días de margen. La discrepancia principal, en estos momentos, está en cómo hacer efectivo el acuerdo político de recaudar el IRPF desde la Generalitat, que implicaría modificar hasta tres normativas a la vez: la Lofca (ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas), la ley por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común (22/2009)1/2/2009. De entrada, debería incorporarse en la delegación de competencias al gobierno catalán la posibilidad de recaudar el impuesto sobre la renta, ya que el resto de impuestos "se irán incorporando de forma progresiva", según dicen las fuentes. Éste es un paso imprescindible para poder empezar a desplegar la ATC: sin amparo legal, no se puede hacer crecer.

Ahora bien, esta cesión es técnicamente muy compleja, sobre todo si la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) sólo recauda el IRPF y no todos los impuestos, como ocurre en el caso del País Vasco (lo hacen las diputaciones), apuntan fuentes conocedoras de la negociación. ¿Por qué? Por un lado, porque el IRPF está conectado a otros tributos como patrimonio, sociedades o el IVA (los autónomos hacen declaraciones periódicas), que de entrada mantendría a la Hacienda española, por lo que habría que compartir datos de forma constante. Por otra parte, porque antes de llegar a este punto, se necesita un período transitorio de colaboración porque ahora mismo la ATC no está preparada para asumir la recaudación del IRPF. La "coordinación" que se necesitaría en este período transitorio entre las dos haciendas encalla la negociación. Para entender el salto que supondría esto para la Hacienda catalana, es necesario hablar de cifras: pasaría de recaudar 5.000 millones de euros en impuestos a 30.000 millones, una cifra que implica dimensionar el organismo y dotarlo de más efectivos humanos, además de adaptar el software técnico.

Los interlocutores

Las negociaciones entre ambas partes las pilotan Lluís Salvadó, por el lado de ERC, y Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda, con el apoyo técnico de expertos en materia de financiación por ambos lados. También se han implicado directamente en los últimos días el líder de ERC, Oriol Junqueras, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esta última semana, además, Junqueras ha hablado con el presidente español, Pedro Sánchez, para intentar acelerar sus negociaciones. Los republicanos han puesto como condición "avances" en el cumplimiento del acuerdo de la financiación para hablar de los próximos presupuestos en el Estado y también en la Generalitat. De momento, no han fijado un tope sobre hasta dónde deberían llegar los socialistas para dar el acuerdo por completo.

En todo caso, los negociadores son conscientes de que más allá de superar sus reticencias, será necesario un acuerdo en el Congreso de los Diputados con toda la mayoría plurinacional, es decir, Sumar, Junts, Podem, Compromís, Bildu y el PNV. Un pacto que no ven tan problemático como el modelo en su conjunto, que iría avanzando en paralelo con la negociación abierta Estado-Generalitat y que también debe acabar pasando por el Congreso. ¿Por qué? Porque en esa primera norma no se hablaría de dinero, sino sólo de la competencia de recaudación de los impuestos para Catalunya.

La ordinalidad, en la comisión bilateral

La proposición de ley que negocian socialistas y republicanos va en paralelo a la comisión bilateral que se celebrará este lunes entre la Generalitat y el Estado. El encuentro debe servir para formalizar el acuerdo que el PSC y ERC firmaron para investir a Salvador Illa y que estará encabezada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por parte del gobierno español, y por los consejeros de la Presidencia y de Economía, Albert Dalmau y Alícia Romero, por parte de la Generalitat. El encuentro llega quince días más tarde de lo previsto en el acuerdo –la fecha límite era el 30 de junio–. Según las fuentes consultadas, en la bilateral se pactarán las "bases" del nuevo modelo: el principio de ordinalidad, la solidaridad, la cesta de tributos en la que participará la Generalitat y, al mismo tiempo, la capacidad de la Agencia Tributaria de Catalunya de recaudar los impuestos, empezando por el IRPF. Ahora bien, sin cifra concreta alguna.

Garantizar la ordinalidad ha sido una de las cuestiones más polémicas de la negociación por la resistencia del Estado y en las últimas horas incluso ha estado en duda sobre si entraba o no. Ha sido así a pesar de que es un principio que defiende a Esquerra, pero también al PSC. En este sentido, su pacto de investidura incluso decía que mientras no se pusiera en funcionamiento el nuevo modelo de financiación, el gobierno español debía garantizar la ordinalidad en Catalunya en 2025, es decir, que a la hora de repartir el dinero no baje posiciones en el ranking de autonomías respecto a lo aportado. Por ejemplo, si Cataluña fuera la segunda que más dinero aporta, debe ser la segunda que más dinero recibe. "La financiación de Catalunya debe respetar el principio de ordinalidad. Las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben –se establecía en el acuerdo–. En caso de no adoptarse durante el 2025, requerirá medidas compensatorias", añadía.

Otro de los caballos de batalla de la negociación que sí está aceptado por todas las partes es que tendrá que haber "solidaridad" por parte de Catalunya, pero que a diferencia del actual modelo, esta solidaridad tendrá un límite, que es garantizar la ordinalidad. Es decir, el nuevo sistema de financiación pasaría por que Catalunya recaudara los impuestos (de entrada sólo el IRPF) y que pagara una cuota para compensar los servicios prestados por parte del Estado, pero también una cuota de solidaridad al resto de las autonomías. "Esta solidaridad debe estar limitada por el principio de ordinalidad", se establecía en el pacto, lo que significa que tras transferir los fondos a las demás comunidades autónomas a través de la cuota de solidaridad, Catalunya no quedaría perjudicada: mantendría más o menos la posición a la hora de aportar al sistema común ya la hora de recibir.

En las últimas semanas, ERC se ha quejado de que el ministerio de Hacienda arrastra los pies a la hora de concretar el modelo. Sin embargo, los socialistas también deben vencer las resistencias internas, sobre todo de voces críticas como del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y también de varones alineados con Pedro Sánchez, como el presidente de Asturias, Adrián Barbón. Para intentar tranquilizarlos, María Jesús Montero ha asegurado este viernes que "nunca el gobierno de España prometerá ningún acuerdo ni política que suponga un agravio territorial con otras comunidades autónomas, con otras sensibilidades o con otra forma de entender la autonomía". En declaraciones desde Sevilla, la ministra de Hacienda ha añadido que el gobierno español trabaja "desde el primer día en una mayor profundización de las competencias autonómicas", aunque ha lamentado que haya "algunos que no quieran ejercer sus competencias".