El PSOE rechaza hacer públicos documentos del caso Pegasus
El gobierno español se abre a desclasificar información solo si lo requiere un juez y el Defensor del Pueblo, y mostrarla a la comisión de secretos
MadridEl gobierno español está dispuesto a desclasificar documentos vinculados al caso Pegasus, pero no que sean de libre acceso para la ciudadanía. Unidas Podemos y las formaciones soberanistas han solicitado que se publiquen las autorizaciones judiciales que la directora del CNI, Paz Esteban, enseñó a la comisión de secretos. No saldrán de allá, ha asegurado el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, que ha dejado claro que si se levanta el secreto de algún documento será consultable a los "canales donde corresponde": a puerta cerrada a la comisión del Congreso. La desclasificación, además, no se hará por iniciativa propia ni porque la solicite el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, sino solo si la requiere un juez o el Defensor del Pueblo, que también investiga el Catalangate.
"Es en la comisión de secretos donde se aclaran las cosas que son secretas. Esta es la legalidad. Ya no es que lo pida una persona u otra. El gobierno está dispuesto a rendir cuentas, pero en el lugar donde toca", ha manifestado Sicilia. La otra respuesta que espera el independentismo es que se asuman responsabilidades políticas, si bien de momento la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la directora del CNI continúan al cargo. El discurso oficial continúa siendo que primero hay que tener los resultados de la investigación interna que los servicios de inteligencia están haciendo y que se dirima si hubo más ministros espiados. A la espera de si Esteban acaba siendo quien paga el pato, ahora mismo el PSOE cierra filas. "No hay ninguna razón porque la directora del CNI no esté en su lugar. Si continúa es porque hay confianza en su trabajo", ha expresado Sicilia.
Si bien hay muchas referencias a la provisionalidad en el caso de Esteban, más tajante es el cierre de filas con la ministra de Defensa. Robles tiene todo el apoyo de la ejecutiva del partido y de todo el gobierno. "Es una magnífica ministra, por cierto. Es un orgullo para este partido que Robles sea la ministra de Defensa", ha destacado el portavoz socialista. Fuentes del PSOE desmienten que Sánchez haya expresado a sus compañeros de gabinete y partido su preocupación por el hecho de que lo hayan espiado. Y sobre el Catalangate, restan importancia al hecho de que uno de los objetivos fuera Aragonès, vicepresidente del Govern en aquel momento y líder de ERC. Hacen hincapié en el hecho de que un juez avaló que se intervinieran las comunicaciones y que desde la esfera política no se puede cuestionar su tarea. Según Sicília, en la ejecutiva no se ha abordado el hecho de que la Moncloa no conociera que el CNI espiaba a Aragonès.
Prohibir Pegasus "drásticamente"
A pesar de la negativa del PSOE, el independentismo sigue insistiendo que esta desclasificación es clave si el gobierno español quiere dar alguna muestra de que se toma seriamente el problema. Este lunes ha insistido el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, que ha recordado que el presidente Pedro Sánchez "tiene la capacidad de desclasificar estos informes". Además, se ha mostrado convencido de que el presidente socialista incluso tenía acceso a los "informes del CNI" con toda la información. Desde el Govern, la consellera de Exteriores, Victòria Alsina, ha aprovechado la conmemoración del Día de Europa para pedir que la UE actúe para que programas como Pegasus, el software con que se ha espiado, sean "drásticamente prohibidos".
También desde Esquerra reclaman la desclasificación. Su secretaria general adjunta, Marta Vilalta, ha lamentado que transcurridas tres semanas del estallido del Catalangate el ejecutivo español todavía no haya asumido "ninguna responsabilidad", según informa Quim Bertomeu. Ha considerado, pues, que con esta parálisis "el mensaje que envían es que están dispuestos a cargarse la democracia para defender la unidad de España". Como por ahora no hay respuestas concretas, Esquerra ha llevado una moción al Parlament que se votará este jueves y que busca que la cámara exija la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por haber "reconocido y justificado el espionaje masivo" en el Congreso. Para los republicanos, lo "mínimo" sería que Robles dejara el cargo, pero no descartan pedir más cabezas.