El PSOE y Sumar pactan despenalizar las injurias a la Corona y las ofensas a los sentimientos religiosos
Ambos partidos acuerdan impulsar una reforma del Código Penal que excluye la supresión del delito de enaltecimiento del terrorismo
Barcelona / MadridEn plena semana horribilis para el PSOE por la agenda judicial contra el entorno de Pedro Sánchez, los socialistas y Sumar han acordado desbloquear una de las carpetas pendientes en el Congreso. Las dos formaciones que componen el gobierno español han anunciado el impulso de la reforma del Código Penal que incluye, entre otras, la derogación de los delitos de injurias y calumnias a la Corona y el de ofensas a los sentimientos religiosos. Hacía más de dos años que esta propuesta de modificación estaba guardada en un cajón de la cámara baja. El pacto recupera la proposición de ley presentada por Sumar al inicio de la legislatura –fue tomada en consideración por el Congreso a finales del año 2023– y prevé suprimir las penas de multas y de prisión de hasta dos años por injuriar o calumniar a cualquier miembro de la familia real española o por utilizar su imagen de una manera que "pueda dañar el prestigio de la Corona", tal como se establece ahora mismo en el Código Penal.
El documento acordado entre PSOE y Sumar también prevé la derogación de las injurias a las Cortes Generales o Asambleas legislativas (penadas con multas de doce a dieciocho meses) y también contra las altas instituciones del Estado como son el gobierno español, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los órganos equivalentes de las comunidades autónomas y los ejércitos y cuerpos y fuerzas de seguridad. Lo que sí que se mantienen son las penas de tres a cinco años de prisión para quienes utilicen la "fuerza, violencia o intimidación" contra estas instituciones y las multas de doce a dieciocho meses para quien las "amenace gravemente".
En cuanto a la derogación del delito de ofensa a los sentimientos religiosos, el acuerdo de los dos grupos parlamentarios supondría, si se culmina en el Congreso, acabar con la posibilidad de multas de ocho a doce meses para quien ofenda a una confesión religiosa, ya sea "públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento". En la misma línea, el documento del pacto también prevé eliminar del Código Penal el delito de ofensas o ultrajes –de palabra o por escrito– a España, las comunidades autónomas o a sus símbolos y emblemas, que ahora mismo se castigan en la ley con penas de entre seis meses a un año de multa.
En cambio, se excluye la supresión del delito de enaltecimiento del terrorismo previsto en el artículo 548 del Código Penal. El planteamiento inicial de Sumar lo contemplaba, pero el PSOE se ha negado a aprobarlo de manera que se retirará del texto durante el trámite parlamentario que se reactiva ahora. Los socios de gobierno se han propuesto agilizar la tramitación de la iniciativa y confían en tener el apoyo de la mayoría plurinacional para que la reforma salga adelante en un momento en el que los aliados de la investidura están más alejados que nunca del ejecutivo español y en una recta final de la legislatura en la que planean serias dudas de que se pueda culminar gran parte de la agenda legislativa pendiente.
De hecho, a las puertas del final del actual período de sesiones –solo quedan dos plenos ordinarios antes del verano–, la aprobación de esta propuesta no será inmediata por el hecho de que todavía debe superar la votación de las enmiendas a la totalidad, debatirse con los grupos y aprobarse en ponencia y en la comisión de Justicia antes de volver al pleno de la cámara baja. Una vez aprobada todavía debería pasar por el Senado.
"Titiriteros y dibujantes"
"Habría sido imperdonable que no tratáramos de derogar estos artículos del Código Penal que tanto daño han hecho a titiriteros y dibujantes", ha dicho el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha comparecido para presentar el pacto con el portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, y el portavoz de la Comisión Constitucional del PSOE, Artemi Rallo. Santiago ha calificado la reforma pactada de "urgencia democrática". Con esta reforma, PSOE y Sumar afirman querer "fortalecer el derecho a la libertad de expresión, como corresponde en una democracia de calidad y plena, y más concretamente, alinear España con los estándares internacionales, con las Naciones Unidas y con el Consejo de Europa", ha explicado Rallo, que ha recordado que el estado español ha sido condenado hasta en tres ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que recuerda que la libertad de expresión ampara manifestaciones, supuestos y hechos como la quema de fotografías del rey, la crítica a instituciones como la Corona o las ofensas a la bandera.