Puigdemont y Alay, ¿salvados de la alta traición?

BarcelonaTras meses de silencio, el 29 de enero –un día antes de que se votara por primera vez la amnistía en el Congreso de los Diputados– el juez Joaquín Aguirre sorprendió con un auto en el que prorrogaba otros seis meses la investigación sobre la trama rusa del Proceso. Una resolución en la que no sólo insistía en los supuestos vínculos entre el entorno del expresidente Carles Puigdemont con Rusia, sino que el régimen de Vladimir Putin estaba dispuesto a dar "apoyo económico y militar" al independentismo para conseguir la secesión de España. Una forma de blandir el delito de traición contra el expresidente y su jefe de oficina, Josep Lluís Alay, ya que este tipo penal quedaba fuera de la amnistía. Ahora bien, esta semana con la decisión de la Audiencia de Barcelona de tumbar el último año de instrucción de Aguirre –solo considera válida la instrucción hasta agosto del 2023, como resultado de un recurso de la defensa de Xavier Vendrell–, la causa puede convertirse en un castillo de naipes. Sobre todo para Puigdemont y Alay, a los que, de hecho, el juez ya tuvo que archivar otra pieza separada sobre la compraventa de petróleo ruso.

Según fuentes de la defensa, ahora el juez Aguirre sólo tiene dos opciones: o archivar la causa o enviar el caso a juicio. Ahora bien, no puede hacerlo en el caso de Puigdemont ni de Alay –apuntan las mismas fuentes– porque no les ha llamado a declarar como investigados durante toda la instrucción. Y eso que la causa se sustentaba fundamentalmente en los contactos de Alay con Rusia. El juez investigaba una reunión de la mano derecha de Puigdemont con el periodista Evgeni Primakov, designado en el 2020 director de Relaciones Internacionales del Kremlin, para cerrar una entrevista al expresidente en Waterloo que se emitió por la cadena rusa RT. Otro encuentro fue con Andrei Bezrukov, exespía ruso, cuya esposa, Elena Vavilova, escribió el libro El secreto de la clandestina (Símbolo Editores), que inspiró la serie The Americans y que Alay tradujo al catalán.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya confirman la premisa general: un juez instructor no puede enviar a juicio a un implicado al que no ha tomado declaración antes. Debe tener, remarcan, la oportunidad de defenderse de las acusaciones ante el juez y con presencia de su abogado por tratarse de un derecho fundamental. Así pues, tanto Puigdemont como Alay sortearían la imputación por el delito de traición, que podría complicarles el camino para acogerse a la amnistía. De hecho, su defensa siempre consideró que el objetivo último de la trama rusa era éste y negó cualquier vínculo con el régimen de Putin. Una meta que difícilmente alcanzará ahora Aguirre con esta pieza separada del caso Volhov.

Sólo una extraña maniobra del juez Aguirre podría cambiar esta situación, aunque la Audiencia de Barcelona ya le dejó claro que todo lo que ha hecho en el último año es irregular porque en agosto de 2023 no justificó lo suficiente, tal y como obliga el ordenamiento jurídico, por qué quería alargar la instrucción. Ahora bien, incluso con la instrucción terminada, en supuestos muy tasados ​​la ley habilita a las acusaciones a pedir diligencias complementarias (art. 780 LECrim), una decisión que el instructor sólo debería validar en circunstancias excepcionales, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Es un hilo que tanto Vox como las acusaciones particulares podrían intentar estirar para envolver aún más la telaraña de este caso.

Terradellas sí puede ir a juicio

Quien no estaría en la misma situación que Puigdemont y Alay es el exdirigente de Convergència Víctor Terradellas, que sí declaró ante Aguirre en el 2022 y volvió a hacerlo este año en un polémico interrogatorio que, sin embargo, para la Audiencia de Barcelona no inhabilita al juez para continuar al frente de la investigación.

En todo caso, y más allá del interrogatorio, fuentes de la defensa de Terradellas explican al ARA que desde el principio han seguido con estupefacción la instrucción de esta causa, en la que, en estos momentos , no saben de qué se acusa a su cliente. Ahora, está abierta por presunta malversación, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Terradellas podría ir a juicio si la Fiscalía o los abogados de Vox y las entidades espanyolistas personadas lo piden, pero sus abogados consideran que ninguna de las diligencias practicadas –incluyendo las escuchas en su teléfono– han acreditado que cometiera ninguna delito, ni en la pieza de Volhov ni en las que derivaron de la operación Estela, sobre las subvenciones de la Diputació de Barcelona. Y, más allá de estos argumentos, que harán valer ante el juez, está la amnistía, que debería beneficiar a todos los imputados en esta causa, interpretan.

Aún habría un último riesgo, según estas mismas fuentes, que podría hacer descarrilar la esperanza de las defensas de poner punto y final al caso ante el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona: que Aguirre se inhiba y envíe el caso al 'Audiencia Nacional cogiéndose a posibles vínculos entre esta causa y la del Tsunami Democrático, en la que ya son investigados tanto Puigdemont como Alay.