Puigdemont, ¿lider de una banda terrorista?: "Es delirante"

BarcelonaCarles Puigdemont ejercía "el liderazgo absoluto" del Tsunami Democrático, "un grupo organizado de carácter terrorista". La conclusión sale bien destacada en el informe firmado por el fiscal Fidel Cadena –uno de los fiscales del juicio del Proceso– que comparten la mayoría de fiscales del Tribunal Supremo. Una forma de expresar el sentido mayoritario antes de que se pronuncie la teniente fiscal encargada de expresar la posición definitiva de la Fiscalía en el caso del Tsunami. El expresidente en el exilio no tardó en reaccionar a través de X considerando que las investigaciones que sirven para llegar a estas conclusiones son "delirantes y manipuladas". Puigdemont ha lamentado que se dé credibilidad a estas tesis y que se utilicen con objetivos meramente políticos.

"No tengo ninguna duda de que entre jueces, fiscales, policías y determinados políticos y medios abundan los artificieros del estado de derecho, que creen que cualquier medio es lícito para defender a España", lamentó antes de añadir a la crítica a aquellos "que se supone que no son de esta trama corrupta", pero que no tienen "la voluntad y el coraje de perseguir estas conductas, que claramente son delictivas". ¿Una apelación indirecta al gobierno español?

"No cabe duda de que los hechos encajan perfectamente en el delito de terrorismo", señala el informe al que ha tenido acceso la Agencia Efe. El documento ya se ha trasladado a la número 2 de la Fiscalía, María Ángeles Sánchez Conde, la encargada de preparar el informe definitivo que determinará el criterio del ministerio público para decidir si apoyan o no el traslado de la causa del Tsunami de la Audiencia Nacional en el Tribunal Supremo. Hay, según Cadena, muchos indicios "que acreditan el liderazgo absoluto, la autoría intelectual y la asunción de las riendas de Tsunami" por parte de Carles Puigdemont que, además, lejos de retirar su "apoyo carismático" , siguió "animando en las acciones violentas que se desarrollaron con su conocimiento y consentimiento".

El fiscal Álvaro Redondo fue el primer encargado de realizar un informe para valorar si el Supremo debía asumir el caso. Se acabó haciendo público uno en el que descartaba terrorismo y apuntaba a los desórdenes públicos –incluidos en la ley de amnistía–, pero la junta de fiscales acabó votando en contra del documento con 11 votos de 16. El propio Redondo reconoció que antes de su informe había preparado otro con las conclusiones opuestas –es decir, recomendando investigar a Puigdemont y al Tsunami por terrorismo– pero que el análisis detallado de las pruebas le hizo cambiar de opinión . Curiosamente, la opinión que acabó adoptando fue la misma que la del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, la de los fiscales de la Audiencia Nacional y la del gobierno español, aunque Redondo negó presiones.

Una causa que dinamita la amnistía

El terrorismo está expresamente excluido de la amnistía, aunque para intentar blindar los casos del Tsunami Democrático y también de los CDR se añadió que sólo en los casos en los que "se haya evidenciado voluntad de violación grave de los derechos humanos". Tanto el PSOE como ERC consideran que la redacción actual debería ser lo suficientemente clara como para que los jueces se vieran obligados a amnistiar a Puigdemont y al resto de investigados en estas causas. Ahora bien, la discrecionalidad de los jueces preocupa a Junts, y por eso las negociaciones por la amnistía siguen bloqueadas.

Los junteros quieren eliminar toda referencia al terrorismo –ya la traición– de la ley que se acabe votando en el Congreso a partir del 7 de marzo, el plazo máximo fijado para cerrar la negociación. Un planteamiento que por ahora rechaza frontalmente al PSOE, que considera que eliminando estas referencias la ley correría el riesgo de ser declarada inconstitucional –y, por tanto, perdería toda efectividad.

Sea como fuere, el primer escollo a superar es la investigación del Tsunami por terrorismo. La posición final que acabe tomando la Fiscalía, un orden jerárquico que no tiene por qué seguir la opinión de la mayoría de los fiscales, será importante pero no decisiva. El presidente de la sala segunda del Supremo, Manuel Marchena, tiene la última decisión sobre el tema: si él ve indicios de terrorismo, como defiende su colega de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, asumirá la causa independientemente del criterio del ministerio público. Y aquí empezará un choque más entre la justicia y la política con la amnistía como guerra de fondo.