García-Castellón mantiene que el Tsunami es terrorismo por el fallecido en el aeropuerto y las "armas" de los manifestantes

MadridMientras en el Congreso el debate sobre la amnistía gira en torno a si quedarán amparadas o no las causas por terrorismo contra Tsunami Democrático y los CDR, el juez de la Audiencia Nacional que las instruye, Manuel García-Castellón, continúa su cruzada por superar los obstáculos que se va encontrando. Aunque en el atestado de los Mossos d'Esquadra sobre la protesta en el aeropuerto de El Prat no hubiera ninguna mención a la víctima mortal de un turista francés que sufrió un ataque al corazón, el juez insiste en atribuir esta muerte a los impulsores de Tsunami. Y también reitera que había manifestantes que iban armados. Ésta es la estrategia en la que se escuda el magistrado para intentar esquivar la ley de amnistía: esgrimir que ha habido muertos y que se han utilizado "armas, artefactos y sustancias de similar potencia destructiva", tal y como dice en su auto. Es la forma de intentar encajar a Tsunami Democrático en la directiva europea de lucha contra el terrorismo. Todos aquellos casos que la contravengan no pueden ser amnistiados, tal y como queda reflejado en la norma, y ​​el PSOE no está dispuesto a tocar ese punto del redactado pese a la petición de ERC y Junts para modificarlo.

Este jueves García-Castellón ha dictado varias resoluciones en las que rechaza todos los recursos de la Fiscalía y de las defensas contra su decisión de elevar la causa al Tribunal Supremo. Un movimiento necesario si quiere mantener la imputación contra personas aforadas como el eurodiputado Carles Puigdemont y el diputado en el Parlament Rubén Wagensberg, que solo pueden ser juzgados ante el alto tribunal si se trata de delitos de terrorismo. El magistrado quiere cargarse de razones para sostener esta imputación y destaca la gravedad de los hechos que, entiende, se produjeron especialmente en la movilización en el aeropuerto de El Prat el 14 de octubre del 2019.

"Se utilizaron armas, artefactos y sustancias de similar potencia destructiva (artefactos de pirotecnia, mecanismos para disparar proyectiles metálicos y extintores), y se lanzaron contra los agentes desde una altura de hasta dos plantas carros portamaletas, piedras, botellas, garrafas, cristales , metales, maderas, etc.", subraya García-Castellón, que hace dos meses recibió los atestados de los Mossos sobre esa jornada de protesta. Fuentes de las defensas consultadas por el ARA aseguran que el informe de la policía catalana es fiel con lo que pudo verse en las imágenes y apuntan a que se lanzaron objetos y extintores vacíos. Utilizar el concepto armas sería cosecha del juez.

Desde que se registró la ley de amnistía, el juez está pisando a fondo el acelerador con esta causa y ha pedido pruebas que sostengan su tesis: atestados de los Mossos, informes de AENA y Enaire y la documentación del juzgado de Hospitalet de Llobregat que se hizo cargo de la muerte del turista francés. En el expediente se incluyen las consideraciones forenses y el juez destaca que la causa del fallecimiento se explica por la enfermedad que sufría, pero también por las "circunstancias de la muerte". "Precisamente, estas circunstancias, el bloqueo del aeropuerto, pudieron influir en el resultado del fallecimiento confirmando el riesgo que la acción ejecutada por Tsunami Democrático pudo suponer para la integridad de las personas presentes en el aeropuerto", subraya. Además, el magistrado destaca que este riesgo "se materializó con el resultado de múltiples heridos, tanto entre los agentes como entre personas que estaban allí. Los atestados incluyen informe de lesiones de hasta 15 agentes de los Mossos d'Esquadra y otros de la Policía Nacional que resultaron heridos. Parece que cinco agentes de los Mossos necesitaron la baja", añade García-Castellón.

Otro de los argumentos que utiliza el juez es que el bloqueo afectó a los controladores aéreos y, de rebote, a los vuelos que salían y llegaban a Barcelona, ​​lo que podía poner en peligro la seguridad de los viajeros. En este sentido, recuerda que se retrasaron 11 vuelos y que 115 tuvieron que cancelarse, lo que afectó al "tráfico de aeropuertos con origen y destino en otros países". Sin embargo, un informe de la Agencia Europea de Seguridad Aérea incorporado a la causa anotaba que no había habido incidencias remarcables en aeropuertos extranjeros aquella jornada. Sin embargo, el magistrado reitera que las afectaciones fueron relevantes. Por su parte, AENA reportó que el consorcio de seguros pagó 362.000 euros para reparar desperfectos.

Abucheo a la Fiscalía

García-Castellón se emplea ante las resistencias de la Fiscalía, que no considera que sus impulsores cometieran delitos de terrorismo, sino de desórdenes públicos agravados. Y eso no le ha gustado al magistrado, que en su última resolución abuchea al ministerio público. "Este instructor entiende que debería reflexionar sobre el hecho singular de tener que insistir ante el órgano que tiene por misión "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad" sobre la contundencia, cantidad y nitidez de los indicios que permiten sostener la calificación inicial por delito de terrorismo", escribe García-Castellón.

"La gravedad de los delitos que en ese momento se perciben, la clara afectación que tuvieron en los intereses generales y en estructuras económicas esenciales del Estado, los daños concretos que se causaron a los perjudicados y las graves lesiones sufridas por las víctimas del delito, no sólo exigen la aclaración promoviendo la acción de la justicia, sino que exigen, en defensa de la legalidad, que la instrucción y enjuiciamiento efectúe por el órgano judicial que ostenta la competencia objetiva y funcional, que en este caso sería la sala segunda del Tribunal Supremo, tal y como señala la exposición razonada que se pretende desactivar", insiste el magistrado.