Puigdemont se querellará contra el juez de la trama rusa

BarcelonaLa Audiencia de Barcelona parecía pararle los pies al juez Joaquín Aguirre, empeñado en encontrar conexiones entre Carles Puigdemont y Vladímir Putin, pero la nueva causa abierta por la trama rusa del Proceso demuestra todo lo contrario. Ante el movimiento del magistrado, el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ya ha anunciado que se querellará contra Aguirre por prevaricación y también por malversación, al considerar que lleva años gastando dinero público en especulaciones sin fundamento. Lo ha explicado en una entrevista en Más 3/24, donde ha cargado contra el "delirio" del juez del caso Volhov. "La única trama rusa que se investigará es la del juez Aguirre y las personas que le están ayudando por ese delito de prevaricación, en concurso con un delito de malversación. En los próximos días presentaremos sin lugar a dudas una querella contra Aguirre" , ha recalcado Boye.

"Del juez Aguirre nos esperamos esto y muchas más cosas. En el delirio de Aguirre, creo que no se ha leído la amnistía", ha dicho Boye, que ha querido desmontar los argumentos del magistrado sobre el delito de alta traición, tal y como recoge el ACN: "Requiere unos requisitos acumulativos que no se dan en esta causa. No existe ni una amenaza efectiva y real, ni un uso efectivo de la fuerza contra la integridad territorial".

Otro de los nuevos imputados en la causa es el predecesor de Puigdemont en la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, que ha evitado este sábado calificar de prevaricación las acciones de Aguirre, pero sí ha valorado que está actuando "con poco sentido de la justicia". En una entrevista en RAC1, Mas ha coincidido con Puigdemont en que lo que intenta Aguirre es que no se aplique la amnistía, en vigor desde hace unos días ya la espera de que los tribunales empiecen a pronunciarse a partir de la semana que viene.

La otra traición

El terrorismo y la alta traición eran desde el primer momento los dos delitos que más dudas generaban entre los legisladores. El problema no era que se hubieran cometido –ni Junts, ni ERC ni tampoco el PSOE creen que haya habido durante el Proceso–, sino que algunos jueces pudieran utilizarlos para esquivar la amnistía. Manuel García-Castellón y también Manuel Marchena tendrán que decidir sobre el presunto terrorismo que se investiga en las causas de Tsunami Democrático y de los CDR. Y en cuanto a la alta traición, Joaquín Aguirre es el encargado de defender una tesis que ha ido retorciendo con el paso del tiempo partiendo de los contactos de algunos colaboradores de Puigdemont y de dos reuniones en el Palau de la Generalitat con supuestos emisarios rusos. Aunque Puigdemont no dio credibilidad ni a los 10.000 soldados que ofrecían ni al apoyo económico de Rusia a la república catalana, el juez afirma que era la intención de una parte del independentismo.

El otro problema es la malversación, que los fiscales del Supremo –corregidos por la Junta de Fiscales– consideran que no puede ser amnistiada, aunque no exista un beneficio personal para los imputados o condenados por el Proceso. Aguirre, Marchena, García-Castellón y también Pablo Llarena, el instructor de la causa del 1-O, decidirán a partir de la próxima semana si se niegan a aplicar la amnistía, si consultan sus dudas a la justicia europea o si contra todo pronóstico deciden aplicar íntegramente la ley de amnistía.

A corto plazo afecta a las órdenes de detención las que se ciernen sobre Carles Puigdemont (y el resto de exiliados). En caso de que no se retiren, un eventual regreso del líder de Junts a Catalunya podría comportarle el encarcelamiento. Un riesgo que su abogado ya ha dicho estar dispuesto a correr: su intención sigue siendo volver para asistir al debate de investidura del Parlament –sea de quien sea–, que aún no tiene fecha.