Las "razones políticas" del gobierno español para los indultos

MadridCuando este martes el presidente español, Pedro Sánchez, ha defendido que los indultos son "la mejor decisión para Catalunya y España" estaba resumiendo la clave de la argumentación por la cual su ejecutivo concede la medida de gracia: la utilidad pública de una decisión que, defiende, se toma pensando en el interés general. Tal como consta en los expedientes sobre Jordi Cuixart y Raül Romeva a los que ha tenido acceso el ARA, la apuesta por la convivencia es el gran hilo conductor de la motivación del gobierno español, incluso por encima de los intereses particulares de los implicados. En un expediente marcadamente político, el ejecutivo de Sánchez sitúa los indultos como un primer paso para intentar resolver el conflicto catalán desde la política.

La defensa del interés general como bien principal a preservar es especialmente visible en el expediente del presidente de Òmnium, con quien el Tribunal Supremo usó uno de los principales argumentos en contra del indulto por su intervención final en el juicio, cuando hizo famoso su "Lo volveremos a hacer". "Esta propuesta de indulto entiende que la utilización política y mediática por parte de algunos condenados en la causa del Procés para entorpecer los intentos de diálogo refuerzan la decisión que aquí se propone. El interés general del país justifica en el caso de Jordi Cuixart un indulto en contra del interés de su beneficiario", dice el informe relativo a Cuixart. "Esta obstinada actitud que ha mostrado el condenado podría suponer que no merezca el indulto por razones de justicia o equidad, pero no pueden anteponerse al superior interés público que inspira la concesión de su indulto", remacha.

En este sentido, el arrepentimiento no actúa como un requisito, sino como un "valor" que puede haber tenido incidencia a la hora de calcular la condicionalidad del indulto. Es decir, el tiempo durante el cual no pueden cometer un delito grave si no quieren que la medida de gracia decaiga. Con todo, el ejecutivo tiene claro que hay un cambio de actitud en los condenados: "Ninguno de los referentes sociales del movimiento independentista ni de los responsables políticos autonómicos que, con posterioridad, han ocupado efectivamente cargos institucionales en Catalunya han incurrido en comportamientos parecidos a los que dieron lugar a aquella condena. Desde octubre de 2017, las instituciones cumplen las leyes".

La gran polémica de la medida de gracia a los presos políticos es su naturaleza esencialmente política, y esto ha hecho que la derecha se haya echado al cuello de Sánchez. PP, Vox y Cs consideran que los indultos ponen una alfombra roja a los condenados para volver a delinquir, mientras que el ejecutivo opina todo lo contrario. Al aparcamiento de la unilateralidad, que el ejecutivo subraya en sus expedientes, se añade que la inhabilitación absoluta se mantiene intacta. Por ejemplo, Romeva no podrá tener cargos públicos hasta el 9 de julio de 2030.

"Clave para la restauración de la convivencia"

Tal como Sánchez ha ido explicando en los últimos días, la prioridad del gobierno español es restablecer la normalidad en las relaciones institucionales entre Catalunya y España, así como la convivencia, tanto en Catalunya como con el Estado. "Hay una espiral tóxica", apuntan fuentes de la Moncloa. Y para lograr este objetivo, considera que la liberación de los presos es necesario. "Es una persona clave para la restauración de la convivencia [...]. Su peso en el futuro de las relaciones entre Catalunya y el Estado resulta indiscutible", dice el expediente de Romeva, si bien estas frases también aparecen en el resto, tal como publican otros medios.

En la aspiración al "reencuentro" al que ha apelado Sánchez, el gobierno español pone como contexto la votación del Estatut del 2006. Subraya que obtuvo el 74% de apoyos -silencia que tuvo un 48% de participación- y constata que con el paso de los años el apoyo a la independencia haya crecido hasta el 44,9%, según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión. "Asimismo, los partidos políticos con los que se identifican los condenados han obtenido un amplio apoyo electoral en las últimas elecciones catalanas, celebradas el pasado 14 de febrero". El ejecutivo lamenta el tránsito hacia el independentismo de la última década y responsabiliza al PP de Mariano Rajoy. "Al largo de este proceso, el diálogo político se vio progresivamente sustituido por la confrontación institucional. El gobierno español eludió cualquier acción política y dejó en manos de la justicia toda respuesta a los desafíos de las instituciones catalanas, que fueron creciendo en intensidad", dice el informe.

En la parte final de los expedientes -que han sido pulidos hasta el último día y que incluyen detalles como manifestaciones del Cercle d'Economia de la semana pasada-, el gobierno insiste en el consenso que genera la medida, y también hace referencia a la mirada internacional del conflicto. "El gobierno no está solo en esta decisión. Ni mucho menos. Basta con señalar que estamos ante una decisión pedida por multitud de personalidades independientes, organismos internacionales, sindicatos y partidos políticos de diferente signo. A lo largo de esta propuesta se ha dado buena muestra de esto. Pero lo más relevante es que el gobierno de España está firmemente convencido que, en el contexto actual, el íntegro cumplimiento de la pena de prisión agravaría la tensión existente y dificultaría el adelanto en la búsqueda de una solución". Un cumplimiento íntegro de la pena que en campaña electoral de las elecciones del 2019 defendía el mismo Sánchez.