El regalo envenenado de Cristóbal Montoro al Senado que puede fastidiar a Pedro Sánchez
La ley de estabilidad presupuestaria da a la cámara alta, ahora controlada por el PP, poder de veto sobre los objetivos de déficit y deuda
MADRIDEl adelanto electoral del 23-J dejó algunas leyes empantanadas en el Congreso de los Diputados. También reformas. Una de ellas tenía por objetivo modificar un superpoder que tiene el Senado (casi el único) y que no es menor: la capacidad de vetar el techo de gasto y los objetivos de déficit y deuda, el paso previo para elaborar unos presupuestos generales del Estado. La reforma llevaba la firma del PSOE y Podemos y básicamente quería hacer desaparecer este superpoder. Si en las próximas semanas ambos partidos logran revalidar el gobierno en el Estado (Podemos bajo el paraguas de Sumar), podrían maldecir no haber logrado que prosperara la reforma antes de la disolución del Congreso y el Senado en mayo. El motivo de este quebradero de cabeza es que después del 23-J el Partido Popular logró la mayoría absoluta en el Senado. Los de Alberto Núñez Feijóo, pues, podrían usar este poder y, de hecho, no sería la primera vez.
Paso a paso. El escenario no siempre ha sido este. La capacidad de veto del Senado sobre los objetivos de déficit y deuda y sobre el techo de gasto la introdujo el exministro de Hacienda Cirstóbal Montoro (PP) en el 2012 durante el primer mandato de Mariano Rajoy. Montoro, a través de la ley de estabilidad presupuestaria (llamada también ley Montoro), introdujo la obligación de que el consejo de ministros deba enviar al Congreso y al Senado sus objetivos de estabilidad para que sean finalmente aprobados.
Hasta aquí, el procedimiento es el de cualquier tramitación de una ley, pero el artículo 15.6 de la norma de Montoro precisó que si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos de estabilidad, "el gobierno, en un plazo máximo de un mes, deberá remitir un nuevo acuerdo [objetivos de estabilidad] que se someterá al mismo procedimiento”. Es decir, que el PP, con mayoría absoluta en el Senado, podría rechazar los marcos presupuestarios que se envíen y ello obligaría al ejecutivo de turno a rehacerlos en un plazo máximo de 30 días.
Como norma general, cuando el Senado modifica una ley con la introducción de enmiendas, esta simplemente vuelve al Congreso de los Diputados, que puede votar a favor o en contra de los cambios. Después, se pone punto y final al trámite. La particularidad de este superpoder es que el Senado obliga al gobierno a modificar lo que ha planteado. Carambolas de la vida, el último precedente de un escenario así lo encontramos en diciembre del 2018, cuando los senadores populares (entonces también tenían mayoría absoluta) tumbaron el techo de gasto y los objetivos de estabilidad del primer gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de los intentos de la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de evitarlo.
Un precedente que acabó en elecciones en el Estado
En ese caso, Montero tuvo que resignarse a otras cifras a la hora de elaborar las cuentas públicas del Estado para 2019. En concreto, se rechazó incrementar el objetivo de déficit del 1,3% del PIB a un 1,8%, como quería Montero. Sin embargo, aquel no del PP en el Senado solo sería la antesala de otro no más importante: el del Congreso de los Diputados a los presupuestos de 2019. Aquella derrota parlamentaria, que también acabó con una ruptura con las fuerzas catalanas, acabó obligando a Pedro Sánchez a convocar elecciones generales para abril. El socialista había llegado al poder solo ocho meses antes y con 84 diputados tras la moción de censura a Mariano Rajoy.
Volver a encontrarse ante esta disyuntiva, sin embargo, no se prevé inminente. La semana pasada, el bloque plurinacional daba la presidencia del Congreso de los Diputados a la socialista Francina Armengol. Justo este lunes el rey Felipe VI pone en marcha la ronda de contactos y el calendario de una posible investidura de Feijóo o Sánchez es aún incierto. Mientras, el ejecutivo de Pedro Sánchez está en funciones, por lo que ni siquiera puede elaborar presupuestos, pero sí establecer unos objetivos de estabilidad, sobre todo porque a partir de enero se reactivan las reglas fiscales en Europa. Si Sánchez vuelve a ser investido –a Feijóo no le salen los números, aunque no tira la toalla– y un nuevo gobierno comienza a andar, quien controle la carpeta de Hacienda no solo tendrá que mirar los números, sino también al Senado.
