Reguant, en el Supremo: "La presencia de Vox era una declaración de intenciones del tribunal de que no habría un juicio justo"
La diputada de la CUP se juega la inhabilitación por no responder a la extrema derecha durante el juicio del Procés
Madrid"Asumir la presencia de aquellos que niegan derechos fundamentales en un juicio era abrir la puerta a que no hubiera justicia. Aquellos que no quieren garantizar los derechos fundamentales, en el fondo, es imposible que impartan justicia". Así es como Eulàlia Reguant, en catalán, ha defendido durante su breve interrogatorio en el Tribunal Supremo no haber respondido a Vox durante el juicio del Procés. Esta decisión de no contestar "al fascismo y al machismo", según ha reiterado este miércoles, recordando lo que ya defendió en febrero de 2019 ante Manuel Marchena, la ha llevado a tener que afrontar una acusación de cuatro meses de prisión e inhabilitación por un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad. Si acaba en condena, la cámara catalana tendrá que afrontar un nuevo caso de posible retirada del escaño, tal como ya pasó con Pau Juvillà.
El juicio ha quedado visto para sentencia al cabo de una hora y media de sesión, que Reguant ha aprovechado para dotarla de contenido político. Ha hecho uso del último turno de palabra para denunciar que la presencia de Vox en el juicio del Procés no era solo una "anomalía judicial", sino que era una "herramienta más del Estado para construir un juicio político, era un elemento más del engranaje represivo del Estado que ha comportado más de 4.000 represaliadas por defender el derecho de autodeterminación en los Països Catalans". Así, "el ejercicio individual de no responder" era, en realidad, una manera de expresar "colectivamente" que la acusación de la extrema derecha era una "declaración de intenciones del tribunal: era imposible obtener justicia con aquel tribunal en aquel procedimiento", ha subrayado Reguant. El presidente del tribunal que la juzga, Miguel Colmenero, le ha pedido que no hiciera un "alegado político" y se ciñiera a su procedimiento, y después de una última intervención de la acusada, ha dado por concluida la vista oral.
En el interrogatorio, solo ha respondido a las preguntas de su abogado, que se ha limitado a repasar los hechos. Cuando compareció como testigo en el juicio del Procés, comunicó que no respondería a las preguntas de Vox porque no quería legitimar un partido "fascista, xenófobo y machista". Ha recordado que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le comunicó que ya sabía a qué se exponía y que abandonara la sala. No le hizo saber que si no respondía a todas las partes se vería obligada a tener que pagar una multa, según ha dicho, y ha especificado que no había visto qué había pasado con su ex compañero de filas Antonio Baños, que declaró antes que ella y que este jueves también será juzgado en un tribunal madrileño. "Estava aislada", ha rememorado Reguant, defendiendo así que no vio cómo en el caso de Baños, Marchena sí lo advirtió con más insistencia de las consecuencias de no responder a Vox.
Así, la controversia del juicio no es sobre los hechos, sino más bien de su interpretación. La defensa de Reguant sostiene que una condena atentaría contra su libertad ideológica y de expresión, y también alega cuestiones procedimentales. Su abogado, Daniel Amelang, ha expresado que la multa de 2.500 euros que tuvo que pagar la diputada de la CUP se impone cuando los hechos no son delito. Como abonó el dinero, no se tendría que haber abierto un proceso penal, ha exigido. Además, ha denunciado supuestas dilaciones indebidas durante el procedimiento.
Otro de los argumentos centrales es la "desproporción" que implica la acusación de la Fiscalía en relación a los efectos que tendría sobre el derecho de representación política. En caso de condena de la actual diputada en el Parlament, la nueva presidenta en funciones, Alba Vergés, tendrá encima la mesa la decisión de retirarle el escaño. La defensa de Reguant teme que se siga el criterio adoptado con el diputado de Podemos en el Congreso Alberto Rodríguez, condenado a inhabilitación para el sufragio pasivo, pero no para ocupar cargos públicos. El Supremo lo interpretó, sin embargo, como una inelegibilidad sobrevenida que permitía retirarle el escaño. Así, Amelang se ha quejado durante la exposición del informe final de que, subsidiariamente a la absolución, podría tenerse en cuenta la opción de una pena de multa y no de prisión e inhabilitación.
Repetición del juicio
La Fiscalía pide cuatro meses de prisión e inhabilitación, si bien la primera pena no la tendría que cumplir porque sería inferior a dos años. Inicialmente, el ministerio público pedía seis meses, pero modificó las conclusiones provisionales. A principios de marzo ya se celebró el juicio contra Reguant, pero se anuló después de la exposición de las cuestiones previas por una irregularidad en el procedimiento: el tribunal madrileño que había hecho la instrucción no se había inhibido en favor del Supremo como correspondía, teniendo en cuenta que la implicada era diputada en el Parlament.
El juicio parte de una acusación que había hecho la Fiscalía Provincial de Madrid y, pocos días antes del juicio, la del Supremo hizo un nuevo escrito con el objetivo de enmendar el error. Pero el tribunal, sin oposición de fiscal, ordenó repetir el acto más adelante. Las actuaciones volvieron atrás, hasta la presentación del escrito de acusación: así, el tribunal madrileño traspasó el caso al Supremo y la Fiscalía del alto tribunal mantiene las conclusiones de última hora del mes de marzo de pedir cuatro meses de prisión e inhabilitación para Reguant. En cambio, para Baños sigue en pie la petición de seis meses de prisión, aunque se prevé que durante el juicio del jueves el ministerio público lo adapte al criterio de la Fiscalía del Supremo.
