"La miseria moral es total": fin de la tregua política después del accidente de Adamuz

MadridEl PP empieza a pasar página de la calma política que reinaba desde el accidente de tren de Adamuz y deja atrás la ausencia de reproches que había hasta ahora. Los populares decidieron anoche convocar una rueda de prensa en la sede del partido para hacer balance de la situación y comienzan a elevar el tono contra el gobierno español. "La prudencia y la altura de miras son compatibles con la preocupación y la necesidad de respuestas de un gobierno desbordado", ha justificado Juan Bravo. El vicesecretario de infraestructuras del partido aprovechó para cargar contra la "falta de transparencia", las "decisiones improvisadas" y la "falta de previsión" de la Moncloa y para denunciar que el gobierno español "ha agravado la sensación de desprotección, inseguridad y desconfianza" de la ciudadanía. Más tarde, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado a Pedro Sánchez de estar "desaparecido" desde el lunes: "No es politizar, es un dato". Lejos del creciente rifirrafe político, continúa la buena sintonía entre los gobiernos andaluz y español: esta tarde, los dos presidentes, Juanma Moreno y Pedro Sánchez, han acordado que el homenaje de estado a las víctimas sea el sábado 31 de enero en Huelva.

Mientras en Córdoba hay complicidad, en Madrid los populares creen que Moncloa se ha centrado en elaborar un "relato exculpatorio" en lugar de informar a la gente y reclaman explicaciones directamente al ministro de Transportes, Óscar Puente. Desde la sala de máquinas de Génova, reconocen que inicialmente habían planteado tener un "perfil más reducido" durante los tres días de luto oficial que estaban dispuestos a mantener, pero la "concatenación" de hechos -la limitación de la velocidad de un tramo del Barcelona-Madrid, el accidente del Cercanías en Gelida y la huelga general que han convocado a los maquinistas– les ha obligado a "actualizar" la agenda comunicativa. Cinco horas más tarde, en una larga rueda de prensa sin límite de preguntas, Puente ha replicado las quejas del PP: "Valoren ustedes si no estamos informando. Voy a entrar lo menos posible, resolveré eso y enderezaré la cuestión lo antes posible". El ministro se comprometió a "seguir haciendo comparecencias públicas" y anunció que tanto él como los presidentes de Renfe y Adif comparecerán en el Congreso de los Diputados.

A primera hora de la mañana habían aparecido las primeras voces incendiarias contra el gobierno español. "El hundimiento es total, la miseria moral también", denunciaba la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, reaccionando a unas palabras del ministro Puente en las que decía que la huelga tiene que ver con las "circunstancias anímicas" de los maquinistas. "El estado anímico de jugarse la vida todos los días en su trabajo por la situación deficiente de las vías", añadía Juan Bravo. Y la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre pedía abiertamente la dimisión de Puente, un paso que el PP aún no ha dado: "Está tardando en dimitir; lamentará no haberlo hecho el primer día", ha dicho en un tuit.

El portavoz de Ayuso culpa al gobierno español

Quien tampoco se ha mordido la lengua ha sido el portavoz del gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García: "El caos en la gestión en el sistema ferroviario ha costado la vida a 42 personas", ha lamentado. "Nosotros hemos dicho lo que hemos dicho", replicaban poco después fuentes de Génova para evitar hacer una valoración. Eso sí, con los micrófonos apagados, dejan entrever hacia dónde puede dirigir el PP su crítica en los próximos días: "Si no han fallado ni el maquinista ni el tren, ha fallado la vía. Y si ha fallado la vía, ha fallado el gobierno español". Las palabras de la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso son equiparables a las que ha pronunciado Santiago Abascal a primera hora. El líder de Vox –que fue el único partido que no suspendió su agenda y que mantuvo la habitual rueda de prensa de los lunes– ha culpado directamente al gobierno español del accidente: "La corrupción mata".

A última hora de ayer, Cayetana Álvarez de Toledo –una sospechosa habitual– empezó a elevar el tono y afirmó en las redes sociales que el gobierno español convirtió el ministerio de Transportes en una "masía de comisiones, trapicheos y corrupción" y en un "instrumento de insulto", señala. "Enchufaron a Koldo a Renfe y prostitutas a Adif", añadió.

Un tema que ha generado preocupación a ambos lados del arco parlamentario es la limitación de la velocidad en una parte del trayecto entre Barcelona y Madrid. "¿En manos de quién estamos?", se preguntó Ester Muñoz. Y el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, también reclamó al gobierno español que explique "urgente y detalladamente" la decisión por no generar una "enorme desconfianza" entre los usuarios.