Uno de los socios del hijo mayor de los Pujol reconoce haberle pagado 112 millones de pesetas sin contratos

San Fernando de HenaresEl juicio de la familia Pujol Ferrusola se ha reanudado en la Audiencia Nacional lejos de los focos mediáticos. Sin fotógrafos y con sólo siete periodistas siguiéndolo desde San Fernando de Henares, comparecieron telemáticamente cinco testigos con una conexión que no siempre lo puso fácil para entenderlos. En persona, sólo había dos de los acusados: Jordi Pujol Ferrusola y el empresario Francesc Robert Ribes. Los testigos estrella fueron dos: Joan Anton Sánchez Carreté, el asesor fiscal de la familia, que relató qué ocurrió entre bambalinas después de que el 7 de julio El Mundo publicara una captura de pantalla con la información bancaria de los Pujol en Andorra; y el hermano del exconseller Felip Puig, Jordi Puig, quien admitió que no existió ningún "contrato formal" que acreditara lo que su empresa facturó en una sociedad del matrimonio del primogénito y Mercè Gironès.

Jordi Puig, amigo personal de primogénito y compartía con él el despacho de la calle Ganduxer, ha reconocido que no hay documentos que demuestren los servicios por los que su empresa –IBADESA– pagó 112 millones de pesetas –673.000 euros actuales– a IMISA, una de las sociedades que compartían el matrimonio Pujo. "¿Pero cuál fue la prestación real de los servicios?", ha tenido que insistir el fiscal Fernando Bermejo, que se ha sorprendido viendo que se trataba de una "cantidad notoria" y se ha quejado de que la documentación justificativa que se requirió durante la instrucción nunca llegó. "No recuerdo los conceptos", replicó él. Sin embargo, Jordi Puig ha enmarcado su actividad en trabajos de intermediación entre empresas españolas y países en vías de desarrollo para favorecer la "compraventa de materiales o de recursos" entre 1996 y 1998.

El relato del asesor fiscal de los Pujol

El otro testigo que acaparó los focos fue Joan Anton Sánchez Carreté. El asesor fiscal de la familia Pujol ha explicado que el mismo 7 de julio, el día de la portada del diario El Mundo sobre la familia, lo convocaron los abogados de la familia, que eran Xavier Melero y Albert Carrillo, para ver cómo debían regularizarse los fondos que tenían en el extranjero y que no habían declarado a Hacienda: "Me pidieron mi opinión y que coordinara a los asesores si había que hacer [declaraciones] complementarias", ha expuesto. Y le facilitaron una serie de documentación para ello. En la cita no estaba ni el expresidente de la Generalitat ni el primogénito, pero sí acudieron Marta Ferrusola –la mujer de Pujol– y algunos de sus hijos. Dieciocho días más tarde, Jordi Pujol confesó públicamente en un comunicado que tenía dinero en Andorra.

A preguntas del fiscal, Sánchez Carreté ha reconocido que las autoliquidaciones complementarias –que se formalizaron el 14 de julio– se hicieron con "documentación parcial" y "a toda prisa". Pero, interrogado por Pau Ferrer –el abogado de cuatro de los hijos del expresidente catalán–, ha puntualizado que meses más tarde corroboró que "sí eran correctos". Y es que las prisas de 2014 hicieron que posteriormente los abogados de la familia le remitieran la información para que él pudiera comprobar si estaba todo en orden, especialmente después de que en agosto de 2014 la Agencia Tributaria abriera una inspección sobre los hijos. Él comprobó que la documentación coincidía con las complementarias y le pidieron si podía hacer la "trazabilidad" del movimiento de los fondos para saber de dónde provenían, pero no lo consiguió: "Me vi incapaz de hacerlo y les aconsejé que acudieran a un auditor".

Todos estos datos, que se encontraban en una memoria USB, son los que requisó la UDEF –la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal– cuando cacheó su despacho en octubre del 2015. Y en este punto han aflorado dudas y sospechas. La información bancaria de todos los hermanos Pujol estaba en un único USB, pero el juez José de la Mata había advertido que había que apartar la documentación que no fuera del primogénito y de Mercè Gironès –su exmujer–, que eran los únicos que estaban investigados. Sin embargo, la policía judicial se lo llevó todo. Sánchez Carreté lo entregó con la "creencia" de que "se cumpliría lo que decía el auto". Sin embargo, es un motivo por el que las defensas del primogénito y de Josep Pujol pidieron la nulidad del registro.

Los negocios del primogénito

¿Quién más ha declarado este lunes? El abogado Vicente Agramunt ha reconocido que no le constaba que la sociedad que constituyó en Costa Rica y que forma parte de la causa por su relación con el primogénito tuviera "actividad real". Un testigo que no favorece al hijo mayor de los Pujol, ya que según la UDEF esta empresa en el extranjero servía para "ocultar o convertir" las ganancias de las "presuntas actividades delictivas".

Por otra parte, el empresario Salvador Heras ha apuntado que acordó un "fijo mensual" de 200.000 pesetas con Jordi Pujol Ferrusola por una relación profesional conjunta en la que ambos colaboraban en diferentes proyectos relacionados con el Port de Barcelona. E Ignasi Armengol se ha limitado a contestar que nada recordaba del convenio que firmó TMB –él era el director de la red de buses– con World Wide Ecofuel, una sociedad que pagó 17.000 euros a una empresa del primogénito.

Sin Carlos Vilarrubí

La de este lunes ha sido la primera sesión sin el empresario y ex vicepresidente del Barça Carles Vilarrubí, quienmurióel pasado 28 de diciembre a los 71 años. Estaba acusado de blanqueo de capitales y falsificación de documento mercantil, y se exponía a penas de prisión de entre dos y cinco años. Pese a que el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, ha admitido que la Audiencia Nacional todavía no ha recibido el certificado de defunción -será entonces cuando pueda emitir la resolución de extinción de la responsabilidad criminal-, su muerte es un "hecho notorio y de conocimiento público" y, por tanto, él ha quedado fuera del juicio. De hecho, su abogado, Emilio J. Zegrí, ya no ha asistido.