Sánchez cierra la puerta a un plan B al estado de alarma y evidencia el choque con la oposición y las comunidades

MadridQuedan poco más de tres semanas para que se acabe el estado de alarma actual y cada vez más comunidades autónomas y partidos de la oposición –del bloque de investidura incluidos– piden al gobierno español que articule una respuesta jurídica a esta medida excepcional y, si no, que la prorrogue. Esta última es la posición del presidente vasco, Iñigo Urkullu, que el lunes alertó de que las comunidades vivirán una "situación muy delicada" por los problemas jurídicos para mantener las restricciones, como pasó el verano pasado con la entrada en vigor de la llamada nueva normalidad. A este ruego se ha añadido el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que lo ve como la solución "menos mala" ante la falta de alternativas. Tanto Andalucía como Murcia, también gobernadas por el PP, consideran que la opción más "prudente" sería una prórroga.

Pero, a pesar de los ruegos, el presidente español, Pedro Sánchez, ha cerrado este martes la puerta a una prórroga y ha reiterado, igual que hace justo una semana, cuando también compareció en rueda de prensa solo después del consejo de ministros –está haciéndose más visible en plena precampaña por las elecciones madrileñas del 4 de mayo–, que actualmente ya hay suficientes herramientas jurídicas para abordar con garantías la pandemia porque "el escenario es completamente diferente" con la campaña de vacunación en marcha. "El gobierno trabaja con la intención de que en mayo pongamos fin al estado de alarma", ha insistido.

La nueva herramienta jurídica a la que hace referencia el gobierno español es la que avaló el Tribunal Supremo cuando no aceptó como medida cautelar la suspensión del confinamiento perimetral de la Comunidad de Madrid, que había sido acordado por la mayoría del Consejo Interterritorial de Salud. A pesar de que todavía no hay una decisión en firme sobre el tema, la Moncloa sostiene –en palabras de Sánchez– que "los tribunales ya se han pronunciado" y han dicho que las decisiones de este órgano que reúne la ministra de Sanidad, Carolina Darias, con todos los consejeros del ramo "son de obligado cumplimiento". "Por lo tanto, el marco jurídico en el que se desarrollarán todas las comunidades será el Consejo Interterritorial de Salud , con el filtro y control de los tribunales superiores de justicia", ha añadido.

Pero tanto la oposición como las comunidades autónomas ven con recelo el plan, a la vez que critican que hace un año la vicepresidenta primera del gobierno español, Carmen Calvo, asegurara que ya estaban estudiando un plan B al estado de alarma a través de una modificación de la ley de salud pública del 1983 o la ley orgánica de medidas especiales en materia de salud pública, que es la que se aplica para decretar confinamientos perimetrales de zonas de diferentes comunidades autónomas, pero que necesitan un aval judicial.

Quien critica con más vehemencia que no haya un "plan B jurídico" al estado de alarma es el PP, que vio en noviembre cómo naufragaba en el Congreso el plan estrella del líder del partido, Pablo Casado, para intentar dar una cobertura legal alternativa a la limitación de derechos fundamentales. De hecho, su proposición de ley no superó ni el debate de toma en consideración, con el voto en contra tanto del PSOE y Unidas Podemos como de la mayoría del bloque de investidura y también de Ciudadanos. Pero Casado no aclara si quiere o no una prórroga del estado de alarma, como sí hacen algunos de sus barones. Tiene delante las elecciones del 4 de mayo e Isabel Díaz Ayuso es una firme defensora de minimizar las restricciones. Sánchez ha aprovechado esto para reprocharle al portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, durante la sesión de control en el Congreso: "¿Están a favor del estado de alarma a partir del 9 de mayo o no? ¡Si el gobierno lo propone ustedes gritan y si no también!".

La Generalitat lamenta la falta de mecanismos

A las críticas también se han unido este martes partidos como el PNB, EH Bildu, el PDECat, Más Madrid y Compromís, que han reclamado a Sánchez una alternativa que evite el lío jurídico. Desde Catalunya, la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, ha pedido a Sánchez que "no se utilice políticamente" la pandemia como tema electoral y que se prorrogue o no el estado de alarma según los datos del coronavirus. También ha lamentado que en un año no se hayan articulado los mecanismos legales para controlar la pandemia sin tener que aplicar el estado de alarma.

"Era un compromiso de Pedro Sánchez", ha remarcado Budó, porque según ella así se podrían gestionar las restricciones del covid-19 de manera "descentralizada". Para la portavoz, el anuncio de la finalización del estado de alarma el 9 de mayo fue "prematuro", porque defiende que ahora mismo no se puede saber en qué situación se encontrará la pandemia el mes que viene.

La Moncloa lo fía todo a la vacunación, pero el anuncio de Janssen de paralizar la llegada de las primeras dosis después de la advertencia de los Estados Unidos, que han detectado casos de trombosis como con AstraZeneca, complica el plan. El presidente del PNB, Andoni Ortúzar, ha propuesto buscar una solución política a través de una "legislación puente" que sirva de escudo ante las acciones que se puedan tomar el próximo trimestre. Es un mecanismo similar al que ha defendido la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, que ha apuntado hacia la promulgación de un decreto que no sea de prórroga pero que se pueda consensuar con las comunidades en un mes. Desde el PDECat, su portavoz en Madrid, Ferran Bel, también ha pedido a Sánchez que aclare qué hará.

Este miércoles el presidente español comparecerá en el Congreso en un debate que está previsto que monopolice el estado de alarma, pero que también sea un cara a cara con el PP lleno de reproches por las elecciones madrileñas. Sánchez dice que comparece a petición propia para exponer el plan de fondos europeos que ya ha avanzado este martes, pero la realidad es que el decreto de alarma lo obliga a rendir cuentas cada dos meses y no había comparecido desde febrero.