¿Qué se podrá hacer después del estado de alarma? Sin toque de queda pero sí confinamiento comarcal

MadridPedro Sánchez ha decidido avanzar la desescalada con la perspectiva de la celebración de elecciones anticipadas el 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. En vez de defender las medidas tomadas hasta ahora, ante un gobierno como el de Isabel Díaz Ayuso que hace campaña de la laxitud sobre todo en la hostelería, el PSOE se ha aferrado a la previsión de aceleración de la vacunación gracias a la incorporación de las dosis de Janssen a partir del 15 de abril para descartar, de momento, la prórroga del estado de alarma más allá del 9 de mayo.

Esto ha vuelto a reavivar el debate sobre las alternativas a esta medida constitucional. Mientras que el PP reclama un "plan B jurídico", el gobierno español asegura que no hay que cambiar la legislación porque actualmente ya hay suficientes instrumentos jurídicos. Es una situación similar a la de hace un año, cuando el calendario de la desescalada de la primera oleada también forzó la máquina sobre qué competencias tenían las comunidades para aplicar restricciones. Y, otra vez, el gobierno español no tiene ninguna nueva regulación en el bolsillo para dar amparo en los gobiernos autonómicos, cosa que podría provocar un nuevo galimatías jurídico.

Si bien a finales de octubre pasado, cuando se aprobó deprisa y corriendo un estado de alarma de hasta seis meses de duración, el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguraba que no había alternativa a esta medida constitucional para dar amparo legal a los confinamientos perimetrales y al toque de queda nocturno, ahora el ejecutivo de Pedro Sánchez se aferra a una rendija legal para que el consejo interterritorial de Salud pueda imponer las decisiones a las diferentes comunidades, como pasó con el confinamiento perimetral de Madrid durante la Semana Santa a pesar de las reticencias de Ayuso.

Pero, a efectos prácticos, ¿qué cambiará a partir del 9 de mayo? Los expertos tienen clara una cosa y en esto coincide el gobierno español: decaerá el toque de queda nocturno, que en algunas comunidades empieza a las 22 h y en otras a las 23 h o a la medianoche. Ahora bien, otra cosa es qué pasa con los confinamientos perimetrales. En este caso los gobiernos autonómicos pueden ampararse de nuevo, respecto a confinamientos comarcales o municipales, en la ley orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública, pero hace falta una ratificación judicial. Hay más dudas en cuanto al confinamiento entre comunidades autónomas, a pesar de que el gobierno español considera que basta con esta ley –a pesar de defender todo lo contrario hace medio año.

El PP critica el plan de Sánchez

De momento las comunidades han visto con recelos y escepticismo el plan de Sánchez, mientras que el líder del PP, Pablo Casado, reclama una ley de pandemias que desde la Moncloa temen que lleve a la represión de derechos fundamentales. Además, reprochan a los populares que ahora rechacen el fin del estado de alarma cuando ni votaron a favor. La vicepresidenta primera del gobierno español, Carmen Calvo, ha advertido este miércoles de que no harán ningún cambio legislativo para afrontar la fase que se abrirá el 10 de mayo, porque, a su parecer, no es necesario. Desde Mérida, durante una visita oficial en Extremadura, ha señalado que la legislación sanitaria ya "permite muchas respuestas" y que la justicia ha avalado que las decisiones del consejo interterritorial de Salud, que reúne a la ministra de Sanidad con los consejeros del ramo, son "de obligado cumplimiento".

En la misma dirección se ha expresado la portavoz del ejecutivo español, María Jesús Montero, en una entrevista a RNE, en la que ha defendido que la estrategia del verano pasado funcionó "muy bien" y que hay que tener en cuenta que ahora lo que se acabarán serán "las medidas generales", "pero lo que no acabará nunca es la competencia que tienen las comunidades para delimitar cuáles son las medidas de seguridad en su territorio que se pueden poner en marcha". "Esto es una cosa importante", ha puntualizado.

¿Cuáles son las competencias autonómicas concretas? La limitación de la apertura de los comercios, así como también las restricciones en la hostelería. Otra cosa es la limitación del derecho de reuniones sociales tanto en estos espacios como en la vía pública. En este caso habrá que invocar de nuevo la ley de medidas especiales y esperar el aval judicial. La diferencia que genera que no exista el amparo del estado de alarma es que cualquier decisión es recurrible y puede chocar con posicionamientos judiciales diferentes.

En cuanto a la obligatoriedad de las comunidades de asumir las decisiones que tome el consejo interterritorial de Salud, la Moncloa remite a la decisión del Tribunal Supremo de no aceptar las medidas cautelares del recurso de Vox para impedir el confinamiento perimetral de la Comunidad de Madrid durante la Semana Santa. A pesar de que el alto tribunal todavía no ha dictado sentencia, Calvo confía en que señale que las decisiones del órgano de coordinación en materia sanitaria son soberanas y obligatorias.